Las nuevas tecnologías transformaron la política habilitando nuevas prácticas cotidianas y el poder sobre la información comenzó a definirse en los espacios mediados por la técnica. Estas transformaciones a nivel mundial avanzan a pasos agigantados determinando de a poco el modo de representación. Sebastián Lorenzo, desde su militancia, comenzó a generar nuevas propuestas basadas en la relación entre tecnología, administración pública y participación ciudadana. Fundó el PJ digital, primera agrupación en América latina en nacer y desarrollarse completamente en Internet, el Foro Internacional de las Sociedades Digitales y el Observatorio Iberoamericano de Gobierno Abierto, lugares de encuentro y discusión para definir nuevas estrategias de gobierno. Particularmente en Argentina, plantea la necesidad de realizar profundas transformaciones políticas, culturales y de infraestructura, como reducir la “brecha digital”, para que una mayor cantidad de población pueda acceder a las nuevas tecnologías. En concordancia con políticas públicas como Conectar Igualdad y Argentina Conectada y con el apoyo de distintos funcionarios, Lorenzo pudo impulsar, como director de la Escuela Nacional de Gobierno, nuevos modos de participación ciudadana y de estrategias para el desarrollo de las nuevas tecnologías como herramientas fundamentales de gobierno. Según Lorenzo, el Estado debe proporcionar las herramientas necesarias de participación en la que los ciudadanos puedan colaborar estrechamente en las decisiones de gobierno, en vistas a una comunicación más fluida, evitando la mediación de los privados. Su trabajo de difusión y de transmisión de estos temas es central para informar a la ciudadanía sobre las nuevas posibilidades para la política. Además, sus trabajos están orientados a pensar y fortalecer nuevas formas de gestión ligadas a la tecnología. Con una velocidad inédita Internet se ha convertido en el foro principal donde se desarrollan los enfrentamientos entre los grupos económicos más poderosos. En el marco de ese fenómeno, el Estado no queda por fuera de una disputa que definirá nuevos mecanismos de participación, discusión y comunicación política.