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–¿Como evalúa el proceso de la Asamblea Constituyente desde sus inicios hasta hoy?

–La Asamblea Constituyente (AC) es un acontecimiento histórico. Tiende a reparar la “falla geológica” con que nació la república, en 1825, de la que fueron excluidos los indígenas, que constituían el 90 por ciento de la población. En ese contexto, el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el presidente Evo Morales, emerge como el instrumento de una transformación estructural que permita suscribir un nuevo pacto social capaz de viabilizar la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Por eso la importancia de la figura del Evo. Los esfuerzos por avanzar en la descolonización no deben ser vistos como una suerte de revanchismo indígena en contra de la población criolla y mestiza, sino en la perspectiva de construir una comunidad en la que los méritos y la inteligencia primen sobre los prejuicios culturales y étnicos que han caracterizado a nuestra sociedad. Felizmente, los prejuicios contra los indígenas han ido disminuyendo a lo largo de la vida republicana, aunque desde mi punto de vista, el equipo de gobierno, al impulsar la AC, ha cometido serios errores.

–¿Cuáles?

–Primero pretender el reconocimiento constitucional de 36 “naciones” con autonomías territoriales, lo que llevó a confundir diversidades indígenas o étnicas con diversidad plurinacional. El MAS, al plantear la vigencia simultánea de autonomías departamentales, municipales, indígenas, provinciales y regionales desató una confusión espantosa, en la que cada “ideólogo” del indigenismo tiene respuestas antagónicos. Por esa línea se ha llegado al absurdo, al dogmatismo stalinista de considerar “naciones” a los araonas, que tienen 112 habitantes; a los tapiete, que son 63, o a los pacahuara, que apenas llegan a 25. Esto no quiere decir que araonas, tapietes o pacahuaras merecen menos respeto por tener escasa población, sino que los pueblos de la república solucionarán mejor sus demandas de mejor nivel de vida amparados por un Estado que represente al conjunto de sociedad. Una nación no se construye a partir de cuotas étnicas ni de ghettos inconexos, en los que cada “nación” indígena, por minúscula que sea, tendría territorio propio, instituciones propias, gobiernos propios, culturas propias, idiomas propios, formas de vida propias e identidades propias, con derecho a la secesión.

–¿Qué acciones se están realizando en ese sentido?

–En estos momentos se realizan reuniones de concertación política a fin de redactar un texto constitucional menos irracional. Previamente se necesita derrotar a las corrientes fundamentalistas del indigenismo, detrás de las cuales se encuentran ONG norteamericanas y europeas que simulan olvidar que el Viejo Continente no ha adoptado el camino del plurinacionalismo sino del supranacionalismo. Las ONG, con excepciones, forman parte de la estrategia de los centros de poder mundial por apropiarse de los recursos naturales de nuestros países, mediante la parcelación de nuestros estados nacionales.

–¿Cuáles son los otros errores de la Asamblea?

–El segundo error concierne al análisis histórico. Según la propuesta “plurinacional”, los indígenas habrían vivido, desde hace 500 años, en una suerte de invernadero, que los mantuvo incontaminados. Por eso creen que Evo Morales es la continuación de Atahualpa, pero se olvida que la construcción de la “bolivianidad” se desarrolla a lo largo de la vida republicana. Sólo en el siglo XX, Bolivia participó en la fratricida Guerra del Chaco (contra Paraguay, entre 1933 y 1936), en la que soldados de todas las regiones del país, la gran mayoría indígenas y mestizos, mezclaron su sangre en los campos de batalla. Además, no se toma en cuenta la Revolución de 1952 que, al decretar el voto universal para hombres y mujeres y afectar a los latifundios de la zona occidental, creó las condiciones para que Bolivia avanzara por el camino de la interculturalidad y el rescate de las culturas andinas. Fruto de esa revolución, Santa Cruz de la Sierra, que hace 60 años tenía sólo 50.000 habitantes, ahora cuenta con un millón y medio de seres humanos nacidos de la mezcla indomestiza. En 1988, Carlos Palenque fundó Conciencia de Patria (Condepa), el movimiento indomestizo más importante de la historia de Bolivia. Su desaparición, por errores internos y el acoso oligárquico, abrió el paso a acciones políticas radicalizadas, como bloqueos de caminos y cercos a la ciudad de La Paz, liderados por Felipe Quispe Huanta, entre el 2001 y el 2003.

–¿Qué papel le cabe a Evo Morales en ese proceso?

–Evo Morales es el compendio de estas luchas populares y no un aerolito que cayó de las nubes. Quienes defienden la tesis del invernadero incontaminado no pueden explicar la enorme cantidad de votos mestizos que favoreció al actual presidente, también indomestizo. El tercer error es político. Se recuerda con insistencia que el MAS ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 2005 con el 54 por ciento de los votos, pero se olvida que el MAS no pudo ganar el control de la Cámara de Senadores, que quedó en manos de corrientes conservadoras que frenan los planes del gobierno. Esto no se puede ignorar si se acepta mantener el proceso democrático. Para cambiar esta situación, se convocó a elecciones para la AC en junio de 2006, en la que el MAS disminuyó su votación del 54 al 51 por ciento. Además, admitió con total miopía que las decisiones fundamentales de la Asamblea sean adoptadas por dos tercios, con lo que la oligarquía dispuso de otro candado adicional para detener los cambios. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aprendió la lección y las decisiones en la AC del hermano país serán por mayoría absoluta. Tampoco puede ignorarse que el radicalismo indigenista del MAS hizo que perdiera el apoyo en las capas medias, lo que complica aún más su gestión de gobierno. Tiene a su favor, sin embargo, la atomización de las corrientes conservadoras, que carecen de liderazgo. Finalmente, la necesidad de concentrar esfuerzos en la AC hizo que el MAS descuidara su gestión de gobierno, de la que existen pocas medidas rescatables. La más importante de ellas es, sin duda, la nacionalización de los hidrocarburos.

–¿Cree que la intención de trasladar la capital a Sucre es una discusión válida o es una excusa para trabar el proceso de debate actual?

–No se trata de trasladar la capital a Sucre, ya que Sucre es la capital. Lo que se discute es el traslado a Sucre del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que han funcionado en La Paz durante todo el siglo XX. En Sucre se radicó el Poder Judicial. Ahora Sucre exige ser sede de los tres poderes del Estado y tener “la capitalidad plena”. El problema quedó irresuelto durante décadas, pero se lo ha actualizado con fuerza debido a que los opositores al MAS utilizan la aspiración de Sucre para lograr el fracaso de la AC. Esto también ocasionará perjuicios a departamentos como Santa Cruz y Tarija, cuyos comités cívicos anhelan que la nueva Constitución reconozca las autonomías departamentales.

–¿Cuál es la reacción frente a este escenario?

–Existen valiosos esfuerzos por solucionar la controversia. Se ha propuesto, por ejemplo, que el Parlamento debata en Sucre las leyes más importantes y que se traslade a esa ciudad instituciones como el Defensor del Pueblo. La Paz mantendría sus actuales prerrogativas debido a su importancia geopolítica, su ubicación geográfica. Si se atienden las razones de La Paz y Sucre la solución a la controversia es posible.

–¿Cuál es el papel que les permiten jugar a los movimientos sociales dentro de la Asamblea?

–Se ha usado de manera muy general el concepto de movimientos sociales, cuyas expresiones más importantes son la Confederación de Campesinos de Bolivia, la Confederación de Colonizadores, la Federación de Mujeres “Bartolinas” (en homenaje a Bartolina Sisa, esposa de Tupaj Katari), la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), la confederación Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo (Conamaq), las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y otras como la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto. Se caracterizan porque sus movilizaciones no son permanentes. Afloran en momentos de crisis, lo que influye para que sus dirigentes cambien con relativa frecuencia. Por eso su influencia en la AC depende de las coyunturas sociales y políticas. Estimo que los movimientos sociales han servido al MAS para frenar la arremetida de los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba en contra del actual gobierno.

–¿Qué escenario político y social imagina si fracasa la Asamblea Constituyente?

–Algunos estiman que el cierre de la AC logrará paralizar al país y retornar a una especie de statu quo existente en años pasados. Pienso lo contrario. Las movilizaciones sociales y enfrentamientos políticos podrían rebrotar con fuerza. Si la actual AC es clausurada, lo que está dentro de las posibilidades inmediatas, la consigna de una nueva convocatoria volverá muy pronto. Creo que lo mejor para el país es que la AC culmine sus tareas y redacte una nueva Constitución, que permita a la ciudadanía desarrollar sus actividades con normas legales aceptadas por la mayoría.

–¿Qué capacidad tiene el gobierno de Evo Morales de avanzar con la Constituyente si el grueso de la oposición se retira definitivamente?

–Puede avanzar y mucho pero dependerá de su capacidad de gestión, lo que le ayudará a reconquistar a las capas medias no comprometidas con la sumisión a poderes foráneos. No debería repetir el error de buscar enfrentamientos con sectores religiosos. Debe aislar a los sectores más radicales de la oligarquía y fortalecer al movimiento nacional que impulse la industrialización del país.

–¿Cuáles son las diferencias entre las propuestas de autonomías departamentales de los dirigentes opositores, como por ejemplo de Santa Cruz, y la de conformar un Estado plurinacional que reconozca autonomía, recursos y poder político a las etnias indígenas?

–Los sectores dominantes de Santa Cruz no son homogéneos. Allí, la oligarquía cometió el error de elegir presidente del Comité Cívico a Branco Marincovic, un terrateniente muy resistido por los indígenas de todo el país. En el otro extremo, el fundamentalismo indigenista tampoco tiene arraigo en el grueso de la población que desea desterrar la exclusión y el racismo sin perder el norte de la unidad nacional.

–¿Qué opina de la iniciativa separatista de los gobiernos de Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba?

–No existen iniciativas separatistas en ningún gobierno departamental, sólo personas aisladas dentro de esos gobiernos que han expresado posiciones separatistas que, al ser identificadas, quedan aisladas por el repudio generalizado del país.

–¿Cómo analiza el estado actual de las organizaciones sociales que apoyan a Evo Morales y de las agrupaciones que apoyan a los partidos de la oposición?

–En ambos sectores se advierte una suerte de cansancio por los interminables enfrentamientos de los últimos meses y el deseo de encontrar puntos de vista comunes que permitan una convivencia sostenida.

–En este contexto, ¿es posible discutir la conformación de un Estado plurinacional?

–Los centros de poder mundial y sus ONG introducen términos, como “lo plurinacional”, que en apariencia son inofensivos, pero que sirven de base para desarrollar sus políticas de atomización de nuestros países con el propósito de controlar los recursos naturales no renovables a través de transnacionales y los recursos naturales renovables mediante ONG. Es obvio que para Estados Unidos y los países europeos es más fácil apropiarse de recursos naturales renovables y no renovables si tienen que negociar con regiones, provincias, departamentos, “naciones” indígenas o “pueblos originarios” y no con sólidos Estados, que además deberían confederarse para defenderse mejor y construir la Patria latinoamericana, como planteaba Simón Bolívar.

–En el marco de esta recuperación, ¿qué queda hoy de la política de nacionalización de los hidrocarburos impulsada durante su gestión?

–La nacionalización ha quedado a medio camino. Las auditorías a las petroleras han demostrado que sobredimensionaron sus cifras de inversión en 848 millones de dólares. Petrobras extrajo de Bolivia, en los últimos ocho años, 900 millones de dólares por amortizaciones y utilidades y solo invirtió 288 millones de dólares. Se benefició con 108 millones de dólares al recibir gas con mayor valor calórico al pactado. Junto con Andina-Repsol, estafó 300 millones de dólares por comercializar gas al Brasil de espaldas a Bolivia. Los delitos de las petroleras debieron permitir a YPFB imponer condiciones de negociación muy favorables frente a las trasnacionales, pero el gobierno congeló los juicios penales que se tramitaban. El país pudo aprovechar la oferta argentina de invertir 1300 millones de dólares en campos petroleros, así como las posibilidades de acuerdo con Venezuela e Irán.

–¿Es posible revertir esta situación?

–El primer requisito para reencauzar la nacionalización de los hidrocarburos reside en convertir a YPFB en una moderna empresa corporativa, en la que el Estado no pierda el control accionario, y que al mismo tiempo esté conformada por un holding de empresas, como Petrobras. Pero a diferencia de la compañía brasileña, no se debería permitir que el Estado pierda el control del paquete accionario.

–¿Cuáles serán las consecuencias de las decisiones que tomó el gobierno en esta materia?

–El mayor riesgo es reproducir la dependencia y sumisión que había frente a las petroleras antes de la nacionalización. La petrolera estatal, al estar mal administrada, no logra librarse de las presiones negativas de las compañías que buscan su desaparición. YPFB, debido al sabotaje de las compañías, se ve imposibilitada de cubrir la demanda interna de diesel. Y anuncia que importará GLP, lo que contribuye a su desprestigio. De ahí la importancia de que retome su condición de empresa símbolo de la soberanía y el desarrollo del país.

–¿Cuál fue la incidencia de Brasil, Argentina y Venezuela en la forma que tomó la nacionalización?

–La nacionalización contó en todo momento con el respaldo venezolano. El presidente Hugo Chávez llegó al acto de posesión de Evo Morales. Inmediatamente después, ambos mandatarios suscribieron acuerdos que permitían a Bolivia contar con el apoyo de Venezuela en la recuperación de los hidrocarburos. En cumplimiento de esos acuerdos viajé a Caracas antes del histórico 1º de mayo de 2006, con la finalidad de coordinar medidas de emergencia, como el abastecimiento de gasolina, GLP, diesel, etc., por si las compañías intentaban sabotear el abastecimiento de combustibles en respuesta al decreto de nacionalización. Felizmente, esta situación no se produjo.

–¿Y los gobiernos de Néstor Kirchner y Lula da Silva?

–La política de hidrocarburos del presidente Kirchner es contradictoria. Por una parte, contiene los abusos de Shell pero por otra adopta una conducta pasiva frente a los abusos que cometen en Bolivia Petrobras y Repsol, que también operan en la Argentina. Lula, en cambio, no tiene nada de contradictorio. Defiende las políticas de Petrobras y Petrobras se comporta frente a Bolivia con la misma prepotencia y abuso que las transnacionales europeas y norteamericanas. A pocos días de las elecciones presidenciales en Argentina, hago votos porque este hermano país cuente con un gobierno que tenga firmeza en la defensa de los recursos naturales, transparencia en el manejo de los fondos públicos y eficacia en la administración de los recursos del Estado.

–¿Cómo evalúa que seguirán las relaciones entre Argentina y Bolivia en materia energética?

–Necesitan coordinar mejor sus intereses comunes y actuar con independencia de las trasnacionales, cuyos horizontes son antagónicos a los que deben desarrollar nuestros pueblos hermanos. Bolivia y Argentina están a punto de definir sus estrategias petroleras. Si lo hacen de manera coordinada, los resultados serán mejores para ambos países. Enarsa puede cooperar de manera efectiva en la reestructuración de YPFB y ayudarle a cumplir sus compromisos de exportación de gas. Si no lo hace, se acrecentará la presencia y los abusos de las transnacionales (incluyo de Petrobras), en perjuicio de los gobiernos de La Paz y Buenos Aires. La cooperación argentina para el desarrollo de campos en Bolivia no puede reducirse a un eventual discurso del presidente Kirchner, como el que pronunció en Tarija el mes pasado, en el que le dijo al presidente Evo Morales que sólo tiene que “levantar el teléfono y hacerle saber si Repsol o Petrobras incumplen sus compromisos con Bolivia para que se produzca la ayuda de Enarsa”. Estos problemas no se resuelven por teléfono ni con frases efectistas. Se enfrentan con una estrategia común que pasa por cumplir con la nacionalización en Bolivia y por no permitir que las compañías privadas controlen en la Argentina reservas tan importantes como las de Cerro Dragón y Loma de La Lata.

–¿Y con Brasil y Venezuela?

–Mientras Lula mantenga su política pro Bush en los agrocombustibles y de plena identificación con las compañías petroleras estadounidenses y europeas, es muy poco lo que Bolivia puede esperar de ese gobernante. La relación boliviano-venezolana debe dirigirse a sectores estratégicos de la industria petrolera, en lugar de perderse en instalar intrascendentes estaciones de servicio.