EL PAíS › OPINION

Adecuar la normativa

 Por Daniel Erbetta *

La condena al genocida Christian von Wernich representa un nuevo y significativo paso en procura de la construcción de un cimiento sólido en función de la memoria, la verdad y la justicia. Entre marchas y contramarchas, la Argentina ha avanzado comparativamente en la región asumiendo el liderazgo en la persecución y castigo de los responsables de los crímenes más graves y aberrantes.Pero, y a la luz de nuestra dolorosa historia, parece inexplicable que uno de los poderes del Estado, la Justicia, haya tenido que incursionar en un aspecto que, a pesar de la ratificación de convenios y tratados internacionales de derechos humanos, no tiene hoy correlato a nivel legal. Von Wernich, como Etchecolatz, ha sido condenado por los delitos de homicidio calificado, secuestro y tortura (todos tipificados en el Código Penal) con expresa invocación del delito de genocidio a partir del orden internacional. Un fallo que llama a las cosas por su nombre y que, al mismo tiempo, pone en evidencia la falta de desarrollo infraconstitucional de las convenciones sobre crímenes internacionales. Ello nos obliga a una adecuación y actualización normativa que en cumplimiento de compromisos internacionales permita dar cuenta en la legislación penal argentina de los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas y otros delitos de lesa humanidad. Pese al proceso de positivización e internacionalización de los derechos humanos, los códigos de la región no han receptado la tipificación de los delitos contra la humanidad. Por el contrario, lamentablemente, la expansión penal se ha incrementado visible e injustificadamente en el campo de los delitos convencionales, especialmente mediante el aumento de las penas o la creación de nuevas agravantes al amparo de una pretendida respuesta al reclamo de seguridad. La decisión del tribunal de La Plata advierte sobre el desarrollo en la agenda político-criminal de la exigencia de una necesaria adecuación normativa que, seguramente, podrá trasladarse a otros terrenos carentes de regulación pero en el que los delitos contra la humanidad ocupan un lugar central y demandan urgente respuesta. Hacerlo, tipificando las lesiones intolerables para la humanidad, supone construir bases sólidas para las futuras generaciones, constituye también un ejercicio de memoria necesario e implica –además– reconocer que para los argentinos la tutela de los derechos humanos es una prioridad y tiene el más alto valor de la escala social.

* Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

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