“A la señora directora del Instituto Penal de Mujeres”, todavía puede leerse en el encabezado. “Por la presente, remito en calidad de detenida incomunicada a la ciudadana Teresa del Valle Figueroa Cejas debiendo permanecer en ese estado a disposición del suscripto, en averiguación de actividades.” La nota está fechada en Santiago del Estero, diciembre 17 de 1975. Firma el comisario inspector Jefe de la Superintendencia de Seguridad, Musa Azar.

La carta apareció hace dos semanas en un archivo de la cárcel de mujeres provincial. En total, son 60 oficios fechados entre el 19 de abril de 1974 y el 31 de mayo 1978 dirigidos a la directora del penal de mujeres y firmadas por quien hasta hace unos años fue el señor de la vida y de la muerte de Santiago. El lapso abarcado por cartas es una llave para probar ya no sólo las detenciones ilegales previas al golpe militar, sino la continuidad de procedimientos entre uno y otro momento. Santiago del Estero tiene una megacausa con 13 desaparecidos antes del golpe. El juzgado volvió a pedir la indagatoria para el ex gobernador Carlos Juárez, que está en libertad.

“Es una prueba documental muy importante”, dijo a Página/12 una fuente judicial de la causa. “El problema de las causas de derechos humanos es que hay pruebas de testigos, pero no documentos. Cuando aparece una prueba de este tipo la consideramos importante porque demuestra lo que se sabía y viene a darle más peso a lo que tenemos.”

Eso que tiene el juzgado federal de Guillermo Molinari es una causa con los nombres de 13 personas desaparecidas y 90 detenciones ilegales antes de la dictadura. Hasta hace quince días, los casos tramitaban en expedientes separados, desorganizados y que se acumulaban sin avances desde hace años. Ahora, una revisión de los datos permitió al ministerio público y la querella reordenar las pruebas de todas las víctimas de la provincia, antes y después del golpe, y definir cuatro megacausas. Una de ellas recoge lo que sucedió antes del 24 de marzo, cuando Juárez era gobernador. Tras revisar las nuevas pruebas, el fiscal federal José Manuel Díaz Vélez pidió la imputación de 16 personas y la indagatoria de nueve (ver aparte), entre ellas Musa Azar y Carlos Juárez.

Los cargos para todos son de privación ilegítima de la libertad agravada, torturas, homicidios múltiples agravados, encubrimiento y asociación ilícita. En el caso de Juárez, “la querella pidió su detención como jefe de la asociación ilícita y como autor mediato, es decir como autor detrás del autor, como sucedió en el Juicio a las Juntas”, dice a Página/12 Antenor Ferreira, querellante. A Musa Azar también lo convocaron como jefe de la asociación ilícita y “autor material”.

En 1974, Juárez era un joven gobernador encolumnado en la derecha peronista. Un año antes le había ganado las elecciones al candidato local de Héctor Cámpora con una fórmula filocristiana en la que agitaba el fantasma de la invasión comunista en una provincia católica y conservadora. “Nosotros decimos que en 1973 se crea la división de informaciones policiales como un montaje y que se pone a Musa Azar al frente con un objetivo preciso”, explica Ferreira. “Según las víctimas, la división de informaciones funcionaba como una organización para cometer una multiplicad de delitos desde secuestros, desapariciones forzadas, torturas y saqueos porque también salían a robar.”

Todavía no se había producido el golpe, pero ya había pasado Ezeiza con los inicios de la Triple A. Juárez y el “Brujo” José López Rega eran amigos y, según la denuncia que acaban de ampliar los familiares, no se olvidaron de hacer negocios en Santiago: Juárez recibió dinero de Bienestar Social a través de la empresa AION para levantar 7500 viviendas de un barrio satélite. En ese período, se dispararon persecuciones a los enemigos personales del régimen, quienes disentían o denunciaban al gobernador. En la causa se mencionan varios abogados como Ricardo Cheble, cuyo estudio fue dinamitado, Guillermo Miguel, a quien una bomba le voló la planta baja de su casa, o Meliton Ledesma, todas personas que denunciaban por corrupción al gobierno de Juárez. A la lista, se suman los 13 desaparecidos (ver aparte), entre ellos la emblemática figura de Emilio “Chongo” Abdala, concejal peronista disidente secuestrado el 3 de diciembre de 1975 en el interior de la Casa de Gobierno.

Juárez pasó varios períodos con prisión domiciliaria, pero salió una y otra vez. Un perito de la Federal aseguró que no estaba en condiciones de declarar la última vez que lo citó la Justicia. Ahora, el juzgado de Molinari pidió una evaluación al equipo de médicos forenses provincial. La situación de Musa Azar es distinta. El archidenunciado jefe de los espías acaba de ser condenado a cinco años de prisión por el crimen de un empresario de la carne y está a punto de encarar el juicio oral por el doble crimen de La Dársena. En las causas de derechos humanos, su talón de Aquiles, está mencionado en casi todas los expedientes de antes y después del golpe, pero no está condenado.