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Uruguay volverá a debatir mañana la legalización del aborto hasta las doce semanas de gestación. El tema se discutirá en el Senado y está incluido en un amplio proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, impulsado por el bloque del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna. Hasta anoche el oficialismo no tenía asegurados los votos necesarios para la aprobación, por la rebelión de un par de sus integrantes que resolvieron alinearse con el presidente Tabaré Vázquez, quien ha expresado públicamente su oposición a la iniciativa. Pero no se descartan sorpresas. De todas formas, en lo que sí hay acuerdo entre el Frente Amplio y la oposición es en aprobar un primer capítulo en el que se incluye el asesoramiento pre y post aborto en los hospitales públicos a las mujeres que cursan un embarazo no deseado para evitar que recurran a métodos inseguros para interrumpir la gestación: concretamente, consiste en recomendarles un fármaco que se vende para el tratamiento de la úlcera, el misoprostol, para producirse el aborto, en el marco de una política de reducción de daños. “Mientras se debaten los cambios en la legislación, ninguna mujer puede poner en riesgo su vida. Ellas no pueden ser rehenes de la discusión”, consideró en diálogo con Página/12 el médico uruguayo Lionel Briozzo, impulsor en Uruguay de las normas sanitarias de consejería antes y después de un aborto.

Briozzo es profesor de Clínica Ginecológica en el hospital universitario Pereira Rossell, ubicado en Montevideo y el más importante del país por la cantidad de pacientes que recibe. Además es fundador y director general de Iniciativas Sanitarias, una asociación civil formada por profesionales de distintas disciplinas –médicos, trabajadores sociales, parteras, psicólogos– que promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, como derechos humanos básicos. Con el apoyo de financiamiento internacional, desde Iniciativas Sanitarias replicarán el modelo de consejería pre y post aborto en otros países de Latinoamérica como Venezuela, Perú, México y Brasil, a través de la capacitación a ginecólogos de hospitales públicos. En carpeta tienen un proyecto para traer la propuesta a la Argentina.

Mañana, Briozzo estará atento a la discusión prevista en el Senado. En el proyecto de ley que se debatirá está incluida la normativa pre y post aborto. Y es muy probable que se apruebe –con media sanción– en el marco del primer capítulo de la ley, sobre el cual hay consenso entre el oficialismo y la oposición. En una extensa charla con Página/12 –de la cual aquí se reproducen apenas unos tramos– explicó los fundamentos de esta política de reducción de riesgos, que virtualmente legalizará la práctica del aborto farmacológico en Uruguay, aunque no se lo logre sacar del Código Penal.

–Uno de los pilares de la propuesta ideológica de Iniciativas es el tema de la confidencialidad. Lo concebimos como un derecho de las usuarias pacientes. Y a la vez como un deber para los equipos de salud. Asegurando el secreto profesional defendemos el derecho a la salud. En junio, a raíz del procesamiento de una joven por el delito de aborto, el Sindicato Médico, la Facultad de Medicina y la Federación Médica del Interior firmamos una declaración pública en defensa de la confidencialidad y el secreto médico.

–¿Cómo funciona en la práctica la consejería pre y post aborto que probablemente se convierta en ley nacional?

–La aplicamos desde 2002 en el hospital Pereira Rossell con el apoyo de la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico y la Sociedad de Ginecología. Consiste básicamente en considerar que una mujer que está cursando un embarazo no deseado o no aceptado, antes que nada es una ciudadana sujeta a derecho, y como el derecho a la salud es un derecho humano, su situación tiene que estar contemplada en el sistema sanitario independientemente de la legislación, sea cual fuere su resolución: seguir con la gestación, dar en adopción o interrumpir el embarazo. Aunque el Estado no se haga cargo del aborto –desde mi punto de vista eso está mal porque el hospital público tendría que hacerlo–, sí tiene la responsabilidad de informarle a la mujer, de acuerdo a la evidencia científica internacional, cuáles son los métodos de menor riesgo para interrumpir un embarazo.

–¿Prescriben el misoprostol, el fármaco que se vende para el tratamiento de úlceras, pero cuyo uso se ha extendido para realizar abortos en países donde está prohibida esa práctica, como Argentina y Uruguay?

–No se prescribe, no se indica ni se coloca, porque eso es ilegal. Esa es la línea que no se puede cruzar si queremos que esta política pública sea sustentable a nivel nacional y genere cambios en todo el territorio de Uruguay. El concepto que tenemos es de reducción de riesgos. Quizá no demos un paso revolucionario, pero damos un paso con mucha seguridad en los pilares de la Etica Médica y la Medicina Legal y así pudimos avanzar sobre todo en el colectivo profesional y también cambiar el discurso público sobre el tema.

–¿Cómo cambió el discurso público?

–El tema se posicionó desde el punto de vista sanitario y se corrió el velo de la hipocresía: vos podés estar a favor o en contra de la legalización del aborto, pero no podés oponerte a una política de reducción de riesgos. El que se opone está desinformado o es un hipócrita. Si una mujer viene a mi consultorio y me dice que se va a hacer un aborto, yo tengo la responsabilidad médica de informarla con respecto a los métodos de menor riesgo. Hasta ahora se venía hablando de aborto seguro, que es aquel que se hace en el ámbito institucional con un marco normativo, y de aborto inseguro, que es clandestino y es el que conocemos en Latinoamérica. Entre los dos, nosotros planteamos una nueva categoría: la del aborto de menor riesgo y es el que se gestiona en la ilegalidad, se hace antes de las doce semanas de gestación utilizando misoprostol y en el marco de la información que permite nuestra normativa y que habilita a una consulta posterior, en la que se hace un diagnóstico de aborto completo y se accede a un método anticonceptivo que la mujer elige. A la mujer se le explica que el aborto de menor riesgo es el que se hace con misoprostol.

–¿Es de venta libre en Uruguay?

–No, se vende bajo receta, pero como en todo el mundo donde está penalizado el aborto, las mujeres lo consiguen en farmacias –con o sin receta–, o a través de gente solidaria o conocida que las puede auxiliar en esa situación, y también en el mercado negro. Con la reducción de daño no podemos terminar con las situaciones de discriminación. Una mujer con capital social, cultural y económico alto tiene un fácil acceso al misoprostol. Una mujer con un deficitario capital social tiene dificultades y puede caer con un proveedor inescrupuloso que hasta le puede pedir favores sexuales a cambio de las pastillas.

–¿Se está aplicando en Uruguay la consejería pre y post aborto más allá de Montevideo?

–Se está extendiendo al interior del país. Y estamos llevando el modelo a otros países de América latina. Creemos que con todas las legislaciones se puede aplicar porque entendemos que la ética médica y el secreto profesional están por encima de la punibilidad del hecho concreto del aborto.

–¿Han podido evaluar el impacto de esta política?

–Es corto el tiempo para evaluar si varió la mortalidad materna. Sin embargo, desde que se implementó en el Pereira Rossell no ha habido ninguna muerte más por aborto. Y entre todas las mujeres que han consultado no ha habido ninguna complicación. Sí medimos que bajó francamente la morbilidad, por lo menos en Montevideo. También hemos medido que en los lugares donde se implementó esta metodología hay un cambio en la actitud de los profesionales frente a la problemática del aborto: se involucran más con la situación de la mujer que tiene un embarazo no deseado.

Mañana este tema será eje de la discusión en el Senado uruguayo. El debate por la despenalización del aborto se reactivó en el país vecino a mediados de año luego del procesamiento de una muchacha, de 20 años, por haberse sometido a un aborto. El caso generó una profunda indignación en la ciudadanía y derivó en una inédita campaña de recolección de firmas –a través de un blog– en solidaridad con la joven, sobre la que informó ya Página/12. Dos ministras del gobierno, además de varios funcionarios de segunda línea, artistas, economistas, legisladores y el escritor Eduardo Galeano, entre miles, expresaron haber abortado o acompañado a una mujer a hacerlo, en apoyo a la muchacha.

El Código Penal uruguayo condena con penas que van de 3 a 25 años de prisión a “la mujer que causare su aborto o lo consintiera”. El mismo ordenamiento legal exime de pena de prisión a los abortos realizados en caso de “angustia económica”, “lesión a su honor”, violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. La mujer debe dar su consentimiento y la intervención debe ser realizada por un médico en los primeros tres meses de gestación. Sin embargo, estas excepciones rara vez se contemplan, principalmente por la ausencia de una reglamentación que establezca los pasos que se deben seguir para interrumpir voluntariamente un embarazo en esos casos. Algo similar ocurre en la Argentina también con los abortos no punibles.

La campaña de apoyo a la joven procesada generó que en la Comisión de Salud del Senado se desempolvara un proyecto de Defensa de la Salud Reproductiva, que hacía ya un año habían presentado las senadoras oficialistas Mónica Xavier y Margarita Percovich. Es una iniciativa muy amplia, que fija las obligaciones del Estado en materia de salud sexual y reproductiva, para garantizar el acceso universal a la anticoncepción y la información sobre métodos para prevenir embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y además plantea la legalización del aborto hasta la semana doce de gestación por razones de “penuria económica, social, familiar o etarias” que, a criterio de la mujer, le impidan continuar con el embarazo en curso. Y más allá de ese plazo, si la gravidez implica un riesgo para la vida de la mujer o si se trata de “un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina de acuerdo a los adelantos científicos del momento”.

Según fuentes legislativas consultadas por este diario en Uruguay, habría acuerdo entre el oficialismo y la oposición para la aprobación del primer capítulo del texto, que es el que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Pero en su artículo sexto, esta primera parte introduce la problemática del aborto al establecer como obligación del Estado la implementación de las “normas de atención pre y post aborto”. En la Argentina el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires las ha puesto en práctica para la atención de adolescentes que expresan su deseo de interrumpir un embarazo no deseado, tal como ya informó este diario.

El presidente Tabaré Vázquez ya declaró que vetará una eventual ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el Frente Amplio, la coalición de izquierda a la que pertenece, está dispuesto a dar, una vez más, la batalla en el Parlamento –en la anterior Legislatura fracasó por un voto del Frente Amplio la sanción de una ley que legalizaba el aborto–, en momentos en que el tema cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía: la última encuesta marca que un 65 por ciento de la población uruguaya está a favor de la despenalización.