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Todavía hay mujeres en el país que no se enteraron de que pueden obtener anticonceptivos gratuitos en los hospitales: mejor que no se enteren ahora, porque tal vez no los encuentren.

La titular del Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable de la provincia de Corrientes, Alejandra Elizalde Cremonte Ortiz, profesora, además, de Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, cuenta en tono desesperado que ya no tiene anticonceptivos inyectables ni orales para mandar a los hospitales y salitas de la provincia y esos son los métodos que prefieren las mujeres correntinas: tanto se ha mentido desde grupos católicos en relación al DIU que muchas creen –erróneamente– que el dispositivo intrauterino es cancerígeno y se resisten a usarlo. Por otra parte, el DIU no es recomendable para las adolescentes.

El problema es que hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no envía a Corrientes contraceptivos hormonales e inyectables. Lo mismo ha sucedido en las demás provincias. “Tenemos algo de reserva, pequeñas cantidades de los demás métodos, que es con lo que estamos tirando. Pero si Nación no nos envía insumos, se cae el programa. Así de simple”, explica la funcionaria, con impotencia (y pena). En Corrientes, el 20 por ciento de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años; una de cada cinco mujeres que requieren hospitalización por complicaciones de un aborto inducido tiene entre 10 y 19 años.

Los anticonceptivos son como vacunas: ayudan a prevenir un embarazo no planificado. Decidir si se va a tener hijos, planificar la cantidad que se quiere tener y en qué momento son aspectos fundamentales de los derechos sexuales y reproductivos, parte inescindible de los derechos humanos básicos de las mujeres. Las mujeres de sectores medios tienen acceso a los anticonceptivos en las farmacias: los cubren las obras sociales y las prepagas. Las mujeres de sectores pobres son las que quedan en banda si en la salita del barrio no les dan el blister con las pastillas o el inyectable mensual. Algunas provincias están haciendo esfuerzos para enfrentar la emergencia y han salido a cubrir los faltantes con presupuesto propio, como Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Pero no todas pueden o quieren. Hasta la última semana, Buenos Aires –una de las jurisdicciones más ricas– no había tomado esa decisión. Y en la obra social de los empleados provinciales, IOMA –la más importante por cantidad de afiliados–, no están entregando la chequera del Plan Ser con la cual las mujeres pueden acceder a los anticonceptivos gratuitamente en las farmacias. Lo reveló esta semana la profesora de Historia Yamila Balbuena. A ella no se lo contaron: fue una de las afectadas.

Alguien podría decir: pero preservativos hay, usen preservativos. Sí, es cierto, condones quedan en los centros de salud –en el Ministerio de Salud aseguran que tienen stock hasta setiembre–; además cumplen la doble función de prevenir un embarazo no deseado y el contagio del VIH. Pero, se sabe, a muchas mujeres les cuesta negociar el uso del preservativo con su pareja. Ni que hablar de aquellas que son víctimas de violencia en sus propios hogares.

En Corrientes, Cremonte Ortiz dio la orden de no incorporar más usuarias al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable “hasta que no se regularice” la situación. Tiene casi 100 mil usuarias. “Si no tengo anticonceptivos para dar, no podemos seguir trabajando”, se lamenta. Apenas un botón de muestra.

El Consorcio Nacional de Monitoreo de Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders) le envió una carta en los últimos días a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, de quien depende el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Le advierte sobre las graves falencias que se están observando en el cumplimiento del Programa en todo el país. El Conders articula alrededor de 400 organizaciones (de mujeres, de derechos humanos, de derecho a la salud, de jóvenes y comunitarios), que realizan una tarea de vigilancia permanente sobre la calidad de los servicios que provee el programa, su personal y sus insumos. Entre los problemas detectados se enumera la demora o falta de entrega de anticonceptivos, una limitada oferta de tipos de métodos, exigencias injustificables como requisito para darlos (por ejemplo, concurrir semanalmente para obtener un blister) y otros.

“Estos problemas agudos –dado que se han agravado sensiblemente en los últimos meses– se añaden a una crónica ausencia o escasez de consejerías, capacitación insuficiente del personal y falta de recursos humanos, por lo que la oferta de atención está seriamente limitada”, señala la carta del Conders a la ministra Ocaña.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue creado por la Ley 25.673, el 30 de octubre de 2002. Fue un hecho histórico y un gran avance para la vida y la salud de las mujeres. La norma se aprobó casi veinte años después del retorno de la democracia, tras arduos debates parlamentarios, con el fuerte impulso que le dio una red de legisladoras de distintos bloques hermanadas por el mismo objetivo, frente a las insistentes presiones de la Iglesia Católica para obstaculizar la sanción. Es la primera vez en los cinco años de vida del programa que atraviesa una crisis tan profunda. La falta de anticonceptivos orales, repiten voceros de Ocaña, se debe a un problema con la entrega de una compra a un laboratorio extranjero, que no cumplió con los plazos estipulados. Pero cuando el envío llegó –dos cointainers con casi un millón de blisters de orales combinados y para el período de lactancia– permaneció varias semanas en el puerto de Buenos Aires, porque en la licitación no estaba claro quién pagaba los impuestos para que pudieran entrar al país: si la compañía farmacéutica o el Estado. Pagó el Ministerio de Salud: unos 16 mil dólares por la franquicia y 4000 más por el tiempo que quedó la mercadería en la Aduana. ¿Cuántas cajitas de píldoras se podrían haber comprado con ese dinero? Se espera que en los próximos días la ANMAT empiece a controlar la calidad de las pastillas para que se puedan luego comenzar a distribuir.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable nació con la intención de poner al alcance de las mujeres de menores recursos la anticoncepción a través de la distribución gratuita de los métodos en el sector de la salud pública. “Otra intención fue enfrentar las diferencias en el acceso a los anticonceptivos entre las provincias, ya que el gobierno nacional se comprometió, a través del programa, a proveer todos los métodos anticonceptivos necesarios y aprobados”, recuerdan los investigadores Mónica Petracci y Mario Pecheny, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en su libro Derechos Humanos y Sexualidad, recientemente editado.

Uno de los objetivos que persigue este tipo de políticas es mejorar la salud materna, a través de la prevención del aborto inseguro: si disminuyen los embarazos no deseados, se reducen los casos de abortos. El aborto inseguro es desde hace veinte años la principal causa de mortalidad materna en la Argentina. De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, la tasa de mortalidad materna aumentó –después de varios años de estancamiento y leve tendencia a la baja– de 39 por cada 100 mil nacidos vivos en 2005, a 48 en 2006. Fueron 346 mujeres las que murieron por causas en su mayoría evitables. Hay provincias que cuadruplican el promedio nacional como Jujuy (165), triplican como Chaco (126) y Misiones (125) y que duplican como Formosa (107) y La Rioja (96).

Dos diputadas de la oposición, la radical Silvia Storni y la socialista Silvia Ausgburger se hicieron eco de la preocupación de las ONG y presentaron en los últimos días en el Congreso pedidos de informes al Poder Ejecutivo nacional sobre el funcionamiento del Programa.

Además de explicaciones hace falta acción, decisión política para rescatar al Programa del parate en el que se encuentra. “En 2005 –-recuerdan Petrechi y Pecheny–, ante la presión de la sociedad civil, y como resultado del compromiso nacional con el tema, se lanzó una campaña pública para informar a la población sobre los servicios de salud reproductiva que son accesibles por medio del programa nacional, el derecho al acceso a los anticonceptivos y a la consejería.” Hubo alguna que otra campaña de difusión más, pero acotada. Además de insumos, falta promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

La demora en la implementación de programas de educación sexual en las escuelas y las trabas que encuentran las mujeres en el sector público para acceder a una ligadura tubaria se suman a este panorama.

La coordinadora del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de Corrientes cuenta que necesitan en la provincia 45 mil anticonceptivos inyectables por mes. Desde Nación le informaron que le van a mandar entre 43.000 y 50.000 ¡para todo el año!.

Durante la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García, el de Salud Sexual y Reproductiva fue el programa “estrella”. Esperemos que no la haya perdido del todo.