Hay, sólo tal vez, una buena noticia. Si se prolonga la medida de fuerza del movimiento campestre, como bautizó Eduardo Grüner a eso que la inmensa mayoría denomina “el campo”, habría la posibilidad de que aparezcan en escena las verdaderas estrellas de la obra. Porque, y entre otras causas principales gracias al ocultamiento periodístico, hasta ahora apenas aparecieron los actores de reparto.

Sea que quiera citárselas simplemente como “grandes compañías agroexportadoras”; o bien si prefiere hablarse de los jugadores decisivos en la cadena de especulación comercializadora y del producido agrotóxico, nombres como Bunge, Dreyfus, Cargill, ADM, Molinos (y Monsanto, claro está, como semillero monopólico), vienen permaneciendo cuidadosamente ocultos, no sólo en todo el tiempo que lleva el choque con “el campo”, sino cada vez que se habla o discute sobre política y rumbos granarios, o de comercio exterior en general. No es para menos. Hablar de ellos es hablar del modelo desde su raíz; y no de las lágrimas de cocodrilo que derraman los chacareros que les hacen el juego, ni de los disparates gubernamentales en el timoneo de la situación, ni de si mintió Alberto Fernández o los dirigentes de las entidades. Todo eso es para la gilada y mediáticamente sale gratis, dando, encima, la imagen de un gran debate nacional que la prensa refleja cual niña impoluta. Lo otro es el centro de la cuestión.

Va cita de un trabajo del Grupo de Reflexión Rural de marzo pasado, cuya contundencia técnica y carácter didáctico son de muy improbable desmentida: “Tomemos conciencia de que quienes protestan por las políticas tributarias son los productores; no son Los Grobo, ni El Tejar, Cargill o ADM los que se quejan. Estos últimos le pagan al productor la tonelada de soja aproximadamente a 165 dólares, cuando su precio es de trescientos dólares. Agrega el especialista Ferrari Echeverri: ‘En noviembre aumentaron las retenciones de 28 a 35 por ciento y a raíz de eso quedó en evidencia una situación inédita: cuando ni siquiera había comenzado la siembra de la soja, existían más de 18 millones de toneladas cubiertas por esos formularios, con sólo cuatro millones compradas. Quedó así en claro que eran declaraciones que cubrían ventas falsas y efectuadas al solo efecto de quedarse con el previsible aumento de las retenciones, aprovechando la incapacidad del Gobierno que, desde al menos cinco o seis semanas antes, anunciaba el aumento sin haber cerrado el registro de los formularios’. O sea que el resto, 135 dólares aproximadamente, va para el Gobierno como derecho a la exportación. Luego la venden en el mercado de Chicago a 550 y además, generalmente lo hacen luego de triangularla entre sus propias oficinas para subfacturarla y pagarle lo menos posible al Estado. El negocio de los exportadores y de las empresas a ellos vinculadas es, de ese modo, fabuloso. Pero no se detienen allí las ganancias. Los exportadores y sus socios, también y en simultáneo, se transforman en productores de agrocombustibles, de carne vacuna a corral y también de pollos, tal como la empresa Avex de Los Grobo. Las nuevas y extraordinarias dimensiones de los agronegocios, tales como la Granja Tres Arroyos, que faena trescientos mil pollos diarios y que participa de los actuales convenios de la Argentina con Venezuela, sube la apuesta productiva a niveles donde solamente pueden jugar las corporaciones. Los granos con que preparan los alimentos balanceados, con los que hacen esa carne producida en forma industrial, también los pagan a 165 dólares, como si fuera para exportación, cuando en realidad esa soja no sale del país como grano; es decir que el alimento de sus criaderos les cuesta la mitad que al productor común que hace carne, y con el que compiten en el mercado interno”.

Da pavura ideológica y vergüenza ajena, en ese orden o en el inverso, ver manifestándose en las rutas y en asambleas a chacareros que son funcionales a esos intereses. Esto es, utilitarios de su propia victimización. Es cierto, como dijo el colega Orlando Barone en una de sus deliciosas “cartas abiertas”, que el Gobierno debería descender de las nubes o de los cerros de Ubeda y salir del soliloquio que onaniza su discurso para aterrizar, aunque sea en Caballito. “Pero los del agro bájense un rato del caballo”, agregó Barone. “Exhiban en la televisión las escrituras de los terrenitos que poseen. Muéstrenles a los argentinos pobres el margen de ganancia que tienen. Declaren a los movileros cuántas hectáreas poseen sus chacritas y cuánto vale cada una. Y si quieren ponerse una escarapela como grupo rebelde no usen la de Argentina. Pónganse una escarapela con una cabeza de novillo o con una plantita de soja.” Es cierto, pero es todavía peor que eso, porque eso es la parte –necesarísima– que expone el cinismo de quienes lloran la Biblia junto al calefón como si estuviésemos ante una tragedia de hambruna campesina. La otra parte es que, como si eso fuera poco, esta gente va contra el Estado por los impuestos a las exportaciones, como si los exportadores fuesen ellos. Lo cual ni siquiera es lo peor de lo peor, porque ahora acaba de ocurrírseles que la forma elegida para este segundo tramo de su protesta –impedir la exportación de los granos reteniendo camiones– es lo más adecuado para que al Estado le duela en el bolsillo. ¿Alguien cree que no repararon en que las arcas del Estado son el bolsillo de todos los argentinos? En efecto: no se detuvieron en ese detalle simplemente porque ellos se consideran el Estado mismo. El modo en que los caminan los exportadores, “socializando” las retenciones hacia abajo con quitas fraudulentas, los tiene sin cuidado. En lugar de denunciar a la oligarquía de los agronegocios por la extracción y bicicleta de que los hace “víctimas”, se la toman con el Estado porque se apropia de una porción de la renta de sus victimarios.

En otras nobles palabras, la ecuación viene a ser que se dejan tocar el culo por las transnacionales exportadoras, pero lo que debe notarse es que se los toca el Gobierno; que, a su turno, dice que tiene aguante para no dejárselo tocar por los productores, porque lo que no debe advertirse es el modo en que lo viola el modelo sojero. Aunque, de todas formas y al margen de que en este choque no hay un solo inocente, tampoco se trata de perder de vista que lo incuestionable es el derecho del Estado a apropiar renta en proporción a las ganancias y en función de las necesidades colectivas.

Si ese principio entra en discusión, no se puede discutir más nada porque querría decir que la derrota ideológico-cultural, en este caso a manos de los dueños de la tierra y de la cadena de valor, no tiene retorno.