“Está bien que protesten, con la inflación que hay”, avalaba una jubilada el cacerolazo de Callao y Santa Fe la semana pasada. La razón de su apoyo a la protesta era la suba de precios, que socava el poder de compra de su haber previsional. Sin embargo, si no fuera por las retenciones, blanco de la protesta rural –con la adhesión de los caceroleros–, la inflación sería todavía mayor. Un informe del Ministerio de Economía revela que el Indice de Precios al Consumidor de 2007 hubiera registrado un aumento de 8 a 10 puntos superior al estimado –con todas las críticas que le caben– por el Indec. En lugar del muy cuestionado 8,5 por ciento, el año pasado hubiera anotado oficialmente 16,5 o 18,5 por ciento.

El documento del Palacio de Hacienda precisa que sin retenciones “el precio de los aceites de girasol y soja se multiplicaría por tres, el pan aumentaría 25 por ciento, la leche en el orden del 60 por ciento y la carne y el pollo subirían aproximadamente 50 por ciento”. Tomando como referencia los valores relevados por la asociación de consumidores Deuco antes del lockout agropecuario, las diferencias con o sin retenciones serían las siguientes:

- Aceite: De 6,80 pesos el litro y medio a 20,40.

- Asado: De 11 pesos el kilo a 16,50.

- Cuadril: De 14,5 pesos el kilo a 21,75.

- Pollo: De 5 pesos el kilo a 7,50.

- Pan francés: De 3,50 pesos el kilo a 4,38.

- Leche en sachet: De 1,90 peso el litro a 3,04.

“Si se eliminaran las retenciones y las compensaciones (a los productores de alimentos), el efecto sobre los precios sería muy significativo”, sostiene Economía. Es una discusión que se arrastra desde el momento en que el gobierno de Eduardo Duhalde implantó las retenciones tras la devaluación. La interpretación inmediata de los ruralistas fue que se trataba de una medida fiscalista, que le quitaba recursos al sector para engordar la caja del Estado. Cada vez que ese gobierno y el de Néstor Kirchner ajustaron el nivel de las retenciones, los hombres de campo insistieron con la versión de que la única pretensión era elevar la recaudación. Esta vez, con la imposición de retenciones móviles, la lectura no fue distinta, a pesar de que se produjo un cambio sustancial: ahora se prevé la baja de las retenciones si los precios internacionales de los granos caen. Si la soja y el girasol cuestan menos, la recaudación también será menor. Eso no tendría sentido si el interés fuera sólo recaudar.

En su discurso de ayer, Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, puso en duda que las retenciones tengan impacto sobre los precios internos e insistió en que en el nivel actual sólo persiguen una ambición fiscalista. “No conozco argentinos que coman milanesas de soja todos los días”, expresó semanas atrás en un reportaje con Página/12, para abonar su hipótesis de que al Gobierno no le preocupan tanto los precios internos como los números de la recaudación.

Para Economía, “el aumento de las retenciones a la soja es antiinflacionario”. “A pesar de que la soja es una oleaginosa que se consume poco en el mercado local, el incremento de su precio impacta directamente en el valor de las tierras en las que se cultiva”, explica. Como el valor de la tierra sube, los precios internos necesarios para que otras producciones sean rentables también van hacia arriba. Los productores de leche, pollos, ganado porcino y bovino requieren precios más altos para sus productos a fin de no verse desplazados por la siembra de soja.

“El alza de retenciones a la soja provoca que sean rentables actividades que antes no lo eran, porque abarata el insumo principal en la producción agropecuaria: la tierra”, dice el informe de Economía. “En el caso de las tierras dedicadas a tambos, los arrendamientos se pagan en quintales de soja, por lo que la baja del precio de la soja permite una reducción en los costos de la actividad tambera”, completa. El alquiler de un campo promedia entre 15 y 18 quintales de soja. Antes del aumento de retenciones, el alquiler era de 1870 pesos la hectárea, mientras que ahora cae al orden de 1530 pesos la hectárea. Eso favorece al pequeño chacarero que quiera producir algo distinto a la soja. Con ese cambio, igualmente, el propietario de un campo de 100 hectáreas, considerado un pequeño productor, embolsa 150.000 pesos al año por el alquiler de su tierra.

Un elemento adicional en el nuevo esquema de retenciones es que bajan –aunque levemente– las de maíz y trigo, con lo cual se promueve su producción, en lugar de la soja. El maíz y el trigo son imprescindibles para la producción de alimentos que se consumen masivamente, desde carnes –vacas y pollos consumen maíz– hasta harinas.

En los ’90, las producciones de soja –13,9 millones de toneladas en promedio–, maíz –12,6 millones– y trigo –11,9 millones– estaban prácticamente igualadas. Por el espectacular salto del precio internacional de la soja, la realidad ahora es muy distinta. En la campaña 2006/2007, la cosecha de soja fue de 47,6 millones de toneladas –con un aumento respecto de los ‘90 del 241 por ciento–, la de maíz quedó en 21,8 millones –con un alza de 72 por ciento– y la de trigo en apenas 14,5 millones –una suba de 22 por ciento–. Con esa tendencia, el avance de la soja sobre otras producciones rurales que se destinan al abastecimiento del mercado interno alcanzaría proporciones alarmantes, con su consecuente impacto en los precios locales. Ponerle un límite a la soja y favorecer esas otras producciones es una estrategia de fondo contra la inflación, concluye el equipo de Martín Lousteau.