Son 218 mil familias, que representan el 71 por ciento de los productores del campo. Siembran 21,3 millones de hectáreas y aportan el 53 por ciento del empleo rural. Pero no tienen ni un dirigente en la mesa de negociación que está dialogando con el Gobierno por el conflicto de-satado el 11 de marzo con la implementación de las retenciones móviles a las exportaciones de granos. Para ellos el Gobierno diseñó el “Plan para agricultura familiar”. Página/12 tuvo acceso exclusivo a la carpeta de 72 páginas que ya fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y tiene un presupuesto total de casi 2800 millones de pesos. El plan, que será implementado por la nueva Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, prevé “mejorar la infraestructura básica del sector”. Por ejemplo, muchos de esos pequeños productores carecen de agua potable. También propone la “titularización de tierras por tenencia veinteañal o preexistencia étnica”. Incluye el apoyo a programas ganaderos, el financiamiento subsidiado, beneficios impositivos, promoción turística y distintas herramientas adecuadas a los diferentes subsectores. En el primer párrafo del proyecto elaborado por los técnicos de la Secretaría de Agricultura se señala que el propósito fundamental del plan es la inclusión social del millón de personas vinculadas con esos productores que las entidades tradicionales del sector no tienen en cuenta en sus reclamos.

En el fragmento argumentativo del nuevo esquema se detalla que, por falta de un marco regulatorio adecuado, en la década pasada perdieron sus tierras más de 100 mil productores familiares y de los que quedaron más del 50 por ciento vive en condiciones de pobreza. También se explica la función laboral y social del sector: “En estas minipymes la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo. Y la producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente”. Además agrega que “estas familias campesinas ocupan todo el territorio nacional: en el noroeste y el noreste significan el 80 por ciento de los productores, y en la pampa húmeda, el 40 por ciento”. “Quiénes si no ellos asegurarían la soberanía territorial en las zonas más intrincadas de nuestro extenso país”, sostiene el informe.

Para los principales asesores del secretario de Agricultura Javier de Urquiza el fortalecimiento de la agricultura familiar es la garantía de que los consumidores del país no corren riesgos respecto de la soberanía alimentaria. Es decir, que no se dependa de otros países para asegurar el acceso a los alimentos. Según el informe, los productores familiares producen oleaginosas, cereales, carne vacuna, porcina, aviar, cabras, llamas, guanacos, ovejas, huevos, lana, hortalizas, frutas, hierbas aromáticas, pesca artesanal, forestación, producción agroindustrial –como dulces, licores y aceites–, tejidos, artesanías con piedras, metales y maderas, turismo rural y minería artesanal, entre otros.

Lo que sigue es el detalle de los principales puntos del plan oficial para más de un cuarto de millón de productores organizados en agricultura familiar.

- Mejorar la Infraestructura y los servicios agropecuarios: con un crédito del BID de 1480 millones de pesos se propone “mejorar los recursos hídricos para asegurar el agua para consumo humano y animal y para riego y drenaje”. Además, esos fondos serán utilizados para brindar servicios de sanidad animal y vegetal que no pueden ser solventados por las familias del campo, dificultad que las pone en inferioridad de condiciones para competir con los grandes productores. También se destinará a la promoción de inversiones en encadenamientos productivos y a la generación y transferencia de tecnología. Por último, este dinero financiará la titulación de tierras por derecho veinteañal o preexistencia étnica.

- Plan ganadero nacional: en el marco del proyecto que se implementará para todos los productores del país, el plan para las familias ganaderas propone una serie de políticas diferenciadas que se adecuen a la diversidad de producciones que explotan estas pequeñas unidades económicas. Con un presupuesto anual de 160 millones de pesos se intentará “mejorar la competitividad del negocio de la carne desde el sector primario de la producción hasta el consumidor final”. Los asesores del secretario Urquiza reconocen que el mayor problema a resolver es modernizar el sistema de comercialización de las familias que explotan campos de 25 o 50 hectáreas, que pierden la mayor parte de sus potenciales ganancias frente a los grandes actores de la cadena de intermediación.

- Programa federal de desarrollo: la idea principal del programa es promover la “organización de los actores del sector y proveerlos de innovación tecnológica”. Su implementación estará en manos del INTA. Identificada la enorme asimetría que existe entre un productor de 1000l hectáreas y una familia que trabaja 25 hectáreas, el proyecto propone juntar grupos de 30 o 40 unidades rurales que realicen proyectos en común para producir y comercializar a mayor escala. La cuenta es fácil: 40 pequeñas unidades de 25 hectáreas igualan un campo de 1000 hectáreas.

- Monotributo social: se trata de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social que, según el proyecto, pretende garantizar “la inclusión de todos los agricultores familiares en la economía formal” y brindar la posibilidad de acceder a servicios indispensables, como el de salud. En el plan de agricultura familiar se explica que el blanqueo fiscal de las familias campesinas les permitirá comercializar en forma directa con grandes empresas, integrar sociedades y, fundamentalmente, acceder al crédito bancario.

- Financiamiento: se destinarán 20 millones de pesos a “la realización de un relevamiento integral de la demanda crediticia del sector, con el fin de articular políticas de financiamiento que mejoren la productividad de los productores familiares”. Una vez terminado el estudio se buscará la oferta más conveniente para cada necesidad particular. Se prevé un fuerte apoyo del Banco Nación, a través de su nueva línea de créditos pymes, a la que se podría subsidiar algunos puntos de tasa de interés.

- Pronatur: el plan señala que se estimulará el turismo rural en asociaciones y grupos de productores familiares, “asignándole un rol clave a la capacitación de los distintos actores de la cadena de valor e incorporando el uso de tecnologías de información”. Se apoyará la promoción y difusión de la comercialización turística. Y también se brindará asistencia técnica y capacitación profesional.

- Promociones sectoriales: la nueva Subsecretaría Rural y de Agricultura Familiar destinará “fondos específicos para apoyo de los sectores más vulnerables en los que se desempeñan las familias del campo”. En la primera etapa están destinados 20 millones de pesos para la modernización de sistemas productivos ovinos, 12 millones de pesos para fomentar la actividad caprina a través de producciones sustentables, 50 millones para “financiar las acciones necesarias para garantizar sustentabilidad del cultivo de algodón y 447 millones –que ya están en ejecución– para la modernización, reconversión y diversificación de las áreas tabacaleras”.