“Hace trece años voy a la cárcel cada semana. Enseño Derecho, sé tratar a los presos, pero nunca antes sentí tanto miedo. No es miedo personal. Pasa por pensar: ‘Estos tipos manejaron el país y si vuelven a manejarlo, nos matan a todos’.” La frase de la fiscal Cristina Caamaño sintetiza su sensación luego de escuchar durante dos horas lamentos, reclamos y reflexiones de represores procesados y condenados en el penal de Marcos Paz.

Caamaño es docente de Derecho Penal y Criminología en la UBA. En 1995 Sergio Schoklender la invitó a dar clases en Caseros, donde presidía el Centro de Estudiantes, y desde 2001 en Devoto. Visitó Marcos Paz como directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip, invitada por el director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, para verificar las condiciones de detención que los abogados de los represores de la ESMA consideran infrahumanas.

“El director del penal me acompañó diez minutos. De golpe quedé sola, con Patti a la izquierda, Etchecolatz enfrente, Von Wernich alejado y Cozzani parado como una especie de vocero”, arrancó. “Como dije que enseñaba Derecho me desafiaron todo el tiempo. Nunca recibí tanto maltrato por parte de presos. Patti me decía que violaban sus derechos humanos.”

–¿Cómo son los pabellones?

–Arquitectónicamente son iguales al resto. Abajo un espacio común tipo loft, mesas y sillas de plástico, cuatro heladeras, un televisor grande y los baños. En el primer piso las celdas.

–¿Qué reclaman en particular?

–Lo mismo que los presos comunes. Más patio, mejores comidas, visitas mixtas, papel higiénico en el baño de visitas. La principal queja es el cambio de situación. “Mientras los presos comunes mejoran con los años, nuestras condiciones de detención empeoran en cada traslado”, dijo un marino. Es que pasaron de bases navales con pileta a Campo de Mayo y después a una cárcel común. “Nunca estuvimos tan presos”, dicen. Piden más asistencia médica, heladeras porque reciben mucha comida de afuera, computadoras porque dicen que hacen a su derecho de defensa.

–¿Tienen diferencias respecto al resto?

–No reciben visitas sábados y domingos, y no ven cine en el auditorio. Es para evitar roces con las visitas de los presos comunes.

“Le voy a decir quién soy”, le anunció Etchecolatz. “Soy católico, apostólico y romano y necesito un servicio religioso los domingos.”

–¿Escuchaba Von Wernich?

–Sí, pero no acusó recibo. Le expliqué que ése no era un problema del Servicio Penitenciario, sino de la Iglesia y le anticipé que iba a transmitirle su inquietud a la hermana Telma, una monja de Devoto.

No fue la única queja del ex hombre de Camps. “Se llevaron mi agenda por pensar que tengo relación con el caso López. Por una hipótesis arbitraria cualquiera accede a mis contactos.” Caamaño le explicó que un juez había allanado su celda y su agenda estaba en caja fuerte, pero no lo convenció.

Alguien que dijo ser general le extendió la mano. “‘No podemos confiar en esta Justicia de la que usted es parte’, dijo y me apretaba cada vez más fuerte. Pensé que me quebraba. Después se me caía la birome.”

Cuando la fiscal explicó que los beneficios suelen conseguirse por el reclamo de los más instruidos y contó que gracias a Schoklender muchos presos pudieron estudiar, el rostro de Von Wernich se desfiguró. “Se levantó como un poseso, empezó a golpearse el pecho, ‘¡Usted no tiene moral!’, gritó varias veces. No pude contenerme. ‘Usted no me va a hablar de moral a mí, Von Wernich’. Se fue hacia el fondo, gesticulando”, relató.

En el pabellón de los marinos la recepción fue aún más fría. “Astiz, con mirada despectiva, se me acercó a medio metro. ‘¿Querés que te diga cómo estamos noso-tros acá? Secuestrados’, dijo. Me pasaron varias respuestas por la mente pero quedé muda. Supongo que fue una provocación.”

Un reclamo que podría hermanar a represores y presos comunes es la degradación que sus familias sufren durante las requisas. Pero tampoco: “Dicen comprender que la seguridad del penal apunte a detectar drogas o facas, pero que las requisas deberían excluir a sus familias. ‘Eso debería cambiar para todos’, les expliqué. Pero se consideran presos políticos. El resto no son ni siquiera presos comunes: son delincuentes comunes”, constató la fiscal.

Caamaño les explicó que pueden tener computadora pero no acceso a la web. “‘Ustedes saben que se puede enseñar a hacer una bomba’, dije ingenua. Varios largaron la carcajada. ‘¡Nos van a enseñar por Internet a hacer una bomba!’”, recordó.

Miradas de hielo, penetrantes, llamaron la atención de la fiscal. “Dicen ser ‘ex combatientes’. No hacen ninguna autocrítica. ‘Este Gobierno es marxista’, aseguran, y esperan ‘el cambio de gobierno’ para salir. Es terrible, siguen manteniendo el rango. Eso dificulta la tarea de los penitenciarios. Muchos agentes no logran imponerse.”

–¿Sugirió alguna solución en su informe?

–No. Es difícil. Mezclarlos con presos comunes es imposible. Cuando quieran obligarlos a algo se van a rebelar y puede ser un desastre.

Concluye el informe de Caamaño: “No han relevado que se encuentran detenidos por orden de un juez, bajo un proceso de un Estado de Derecho y que pueden ser oídos y defenderse. Se consideran secuestrados por el poder político y están convencidos de su buena actuación durante la dictadura.”