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Por Claudio Zlotnik y David Cufré

La negociación con el FMI ingresó en una nueva etapa. Roberto Lavagna confirmó ayer que el Gobierno no utilizará las reservas del Banco Central para cubrir los vencimientos de octubre con los organismos de crédito. Fue una respuesta dura al último intento de presión de las máximas autoridades del FMI, que anteayer dijeron prácticamente que no habrá acuerdo con la administración Duhalde. El Gobierno evaluó que no debía perder más tiempo en dejar clara su posición, después de los amagues de los últimos días. Al no pagar los compromisos de octubre, se abre un período definitorio de 30 días: si durante ese lapso no se desactiva la bomba, con la firma de un acuerdo, la Argentina empezará a extender el default a los multilaterales, los únicos que hasta el momento siguieron recibiendo dólares.
Economía ya definió dos medidas defensivas para evitar que el probable escenario de cesación de pagos generalizada impacte en la cotización del dólar: obligará a las AFJP a reducir o eliminar sus inversiones en esa moneda (suman alrededor de 700 millones de dólares) y buscará que las petroleras y mineras liquiden un mayor porcentaje de sus exportaciones en el país. Respecto a esta última medida, cerca de Lavagna confirmaron a este diario que hay negociaciones “a nivel de presidencia” con las empresas para que vendan más dólares al Banco Central. Las compañías de aquellos rubros tienen permitido mantener hasta un 70 por ciento de las divisas de sus exportaciones en el exterior. Las fuentes admitieron que no es fácil conseguir que la medida se concrete. Lo que piden las petroleras es una baja de las retenciones.
“Hay objetivos internos extremadamente importantes, como mantener los planes sociales y asegurar el equilibrio de las economías provinciales, y está el objetivo de cumplir con las obligaciones externas. La única forma de reconciliar esos objetivos y cumplirlos simultáneamente es el acuerdo con el FMI”, explicó ayer Lavagna en una conferencia de prensa con medios extranjeros. Y luego agregó: “Los objetivos internos son irrenunciables”. El ministro terminó la frase repitiendo lo que había dicho al principio, para que el mensaje fuera claro: “La única forma de reconciliar los objetivos externos e internos es alcanzar el acuerdo con el Fondo. Y si no, cada cual deberá asumir sus responsabilidades”.
Eso quiere decir que el Fondo deberá hacerse cargo de la parte que le toca por el default argentino con los organismos. Lavagna dejó una puerta abierta a esquivar esa situación, al remarcar que hay 30 días de prórroga durante los cuales se seguirá negociando. Página/12 dialogó con dos importantes funcionarios de Economía. Ambos transmitieron entusiasmo y, a la vez, preocupación por la decisión de endurecer la posición frente al Fondo. “Les rompimos la estrategia de negociar sin plazos. Ellos querían una negociación infinita y estaban convencidos de que íbamos a pagar”, señaló uno de los colaboradores de Lavagna, para quien la presión se trasladó a Washington. “Ahora no tienen más remedio que firmar un acuerdo o asumir que no les vamos a pagar”, sentenció.
Otro funcionario explicó que las declaraciones del ministro fueron en respuesta a las del día anterior de Horst Köhler, Anne Krueger y Anoop Singh, quienes tuvieron un inusual encuentro con periodistas en la sede del Fondo. Allí dijeron que “la falta de consenso político en Argentina impide alcanzar un acuerdo mínimo”. Para el equipo económico, fue “un apriete” para que el Gobierno pagara con las reservas, similar al de la semana pasada, cuando Krueger amenazó con graves castigos si Argentina deja de cumplir con los organismos. “La decisión es no pagar en octubre y negociar hasta noviembre, aprovechando la prórroga que permite el estatuto del Banco Mundial”, indicó el colaborador del jefe de Hacienda.
En octubre hay un vencimiento por 800 millones de dólares con el Banco Mundial y otro por 250 millones con el BID. Estas entidades no tienen permitido reprogramar los pagos. Sólo pueden estirar los vencimientos por un mes. Pasado ese plazo, se ingresa en una etapa de seis meses en que se van acumulando subas de intereses y punitorios por el atraso, hasta quefinalmente el país es declarado en default. Es decir que el Gobierno tiene tela para cortar, pero para los organismos que Argentina deje de pagarles es grave porque impacta negativamente en su calificación, y eso les encarece el financiamiento en los mercados. En ese sentido, Lavagna dijo que “la Argentina va a cumplir (con sus compromisos). Lo que hay que definir es cómo y cuándo”.
El ministro fue varias veces al choque en sus declaraciones de ayer. Acusó al Fondo de haber fallado en todas sus proyecciones sobre la economía argentina y de carecer de argumentos técnicos para negarse a firmar un acuerdo. “A finales de abril, en mayo y en junio el FMI sostuvo que Argentina estaba al borde de la hiperinflación, del colapso del sistema financiero y, por supuesto, de una recesión aún más profunda. Ese fue el diagnóstico repetido una y otra vez. La realidad se ha encargado de demostrar que ese diagnóstico era totalmente incorrecto”, enfatizó Lavagna. Después dijo que “al Fondo le esta costando mucho adaptar su diagnóstico a la nueva realidad argentina. A eso se agregan argumentos políticos, quizá bajo la forma de excusas”.
Por otra parte, Lavagna se negó enfáticamente a aceptar una de las nuevas condicionalidades que exige el organismo: que los candidatos a presidente se comprometan a dar su consentimiento a lo que se negocie con la actual administración. “Es absurdo que los dirigentes políticos firmen un cheque en blanco, cuando no hay ningún programa mínimamente acordado”, concluyó el titular de Economía.