Las tarifas eléctricas de los usuarios residenciales de Capital Federal, Gran Buenos Aires y Gran La Plata, clientes de Edenor, Edesur y Edelap, que consuman más de 650 kilowatios/hora por bimestre, recibirán la próxima factura con incrementos que varían entre el 10 y el 30 por ciento, según el nivel de consumo del período. En tanto, los comercios y las industrias afrontan una suba del 10. El ajuste, anunciado ayer por Julio De Vido, tiene vigencia a partir del 1º de julio e implica el descongelamiento del precio de la energía eléctrica para los consumos domiciliarios, que habían quedado fijos en los valores del año 2001. Para marzo del año próximo, está prevista una nueva actualización en función de la Revisión Tarifaria Integral, prometida a las empresas, pero aún pendiente. Según detalló el ministro en conferencia de prensa, en las cuentas de las distribuidoras el aumento actual implica un ingreso adicional conjunto de 300 millones de pesos al año. Su destino es motivo de controversia. Según De Vido, se aplicarán plenamente a costear nuevas inversiones. Otras fuentes cercanas al Gobierno y ligadas al sector energético indicaron en cambio que los mayores ingresos contemplan una compensación a las empresas por suba de costos.

El ministro de Planificación puso énfasis ayer en el sesgo presuntamente progresista de esta recomposición de precios eléctricos, ya que los usuarios por debajo de aquel valor de corte quedan exceptuados (al igual que el alumbrado público) y los afectados sólo representan el 24 por ciento del universo de usuarios: más de un millón de consumidores residenciales sobre los casi cinco millones de las tres firmas. La escala de aumentos sobre las facturas es creciente en la medida que aumenta el consumo. Hasta 800 kw/hora por bimestre el incremento es del 10; hasta 900, del 15 por ciento; hasta 1000, del 20; hasta 1200, del 25, y para quienes consuman por encima de esa cantidad, llega al 30.

De acuerdo con Edenor –la distribuiora operada por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, empresario afín a la gestión oficial–, la recomposición de ingresos que resulte de esa suba será íntegramente aplicada a costear un plan de inversiones que demandaría 6000 millones de pesos en diez años para “duplicar la capacidad de distribución”. Esto incluirá, entre otros emprendimientos, la extensión de 2800 kilómetros de redes de alta, media y baja tensión; 125 mil medidores nuevos, veintitrés subestaciones y la estación transformadora Oscar Schmidt. La mitad de esta inversión, en rigor, será afrontada por el Estado. Otra fuente, con acceso a los números del sector pero reclamando estricta reserva de identidad, indicó que el aumento de ayer sólo se aplicará a paliar la suba de costos registrada entre abril de 2006 y octubre de 2007.

La distribución eléctrica no está directamente subsidiada, aunque el Estado sí apoya la generación comprando el combustible sustituto del gas, mucho más caro que éste. Pero, según subrayó De Vido ayer, el descongelamiento de las tarifas residenciales, sumado al incremento que enfrentarán comercios e industrias, permitirá que se hagan obras de infraestructura que de otra manera debería hacer el Estado. Por esta vía indirecta, se entiende que el criterio oficial ha sido que sean los usuarios presuntamente más pudientes los que aporten para costear las ampliaciones de la red eléctrica.

En el caso de los consumos domiciliarios, efectivamente se trata de un descongelamiento, ya que el último ajuste fue aplicado en noviembre del 2001. A este segmento se destina aproximadamente el 40 por ciento de la energía distribuida por las firmas que atienden Capital Federal y el Gran Buenos Aires, pero tiene una ponderación menor en el total de ingresos que nutre la caja de las empresas.

Las industrias y los comercios sí habían recibido ajustes en sus facturas. Fue en febrero del 2007, en ocasión del Acuerdo de Renegociación firmado con las compañías. Allí se acordó aumentar el margen de distribución en un 15 por ciento. Pero el cuadro tarifario definitivo recién se alcanzaría después de la mentada Revisión Tarifaria Integral.

Algunas cuestiones relativas al ajuste de tarifas y que todavía son materia de debate, son las siguientes:

- Arbitrariedad. El sendero previsto legalmente incluye convocar a una audiencia pública para dar a conocer los números y pautas para modificar las tarifas. El Ente Regulador había abierto una licitación pública para contratar una consultora que auxiliara en ese análisis. Pero a fines del año pasado abortó el proceso, cuestionando a algunos oferentes por su compromiso con la política de los ‘90 o con sectores de la oposición. Aunque resultara justo y necesario, el incremento dispuesto a partir del 1º de julio se resolvió de modo más arbitrario y con menos transparencia de la que impone la ley y lo previsto por el propio kirchnerismo.

- Puree. Para compensar la estabilidad de las tarifas residenciales, las empresas venían reforzando su caja con lo recaudado a través del Puree. Este programa para estimular el ahorro de energía estipula cobrar una penalización a los usuarios que consuman por encima de lo que demandaban en 2005 y bonificar a los que ahorren sobre esa pauta. La realidad es que la gran mayoría de los clientes domiciliarios consumieron más, por lo que quedaba un saldo a favor que el Gobierno autorizó a las empresas a embolsar. Son cerca de 100 millones de pesos por año.

- Mayores costos. El Acuerdo de Renegociación de contratos fijó el monitoreo de mayores costos, contemplando un pedido que venían haciendo las distribuidoras. Como una especie de cláusula gatillo, si los insumos suben más del 5 por ciento, las empresas tienen derecho a una compensación. Algo relativamente riesgoso, si se tiene en cuenta que desde 2002 el cobre subió 500 por ciento y los salarios 290. En atención a esto, Planificación le cedió el saldo favorable del Puree. Pero desde ahora, contarán con la mitad de ese beneficio.