Desde Madrid

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio ayer un paso importante en la concreción de su promesa de otorgar el voto en las elecciones municipales a los inmigrantes de origen extracomunitario. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció el nombramiento de un “embajador en misión especial” cuya tarea será negociar con los países de origen de los inmigrantes acuerdos de reciprocidad que permitan también votar a los ciudadanos españoles emigrados que residan en sus respectivos territorios. En América latina, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela han firmado ya los acuerdos de cooperación y amistad que exige la Constitución española para otorgar este derecho a sus ciudadanos, aunque harán falta tratados complementarios.

El gobierno socialista tratará también de alcanzar estos acuerdos con Bolivia, Perú y Paraguay. Ecuador se queda por ahora fuera del alcance de este beneficio, a pesar de que los ecuatorianos son la mayor comunidad latinoamericana presente en España, porque su Constitución no permite esa reciprocidad. Aunque el país se encuentra en fase de modificar su Carta Magna y el presidente Rafael Correa ya ha anunciado que tratará de introducir esta posibilidad para que sus compatriotas también puedan votar en la península.

Fernández de la Vega entiende que de este modo el otorgamiento del derecho al voto a los extracomunitarios tendrá un “efecto limitado”, por lo que hará falta la labor del “embajador especial” para superar estos límites, incorporando más naciones en los acuerdos. Países como China, Guinea Ecuatorial, India, Argelia, Pakistán, Brasil, Ecuador, Guatemala o República Dominicana se quedan también fuera, ya sea porque en algunos de ellos no se celebran elecciones municipales o porque en otros hace falta cambiar su Constitución o la Ley Electoral para poder llegar a gozar de este beneficio, algo que, según estima la diplomacia española, requerirá de mucho tiempo por las dificultades que entraña llevar adelante este tipo de reformas.

De hecho, el Parlamento español también deberá cambiar su propia Ley Electoral para otorgar este derecho, una tarea nada fácil para el gobierno socialista, que no cuenta con la mayoría necesaria en la cámara para asegurarse la aprobación de un nuevo texto. De hecho, la propuesta ha sido bien acogida por la oposición y por los partidos minoritarios, aunque del buen recibimiento al apoyo efectivo hay un trecho largo.

En el caso de Izquierda Unida, por ejemplo, que ha sido pionera a la hora de enarbolar el derecho al voto de los inmigrantes, puede llegar a rechazar la ley si los socialistas no se muestran dispuestos a cambiar el sistema proporcional actual que beneficia a los partidos mayoritarios en detrimento de los más pequeños. Ayer Fernández de la Vega cerró de modo tajante esta posibilidad, a pesar de que durante las pasadas elecciones de marzo y en los días previos a la formación del nuevo gobierno de Zapatero el Partido Socialista había hecho más de un guiño a IU de que estaba dispuesto a abrir el juego.

El actual modelo, afirmó la vicepresidenta de gobierno, “ha contribuido decisivamente a la gobernabilidad y a la estabilidad política de España”. El Partido Popular, por su parte, comparte esta visión y, aunque no ha rechazado la propuesta socialista de otorgar el voto a los extracomunitarios, es probable que intente modificar la ley apenas ingrese en trámite parlamentario, algo que podrá ocurrir sólo después de que el “embajador especial” que nombrará el gobierno culmine su tarea.

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, Fernández de la Vega esbozó la propuesta de los socialistas para reformar la Ley Electoral, en la que también se incluye la posibilidad de que los españoles que residen actualmente en el exterior puedan votar por Internet en las elecciones locales, superando de este modo las dificultades técnicas que plantea el voto en las oficinas consulares o por correo. Si esta propuesta se aceptara, España introduciría por primera vez el voto electrónico en su sistema electoral, aunque estaría circunscripto a los residentes en el extranjero. Fernández de la Vega reconoció que su partido no cuenta con la mayoría suficiente para cambiar la ley y rogó a los partidos de la oposición que faciliten el máximo consenso para llevarla a cabo, un censo que ya faltó en otras ocasiones en las que se pretendió cambiar la legislación electoral española.

En España viven cerca de 4 millones de inmigrantes legales, el 10 por ciento de la población. El colectivo más numeroso lo forman los marroquíes, con 544 mil inmigrantes, seguidos por los ecuatorianos, que suman unos 380 mil. Los latinoamericanos en conjunto son 1.100.000. Después de los ecuatorianos, el grupo más numeroso proviene de Colombia, con 227 mil personas, y Perú, con 93 mil. Hay 92 mil argentinos en condición de votar, 60 mil dominicanos, 52 mil bolivianos, 40 mil cubanos, 32 mil brasileros, 30 mil venezolanos, 27 mil uruguayos y 22 mil chilenos.