La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) extendió los plazos que tienen las cerealeras para oficializar la exportación de granos una vez que obtienen la aprobación de su declaración jurada. Desde mayo el límite eran 45 días, pero a través de la implementación de un régimen especial optativo se ofrece tener 90 días para el trigo, 120 días para el maíz y 180 días para la soja. A cambio, el Estado exige que las cerealeras paguen las retenciones por adelantado al momento de declarar sus ventas y no cuando se concretan los embarques. El objetivo principal es destrabar los negocios de exportación, principal fuente de divisas del país, e incrementar la recaudación, aunque formalmente se dice que se busca “incorporar un mayor equilibrio en la cadena de valor al transparentar el proceso de formación de las operaciones de exportación de granos”.

Ricardo Echegaray, titular de la Oncca, se reunió ayer con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de Olivos para explicarle los alcances de la nueva norma. En la reunión también estuvieron el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, lo que revela la importancia que tiene para el Gobierno esta modificación en un momento en que están ingresando menos dólares de los previstos.

En mayo la Oncca dispuso, a través de la Resolución 543, achicar de un año a 45 días el plazo establecido para que las exportadoras pudieran anticipar sus ventas. Desde entonces, las firmas resisten la medida con el argumento de que no es posible en tan escaso tiempo programar operaciones comerciales. En los hechos, lo que hicieron fue prácticamente paralizar todos los negocios de exportación e interrumpir la liquidación de divisas.

Esta situación forzó al Gobierno a introducir una modificación en el sistema para agilizar la liquidación de divisas, dando el brazo a torcer frente a las grandes exportadoras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. Más allá de las quejas de las grandes cerealeras, quienes habían salido perjudicados con la medida oficial eran los productores porque las exportadoras les estaban pagando menos de lo que debían para cubrir riesgos ante la posible cancelación de embarques.

Esta nueva medida servirá además para evitar que el Estado se perjudique en caso de un cambio en el monto de las retenciones porque las cerealeras estarían pagando la alícuota por adelantado. En los últimos meses habían surgido controversias de ese tipo que llevaron a la Oncca a reclamarles a las cerealeras 1700 millones de dólares por la diferencia que se generó ante las sucesivas subas de retenciones, de noviembre hasta la actualidad. Eso es porque el registro de venta implicaba congelar tanto su valor como el monto de la retención a pagar. Al achicar la ventana a 45 días se había buscado en parte solucionar ese problema, pero como generó la cuasi paralización del comercio se buscó esta alternativa. En los próximos días se verá si la nueva resolución sirve para destrabar el comercio exterior o las exportadoras siguen retaceando la liquidación de divisas.