El proyecto del Gobierno sobre movilidad jubilatoria sumó nuevos cuestionamientos entre jueces de la Cámara de Seguridad Social, abogados porteños y el ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino. En la última ronda de consultas convocada por la comisión parlamentaria de Previsión, todos los invitados se expresaron en contra de los topes que establece la fórmula con que se ajustarían las jubilaciones a partir de 2009 y a favor de una recomposición de los haberes antes de que se instrumente la ley de movilidad. El martes, las comisiones de Previsión y Presupuesto comenzarán a realizar algunas “correcciones acordadas” al texto oficial y a elaborar los dictámenes. En tanto, el kirchnerismo afirma que el proyecto “sigue abierto” y ya trabaja sobre un texto que pueda lograr mayor consenso para tratarlo en el recinto, antes que concluya agosto.

El ombudsman de la Tercera Edad se mostró crítico con algunos de los índices que les ponen techo a los futuros ajustes jubilatorios. Semino dijo que se “inclinaría a relacionar la movilidad en los haberes con el salario”, y consideró que si se incorpora la recaudación como uno de los índices de cálculo, “que sea en términos generales, aunque no podría ser más de un 15 por ciento de la fórmula”. También pidió una “recomposición general de los haberes”, para que los futuros ajustes tengan “un piso más alto”.

“La reforma debe ser integral, porque los problemas van a subsistir”, advirtió el juez de la Cámara Federal de Seguridad Social Luis Herrero, que también reclamó que la “plata fresca” de la caja previsional debería estar administrada por sus beneficiarios. Una alusión directa a la participación de los jubilados en la administración de la Anses, cuya disposición “no se cumple”. Otro de los jueces, Néstor Fasciolo, se plegó al reclamo sobre los topes en la fórmula de ajuste y pidió que se respeten los índices de ajuste que se establecieron a través de los fallos judiciales.

Apoyado en un power point, Guillermo Jáuregui, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, mostró la evolución de las jubilaciones desde 1994 hasta la actualidad para reclamar “la reconstrucción de la pirámide del sistema público jubilatorio”, que ahora concentra al 67 por ciento de los beneficiarios en el haber mínimo. Jáuregui se mostró partidario de un ajuste previo de las jubilaciones con una premisa central: “Que el incremento mayor sea para los jubilados de mayor edad porque han soportado durante más años la postergación económica”.

En el Consejo Federal de Previsión de Seguridad Social, que nuclea a las cajas provinciales, los reclamos se dividen entre las cajas transferidas a la Nación y las que se mantienen en manos de las provincias. La situación de algunas de ellas desató un contrapunto entre Semino y el diputado cordobés César Albrisi. El ombudsman criticó la rebaja que el gobierno de Córdoba realizó a las jubilaciones y a su mentor, Osvaldo Giordano, “un hombre de la Fundación Mediterránea”. A viva voz, el legislador –alineado con Rodríguez Saá– le reclamó que “no haga juicios de valor sobre Giordano”. Semino afirmó que no se guardaría su opinión porque lo denunció ante la Justicia “cuando (Domingo) Cavallo era ministro de Economía”.

“El gran debate va a ser por la fórmula”, admitió a PáginaI12 el presidente de la comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig. El kirchnerista formoseño se mostró dispuesto a “consensuar” con la oposición varios de los aspectos cuestionados del proyecto: “Vamos a alcanzar un respaldo importante, aunque tengamos diferencias en algunos de los artículos”.

Por eso, en el oficialismo ya comenzaron a redactar algunas modificaciones que le harían al proyecto original, incluso retoques a la fórmula. Entre ellos, la incorporación del índice Ripte, que elabora la Anses sobre la actualización de los salarios, y no el del Indec, que también suma a los trabajadores no registrados, “tirando para abajo” uno de los principales componentes de la fórmula de reajuste. También quitarían que el cálculo sobre la recaudación se divida “por beneficiario”, condicionando el porcentaje de reajuste a la cantidad de jubilados que se vayan sumando al sistema.