En los primeros siete meses del año, cada cinco días, dos mujeres fueron asesinadas por su pareja, ex pareja o algún otro miembro de su entorno familiar en la Argentina. Según un monitoreo realizado por Amnistía Internacional a partir de las noticias publicadas en una decena de diarios nacionales y provinciales, entre el 1º de enero y el 31 de julio murieron así, al menos 81 mujeres. “La cifra es espeluznante. ¿Hasta cuándo va a esperar el Gobierno para reaccionar de manera contundente ante esta situación? El Estado argentino contrajo obligaciones nacionales e internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación de género”, señaló a PáginaI12 el director ejecutivo de AI Argentina, Rafael Barca. Y reclamó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la urgente implementación de un plan de acción contra la violencia de género y que envíe un mensaje a la sociedad de que el Estado argentino “no va a tolerar más esta violación de los derechos humanos”.

En agosto de 2007 el Poder Ejecutivo anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para combatir el maltrato familiar. La iniciativa, elaborada en el Ministerio del Interior en el marco de una amplia consulta a expertos, todavía no llegó a Poder Legislativo. Desde 2004 la ministra de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco tiene a su cargo la apertura de una oficina de orientación jurídica a víctimas de violencia doméstica en el ámbito porteño. Pasaron cuatro años desde que el ex presidente del máximo tribunal, Enrique Petra-cchi, le encomendó la tarea, y aún la oficina no abrió. Recién a mediados de septiembre empezaría a atender al público, según prometen en la Corte. Las dos acciones truncas son apenas dos ejemplos de la escasa importancia que parece tener el flagelo de la violencia de género para los máximos organismos del Estado.

El Congreso tampoco ha mostrado demasiado interés por la problemática. En 2006 un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a las víctimas obtuvo la aprobación de la Comisión de Familia. Pero nunca fue discutido en el recinto. Se trataba de una iniciativa de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez. El lunes, Rodríguez volvió a presentar el proyecto “ante la falta de voluntad del Congreso de fijar políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres”, dijo la diputada. Y añadió: “Las mujeres tienen más posibilidades de ser asesinadas o de sufrir ataques a su integridad personal por cónyuges, familiares y compañeros que por desconocidos. La verdadera inseguridad para las mujeres es el propio hogar, más que la calle”.

Dos casos en los últimos días mostraron la cara más dramática de la violencia machista. El martes, en Tucumán, apareció estrangulada por su ex pareja María del Carmen Pérez. Tenía 27 años y cinco hijos con su agresor. La joven había hecho varias denuncias por amenazas ante la policía y la Justicia. La suya, como la de otras víctimas de violencia doméstica, fue una muerte anunciada. Llegó a pedir ayuda a través de las cámaras de un canal local para “no aparecer en la tapa de los diarios luego de ser descuartizada”. “Hace cinco meses que decidí separarme porque él intentó asesinarme dos veces y nadie hace nada”, dijo Pérez, en abril. Diez días atrás, en Rosario, Gabriela Liliana Núñez, una adolescente de 16 años, fue muerta de un disparo en la cabeza por un joven conocido de ella, de 23 años, que la venía acosando hacía tiempo. “Andrés me quiere matar”, le alertó a una amiga a través de un mensaje de texto en la misma tarde en que fue asesinada.

“Tiene que haber una estadística nacional oficial. Es inexplicable que un gobierno que tiene como bandera la lucha por los derechos humanos, no se ocupe de un problema que sufren diariamente tantas mujeres y le cuesta la vida a un número espeluznante”, reclamó Barca.