Los industriales aplaudieron de pie el anuncio de cancelación de la deuda con el Club de París, pero las medidas que podrían traerles mayores beneficios concretos a los sectores amenazados por la importación pasaron relativamente inadvertidas durante el acto realizado en Casa de Gobierno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner comunicó ayer que las investigaciones motivadas por denuncias de dumping deberán resolverse en un plazo máximo de diez meses en lugar de los dieciocho que estaban previstos hasta ahora. Además, se anunció que el Banco Nación ofrecerá 200 millones de dólares a través de una línea de crédito para empresas brasileñas que quieran financiar la compra de bienes de capital argentinos y firmará un convenio con el BNDS para promover el desarrollo de cadenas de valor asociativas entre ambos países.

En su informe de agosto, la UIA reveló que las producciones de autos y metales básicos representaron el 67 por ciento del crecimiento industrial registrado entre enero y julio, dejando en evidencia una fuerte heterogeneidad. Si se hubiesen excluido ambos sectores del cálculo, en lugar de crecer 6,5 por ciento, el nivel de actividad se habría expandido 1,9 por ciento, debido a los flojos resultados de la industria textil, los plásticos y la metalmecánica.

Los industriales afirman que la caída de la competitividad se debe a la suba de costos y la baja nominal del dólar que promovió el Banco Central. A raíz de esta situación, en algunos casos comenzaron a retacear inversiones y a apostar por el negocio importador. Desde el Gobierno afirman que la baja del dólar es coyuntural y que no hay razones para dudar sobre la continuidad del modelo productivo desplegado en los últimos cinco años. Por eso ayer la Presidenta buscó disipar los temores existentes dejando en claro la voluntad de proteger a la industria.

El acortamiento de los plazos para las investigaciones sobre dumping busca evitar que los empresarios que denuncian competencia desleal se fundan esperando una protección que los ampare. El decreto 1326 de 1998 otorgaba un plazo máximo de 18 meses para que el Ministerio de Economía se expidiera sobre cada denuncia. Ahora deberá resolver en 10 meses. La mayor presión la van a tener los integrantes de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, un organismo desconcentrado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Industria y es el encargado de verificar si hay daño y si el mismo obedece al dumping. Está presidido por el ex director del Indec Alejandro Barrios, y entre sus vocales se destaca Beatriz Paglieri, que supuestamente reparte su tiempo entre esa comisión y el Indec.

Esa medida se complementaría con la ampliación de las licencias no automáticas, tal como adelantó el secretario de Industria, Fernando Fraguío, la semana pasada. Lo que se busca de ese modo es retrasar el ingreso de productos, fundamentalmente asiáticos, al mercado interno, porque los empresarios deben solicitar autorización al Ministerio de Economía para importar. Para el calzado las licencias están vigentes desde agosto de 2005 y en agosto del año pasado se comenzó a aplicar también a la capellada, un insumo central que representa casi el 60 por ciento del valor del bien. También rige para neumáticos, llantas y marroquinería. Si bien en el Gobierno no lo reconocen, se suele negociar informalmente con los empresarios el otorgamiento de las licencias de importación a cambio de un compromiso de mayor producción, porque muchos de los que importan son los mismos que fabrican el producto a nivel local.

En lo que refiere a financiamiento, la principal novedad fue el anuncio de los 200 millones de dólares que el Banco Nación pondrá a disposición de las empresas brasileñas a través de una línea de crédito destinada a financiar la compra de bienes de capital argentinos, a una tasa blanda aún no precisada y con un plazo de cinco años. El Nación ofrecerá estos créditos en las sucursales que tiene en San Pablo y Río de Janeiro y a través de convenios con bancos brasileños. También se adelantó que el Nación y el BICE celebrarán un convenio con el BNDS para promover el desarrollo de cadenas de valor asociativas entre ambos países, pero los detalles recién se conocerán el fin de semana, cuando Cristina Fernández de Kirchner viaje a Brasil para ponerle la firma.

En su discurso de ayer la Presidenta también dejó en claro que este apoyo debe tener como contraparte un mayor esfuerzo por parte de los empresarios. “La protección tiene que tener el correlato de la eficiencia, si no deviene en proteccionismo, ineficiencia y en transferencia injusta del Estado al sector privado”, afirmó. Ese desafío también lo tiene el Estado, porque en otros países que otorgan incentivos cuando la empresa que opera como contraparte no cumple el apoyo se le corta. Sin embargo, en Argentina los industriales locales recibieron subsidios y créditos a tasa blanda durante varias décadas sin que se les exigiera nada a cambio y en muchos casos eso no se tradujo en mayor eficiencia sino en márgenes de ganancia extraordinarios basados en precios altos y baja calidad. Esa situación luego les sirvió de argumento a los ideólogos del neoliberalismo para avanzar con una apertura indiscriminada de la economía, que borró del mapa a 10 mil industrias sólo entre 1998 y 2002.