Una nena de 12 años que fue violada y quedó embarazada está internada en el hospital pediátrico Humberto Notti, de la ciudad mendocina de Guaymallén. La mamá pidió a la Justicia que autorice la interrupción de la gestación por considerar que encuadra en los criterios de no punibilidad previstos en el Código Penal.

La nena de 12 años atendida en el Notti fue violada a la salida de la escuela en la localidad mendocina de Maipú, según publicó el diario mendocino Uno. En el trayecto a su casa, fue abordada por un encapuchado que, según los investigadores, ocultó su rostro porque es muy probable que la víctima lo conozca. El agresor la llevó hasta un descampado y allí la sometió. La pequeña volvió a su casa pero no relató lo sucedido porque el hombre la había amenazado, por lo que recién después de algunos días la madre notó que la chica no menstruaba y la llevó al médico, donde se enteró del embarazo de su hija. Llevaría ya más de un mes de gestación.

En el caso interviene el juez de Familia Nº 1 de Mendoza, Germán Ferrer, el mismo que dos años atrás se pronunció a favor del aborto solicitado por la madre de C.C.A., una joven de 25 años discapacitada mental, también abusada sexualmente (después se supo que el agresor había sido un cuñado), cuyo pedido llegó hasta la Suprema Corte provincial a mediados de agosto de 2006.

El viernes Ferrer recibió el pedido de autorización del aborto no punible de la madre de la niña. En el escrito, presentado por su codefensora pública, se argumenta que el caso cumple con los requisitos del artículo 86º del Código Penal, en el inciso 1º, que se refiere al aborto terapéutico, porque de continuar el embarazo se pondría en riesgo la salud psíquica de la niña, y también en el inciso 2º, porque se trata de un embarazo que proviene de una violación.

El magistrado dispuso inmediatamente una serie de medidas, entre ellas, que un médico certifique el embarazo y el tiempo de gestación, y pidió que intervenga y se expida el Comité de Bioética del Hospital Notti. A cargo de ese órgano se encuentra Marta Fracapanti, directora de la Maestría de Bioética de la Facultad de Medicina de Cuyo y del Consejo Provincial de Bioética, conocida en el ámbito de la salud por sus posiciones conservadoras. Fracapanti no quiso hablar del caso cuando PáginaI12 la ubicó telefónicamente.

El ministro de Salud de Mendoza, Aldo Sergio Saracco, dejó clara su posición frente al aborto, al ser consultado por PáginaI12 sobre el caso de la niña violada que presentó un pedido de interrupción del embarazo en la Justicia: “Tenemos una prioridad: preservar la vida de las personas, por nacer y ya nacidas”.

Saracco tiene en su despacho un proyecto de reglamentación de los abortos no punibles en la provincia, elaborado durante la gestión anterior, que tiene el visto bueno de la Asesoría Legal de la cartera, pero se resiste a ponerle la firma.

En la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación está pendiente el tratamiento del proyecto de reglamentación de los abortos no punibles, una iniciativa que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Salud. “Cualquier mujer que es violada y resulta embarazada tiene el derecho de recurrir a un aborto. No creemos que sea necesario que tenga una discapacidad mental”, opinó la diputada kirchnerista Nora César, presidenta de Legislación Penal.

César explicó que el proyecto busca “aclarar la auténtica interpretación que hay que hacer del artículo 86 inciso 1º y 2º del Código Penal”, que define en qué casos un aborto no es punible, y por tanto, no debe exigirse autorización judicial.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Salud, entran bajo ese paraguas los abortos terapéuticos –cuando hay peligro para la vida o la salud de la mujer y en esos cuadros se incluye los casos de violación o de un feto inviable– y cuando el embarazo proviene de un abuso sexual a una mujer idiota o demente.

La diputada, que es abogada, adelantó que impulsará algunas correcciones “técnicas” al dictamen de la Comisión de Salud. Todavía no hay fecha para su tratamiento. Según puso saber este diario, habría presiones del bloque kirchnerista para cajonearlo.

El texto considera que debe interpretarse como “no punible” la interrupción de un embarazo que proviene de una violación a cualquier mujer o si el feto es inviable, porque su continuación puede implicar un “peligro para la salud de la gestante”. En caso de violación, debe adjuntarse a la historia clínica la constancia de la denuncia policial o judicial.