Desde Santa Cruz

Con la oposición sin brújula y dividida, el gobierno de Evo Morales parecía al fin avanzar hacia la consagración de su nueva Constitución el 7 diciembre próximo. Pero volvieron a salivarle el asado, esta vez un organismo que hasta ahora se había alineado automáticamente con sus deseos: la Corte Nacional Electoral (CNE). El llamado “decretazo” disponía que por primera vez la población eligiera subprefectos en las 112 provincias de Bolivia y consejeros departamentales; se pronunciara sobre la nueva Constitución y decidiera cuánta tierra puede poseer una persona: cinco mil o 10 mil hectáreas. Pero la CNE pide que la convocatoria sea mediante ley, no por decreto. Desde el gobierno aseguraron que el decreto es legal y no es necesaria una ley del Congreso, que de todos modos no se puede debatir por las diferencias insalvables entre las fuerzas políticas. Aún no se sabe quién gestionará las elecciones, si la CNE se niega ante la posibilidad de que el referéndum de diciembre sea causa de enfrentamiento entre bolivianos.

Desde hace varios días intentaba reunirse el Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por Chuquisaca, Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz. Pero diferencias internas no lo permitían. Teóricamente iban a encontrarse anoche en esta ciudad, donde evaluarían la postura de la CNE e idearían estrategias para que el gobierno les devuelva el 30 por ciento de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) quitados para financiar una renta vitalicia de vejez. “No vamos a renunciar a nuestros recursos, que nos corresponden por derecho. Vamos a luchar contra el proyecto hegemónico del presidente Morales. Nosotros claramente lo hemos dicho y mantenemos nuestro principio: no va a haber ese referendo el 7 de diciembre en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca”, dijo el prefecto cruceño, Rubén Costas.

El malestar en la Media Luna viene de las acciones prometidas –y no cumplidas– para presionar al gobierno en la devolución del IDH y en la suspensión de las elecciones de diciembre. En el oriente boliviano debería haber un “paro cívico” indefinido desde hace una semana, pero sólo se cumple en el sur, donde los cívicos cortan la ruta a Paraguay y a Argentina, por la localidad salteña de Salvador Masa. Pero en Santa Cruz nadie bloquea porque en septiembre tiene lugar Expocruz, similar a la Feria de la Sociedad Rural Argentina. Los cívicos de Tarija se fueron del Conalde, que los “desilusionó”. Los cívicos de Beni tampoco bloquean pero tienen el posicionamiento más radical: proponen que los departamentos de la Media Luna formen una “confederación”, a la manera de Brasil, Argentina o México, con un “presidente interino”.

La decisión de la CNE trajo aire a la oposición. “Hoy hemos decidido hacer conocer al señor presidente de la República que en tanto no se solucionen los impedimentos de orden legal no podemos administrar estos procesos”, dijo el presidente de la corte, José Luis Exeni. Según la CNE, hacen falta 120 días para preparar elecciones, pero el decreto de Morales sólo les dio 102 días. Además, “el Código Electoral no regula procesos electorales para la selección de consejeros departamentales y subprefectos”, dice la CNE. El organismo también solicitó una auditoría al padrón electoral. Y declaró la ilegalidad de la consulta autonómica del 30 de noviembre, ordenada por la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar; y la del 25 de enero suscrita por el “gobernador” Costas.

El ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, indicó que recibieron la nota “con sorpresa. Hemos establecido que no tiene efectos jurídicos y no tiene efecto vinculante. La CNE no puede suspender los referendos y está obligada a continuar administrando el proceso”. Pero no detalló cómo se puede obligar a la CNE.

El “decretazo” de Morales invita a actuar violentamente a cívicos y prefectos opositores. Al rosario de agresiones diarias se sumaron el lunes la toma y saqueo de la Delegación Presidencial cruceña. Ayer fue golpeado un sacerdote por trabajar con organizaciones sociales y un turista venezolano por venir de donde gobierna Hugo Chávez. En tanto, el gobierno nacional ordenó la protección militar de oficinas públicas y campos petroleros en Santa Cruz y Tarija.

Desde Irán, Morales dijo lamentar “que la CNE esté a contramano del pueblo boliviano, que mandó consolidar el proceso de cambio. Es una decisión que tomaron subordinándose a la derecha neoliberal, porque el cuestionar y hacer una auditoría sobre el padrón electoral es una medida a pedido de la derecha, de los prefectos (gobernadores) que obedecen a intereses de grupos y no del pueblo boliviano”.