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En el Ministerio de Economía le daban ayer las puntadas finales a una resolución que le dará luz verde, en un término no mayor a 60 días, a sendos “aumentos de emergencia” en las tarifas de electricidad y de gas natural distribuido por red. El ajuste se ubicaría en el orden del 8 al 10 por ciento en una primera etapa –tendría vigencia a partir de diciembre– y se escalonaría con un segundo aumento, similar o algo inferior, aplicable a partir de marzo o abril del año entrante.
Tras el fracaso de la anterior convocatoria a audiencias públicas –por el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría del Pueblo y las entidades de consumidores–, el nuevo mecanismo se alineará con lo previsto en los marcos regulatorios de las privatizaciones del servicio eléctrico y del gas, buscando rodear de legalidad al nuevo intento. El primer paso ya fue dado: al menos una empresa transportista de gas y una distribuidora eléctrica se han presentado reclamando “la aplicación del artículo 46” de los marcos regulatorios, que en forma coincidente prevén la posibilidad de modificar tarifas “por razones de fuerza mayor”. El segundo paso se dará en las próximas horas: Economía dictará una resolución que habilita a los entes reguladores (del Gas y de Electricidad) a intervenir en temas de tarifas de transporte y distribución.
Sin otros obstáculos legales, el ENRE y el Enargás pedirían la semana próxima la convocatoria a audiencia pública para ser concretadas no antes de 30 días y previa difusión de las demandas de aumento de los peticionantes. Una vez concretadas las audiencias, los entes tendrán un plazo perentorio para responder a los requerimientos. En caso de vencer esos términos, el pedido de las empresas quedaría como aumento en firme, de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes. El cumplimiento de dichos plazos, estiman en el Palacio de Hacienda, permitiría tener definido los aumentos en poco más de 45 días: es decir que serían aplicables a partir de diciembre.
Las concesionarias gasíferas y eléctricas ya expusieron, ante la anterior convocatoria, sus demandas de aumento de tarifas, contemplando por un lado lo que consideran una “urgencia” y por otro los ajustes que entienden necesarios para restablecer el equilibrio en su ecuación económica. Los aumentos solicitados varían entre el 25 y el 70 por ciento, medidos por el impacto que tendrían sobre la tarifa final.
El criterio que se discute en Economía –y deberían adoptar como propio los entes para llevarlo a los hechos– es “reconocer” la necesidad de un incremento inmediato de no más de un 10 por ciento, manteniendo la excepción para los clientes de bajo consumo eléctrico y de hogares con menor nivel de ingreso entre los usuarios de gas natural, a los que no se les aplicaría aumento alguno. Es lo que la Secretaría de Energía denomina en forma errónea “tarifa social”. A la vez, se resolvería por anticipado un segundo aumento, a ser aplicado en un término de tres o cuatro meses posterior al primero, del orden del 6 al 8 por ciento.
“Es verdad que la resolución del incremento será política, pero no podemos ceñirnos en estos momentos a criterios estrictamente técnicos”, señaló ayer a este diario una fuente oficial. “Habrá consultas entre los entes y Economía”, confió, sin que ello dañe la independencia de los primeros y su facultad para decidir, en última instancia, el quántum de los aumentos. Entre esos criterios políticos más que técnicos, se prevé contemplar “que las empresas concesionarias cuenten con un horizonte de ingresos por seis meses como mínimo, que les permita sentarse a renegociar sus deudas externas”. La fuente agregó que “más allá de ese plazo, estaríamos haciendo futurología”, aludiendo al marco de incertidumbre política que rodea proyecta sobre un plazo mayor. No descartó, en cambio, que pasado ese lapso se vuelva a entablar una negociación para ver cómopodrían recuperarse las tarifas en un mediano plazo, atado al compromiso de retomar los planes de inversión.
La alternativa de recurrir a la letra de los marcos regulatorios para “salvar” el obstáculo impuesto por la Justicia, al menos para los aumentos de la luz y el gas, está bajo análisis del Palacio de Hacienda desde hace diez días, tal como anticipó Página/12 el jueves último (“El tarifazo viene por otra vía”, página 9). Pero recién el último fin de semana recibió el acuerdo presidencial. Roberto Lavagna, en una entrevista publicada este lunes por Infobae, declaró que estaba “buscando un mecanismo legal que permita actualizar tarifas” y agregó que “éste es el momento de hacer el ajuste, porque no en forma inmediata, pero sí en 60 o 90 días, podemos empezar a notar cierto deterioro en los servicios”. Ayer fue el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, quien volvió sobre el tema, asegurando que el proceso de renegociación debería pasar “inevitablemente” por audiencias públicas.
Los especialistas aseguran que el mecanismo que ahora se encara tiene muchas más garantías de orden legal que el intentado anteriormente. Nadie puede garantizar, en cambio, que en las actuales circunstancias resulte políticamente viable.