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El Gobierno lanzó la segunda convocatoria a audiencias públicas para poder autorizar aumentos en las tarifas de luz y de gas, esta vez a través de llamados realizados por los entes reguladores. Los debates comenzarán el 18 de noviembre con el análisis de los ajustes pretendidos por todas las empresas que realizan transporte y distribución de gas y los transportistas de energía eléctrica.
De esa manera, la administración de Eduardo Duhalde materializará un nuevo intento de autorizar el incremento tarifario que reclamaron las prestadoras de aquellos servicios. Estos incrementos, sin embargo, estarán muy por debajo de lo que aspiran las empresas, ya que Roberto Lavagna reconoció su intención de autorizar subas próximas al 10 por ciento antes de fin de año, contra más del 30 que reclamaron las empresas.
El primer llamado para realizar audiencias resultó fallido, ya que las organizaciones de consumidores lo impugnaron judicialmente con el argumento de que se trataba de un mero intento para convalidar una decisión política ya tomada. A raíz de esto, el Gobierno decidió aprovechar una recurso que plantean los marcos regulatorios de las privatizaciones eléctricas y gasíferas: estas leyes permitan a las prestadoras reclamar a los entes reguladores cambios tarifarios alegando la ruptura de la ecuación económico-financiera prevista en el contrato.
En la ocasión anterior, las empresas presentaron ante la comisión renegociadora de las privatizaciones –grupo que funciona en la órbita de Economía– sus pretensiones de ajustes tarifarios, los mismos que deberían ahora elevar, pero al Enargás y al Enre. Hasta ayer, justamente, las distribuidoras eléctricas aún no habían formalizado este trámite, razón por la cual no había fecha prevista para las audiencias que resuelvan sobre estos precios a los usuarios finales.
Pero el Gobierno sí resolvió que a partir del día 18 de noviembre tendrá lugar una serie de encuentros para desmenuzar los costos operativos del conjunto de empresas proveedoras de gas y de las que transportan electricidad. El mecanismo tiene como disparador el reclamo empresario, luego del cual cada ente dispone de un plazo determinado para expedirse sobre el tema: 15 días después de la audiencia el Enargás y 120 días luego del pedido de la prestadora el Enre.