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Por orden del juez Octavio Lagos de la Madrid, personal judicial y policial trabajó ayer durante siete horas en la sede central de Transportadora General del Norte recopilando documentación que, entre otros puntos, apuntó a constatar el movimiento de personal que hubo en el edificio los días 21, 22 y 23 de diciembre, según precisó la propia privatizada. El interés prioritario de los visitantes habría sido el acta de directorio en la que se resolvió suspender el pago de 21 millones de dólares que la concesionaria debía hacer el 31 de diciembre, primer paso para la cesación de pagos de la empresa intervenida desde aquel momento.

“El allanamiento es competencia de la Justicia y no nuestra. Con las facultades propias del ente, intervinimos la empresa en resguardo de los usuarios y denunciamos presuntas irregularidades en los libros contables”, precisaba ayer ante este diario un vocero del Ente Nacional Regulador del Gas, órgano estatal que promovió esas dos medidas contra la sociedad que lidera Techint, controlante de Gasinvest, a su vez tenedor mayoritario de las acciones de la transportadora más grande del país.

La intervención fue dispuesta después de que TGN diera a conocer su voluntad de refinanciar compulsivamente su deuda, con el argumento de que esa cesación de pagos podría comprometer la calidad de la prestación. Pero poco después de que el interventor designado asumió su cargo, el Enargas añadió una denuncia penal en contra del encargado de asuntos legales de la empresa por la supuesta adulteración de los libros de contabilidad. En el marco de este proceso es que ayer se dispuso aquel desembarco de funcionarios judiciales y policías para recabar información durante todas aquellas horas.

Los funcionarios hicieron un back up del registro informático de la computadora en la que se registra el movimiento de personas que entran y salen de la empresa y otro de la computadora de la secretaría del directorio, desde la cual se habrían enviado los mails para la convocatoria a la reunión de directorio del 22 de diciembre en la que se decidió el default. Según el ente regulador, no se habría cumplido con las formalidades requeridas para ese cónclave, con lo que la decisión de no pagar la obligación que vencía el último día de 2008 sería inválida. No es un dato menor que la Anses sea uno de los principales acreedores que serían deshonrados por esta determinación.

TGN hizo luego su

descargo ante la Comisión Nacional de Valores, asegurando que la postergación del pago de su deuda no pone en riesgo la capacidad de la empresa para prestar el servicio de transporte de gas y que procedió “con transparencia” y según las formalidades exigidas por la ley. Los elementos que el juez reemplazante de Rodolfo Canicoba Corral ordenó reunir ayer podrían ayudar a develar este misterio sobre la empresa “coadministrada” por un funcionario.