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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso ayer el allanamiento de la ANSeS, para que el organismo que conduce Amado Boudou entregue información sobre el índice de variaciones de las jubilaciones que aplicará a partir de este mes. El procedimiento judicial se llevó a cabo luego de un reclamo formulado por el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien acusó al Gobierno de no cumplir con el fallo de la Corte Suprema (caso Badaro) que estableció como movilidad jubilatoria el 82 por ciento del salario mínimo. Boudou criticó la actitud de Mondino y volvió a ratificar que el primer aumento por movilidad será del 11,69 por ciento, mientras que el segundo sería en septiembre y rondaría el 8 por ciento.

Mondino le había solicitado a la ANSeS la información relacionada a “la metodología de cálculo de las variables incluidas en las ecuaciones que determinan la movilidad jubilatoria, definidas en el Anexo de la ley 26.417”, explicaron fuentes judiciales. Según la Defensoría, la entidad que conduce Boudou se habría rehusado a proporcionar esa información. De ahí el pedido judicial realizado por Mondino para allanar la entidad en busca de la “fórmula de la movilidad”.

Frente a este allanamiento, el titular de la ANSeS señaló que Mondino podría haber encontrado esos datos en el sitio web de su organismo como en la página de la AFIP o la Secretaría de Seguridad Social. Boudou cuestionó el accionar de Mondino y aclaró que “el aumento de marzo no será el único, ya que en septiembre habrá otro”.

“No es verdad que la información esté disponible en la página web del organismo. Esto ya ha pasado otras veces, la ANSeS tiene como principio negarnos información”, retrucó el defensor del Pueblo. Para Mondino, la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada el año pasado por el Congreso “es una nueva estafa, ya que por ese índice nuestros abuelos están atrasados un 41 por ciento” respecto de lo que deberían cobrar si fuera igual a lo que la Corte Suprema dispuso en el caso Badaro.

“La movilidad dispuesta por el Gobierno recorta arbitrariamente el incremento a que tienen derecho los jubilados y pensionados”, indicó el ombudsman. Este argumento es similar al que utilizó la oposición durante el debate parlamentario del año pasado, cuyos legisladores (de la UCR, Coalición Cívica y algunos ex kirchneristas) calificaron el aumento por movilidad como “confiscatorio”.

Desde el Poder Judicial señalaron que “se encuentra pendiente ante la Corte Suprema el juicio en el que el ombudsman solicita que los haberes de todos los jubilados se actualicen de la misma forma que el máximo tribunal ordenó para el fallo Badaro”.