Los países del G-20 se comprometieron a acabar con el “secreto bancario” y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) difundió un documento sobre el comportamiento de los Estados con respecto al intercambio de información fiscal que provocó la reacción de los países aludidos. Uruguay, uno de los destinos más utilizados por los argentinos para fugar capitales, figuraba en la lista negra con las jurisdicciones que no cooperan. Un día después de conocerse la publicación, el gobierno accedió a comprometerse con los estándares de transparencia internacionales y el intercambio de datos para quitarse el estigma. El proceso de implementación es lento y puede demorar varios años, pero abre la posibilidad para el intercambio de información bilateral sobre los argentinos que tienen depósitos y propiedades sin declarar en el país vecino. Existen antecedentes de empresas fantasma radicadas del otro lado del Río de la Plata que sirvieron como intermediarias en el pago de coimas de los escándalos IBM-Banco Nación, Siemens y el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Según los últimos datos disponibles del Banco Central de Uruguay, el 15 por ciento de los depósitos en moneda extranjera de su sistema bancario pertenecen a no residentes. Se estima que el 90 por ciento de esos 2400 millones de dólares pertenecen a argentinos. Para algunos ex funcionarios uruguayos, los gobiernos de la Argentina y Brasil presionaron a la OCDE para que incluya a Uruguay entre los países que no cooperan y podrían ser sancionados. Desde el gobierno argentino rechazaron las acusaciones y remarcaron que el país no forma parte de la poderosa organización. Las autoridades uruguayas aseguraron que habían adherido el lunes y que se trató de un error.

“Salimos de la lista negra, aparentemente no habían interpretado bien la información que habíamos mandado”, explicó el ministro de Economía del país vecino, Alvaro García. La OCDE se limitó a darle la bienvenida a la suscripción formal del gobierno uruguayo.

La adhesión uruguaya abre la posibilidad para llegar a acuerdos e iniciar relaciones bilaterales para compartir información sobre casos de corrupción o evasión fiscal por la compra de propiedades no declaradas en Punta del Este y otros destinos vacacionales. Desde el gobierno uruguayo destacaron el compromiso de su país, pero reconocieron que “llegar a ese nivel de intercambio tomará mucho tiempo, acuerdos y arduas negociaciones, pero es una primera etapa”.

El gobierno de Tabaré Vázquez consideró que ahora su país quedará “ubicado en un status similar al de Chile”, que no figura como paraíso fiscal, sino en la categoría “Otros Centros Financieros”, con países como Suiza, Austria y Bélgica. Los sistemas bancarios de estos Estados quedaron en el ojo de la tormenta con el estallido de la crisis y tuvieron que acceder a compartir información y levantar el secreto bancario en algunos casos específicos para evitar sanciones.

“Sin que quede lugar a ningún tipo de dudas, Uruguay no es paraíso fiscal, ya que existe el Impuesto a la renta de los no residentes”, aseguraron. Si bien no existe una definición formal, para la OCDE un refugio fiscal reconoce cuatro factores clave para identificarlos: inexistencia, o tasas muy bajas, de impuestos a los ingresos, ausencia de transparencia fiscal, atracción de empresas “pantalla” y falta de cooperación en el intercambio de información. En Uruguay el secreto bancario rige desde 1982, es “casi imposible” lograr que las autoridades impositivas cooperen facilitando información y además permite (hasta 2011) la localización de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), empresas fantasma, para evadir impuestos.

El año pasado los depósitos de los no residentes en Uruguay crecieron un 42 por ciento, impulsados en gran parte por la fuga de capitales desde la Argentina. Entre septiembre y octubre, cuando estalló la crisis, la fuga de capitales argentinos a través de Uruguay se disparó. Mediante una operatoria conocida como “contado con liquidación” –se compra un bono local que cotice en el exterior, en pesos, y se vende en Nueva York en dólares, y el dinero se deposita en una cuenta afuera– se registraba una salida diaria por volúmenes que rondaban los 200 millones de dólares. No todos tenían como destino final Uruguay, pero muchas veces el comitente era una sociedad de bolsa de ese país. “El problema es que como Uruguay no firmaba los acuerdos de cooperación internacional, no se podía solicitar información sobre el destino final del dinero”, explicaron desde la Comisión Nacional de Valores. En noviembre, para entorpecer la operatoria y agregarle riesgo, la CNV y el Banco Central dispusieron que los bonos se debían mantener en cartera un mínimo de 72 horas.

Jorge Gaggero, especialista en temas tributarios del Cefidar, se mostró escéptico sobre el avance que implica la “nueva” posición uruguaya y consideró el tema debería ser tratado a nivel regional y no mediante la OCDE. “Ni Brasil ni la Argentina logran que el pequeño país hermano les proporcione información catastral de Punta del Este, ni tampoco ha cesado el uso de sociedades pantalla por parte de empresas y personas jurídicas residentes en la Argentina y Brasil que desean sustraerse a la acción de los fiscos”, apuntó Gaggero. Para el economista, en los últimos años no se registraron acciones relevantes del Estado nacional para “forzar los límites informativos e institucionales que genera una situación de tanta debilidad y peligrosidad que erosiona la situación fiscal”. En ese sentido, el candidato presidencial José “Pepe” Mujica se muestra más preocupado que sus pares. El senador uruguayo sostuvo recientemente que “el secreto bancario cumplió una etapa y no está para nada a tono con una política de integración”.

El G-20 amenazó el jueves con sancionar a las jurisdicciones que no cooperan. Todavía no está claro qué acciones se tomarán y los anuncios sobre el fin del secreto fiscal parecen exagerados. Pero una de las medidas posibles es presionar a los países bloqueando el fondeo de los organismos internacionales de crédito, algo que podría afectar considerablemente la economía uruguaya.