En un documento con pretensiones de ser un severo diagnóstico sobre la realidad del sector energético, fuertemente crítico del modelo actual pero sin el menor juicio o evaluación sobre el modelo privatizador anterior, ocho ex funcionarios en el área durante los últimos gobiernos jugaron sus fichas a abrir un debate sobre la política de largo plazo en la materia. El ministro de Planificación recogió el guante, descalificando el documento por “malicioso” y políticamente intencionado. El bloque duhaldista de diputados, con Felipe Solá y Jorge Sarghini como referentes, redobló la apuesta de los firmantes reclamando una audiencia pública para cuestionar la política actual. El modelo de “bancada rural”, activa militante legislativa en favor de la patronal agropecuaria, busca resucitar pero bajo la invocación de las petroleras.

El trabajo que lleva la firma de los radicales Jorge Lapeña, Daniel Montamat, Raúl Olocco y Roberto Echarte, los menemistas Julio César Aráoz y Alieto Guadagni, Emilio Apud de Recrear y el duhaldista Enrique Devoto, todos ex funcionarios del área entre 1983 y 2003, califica al sector energético de tener “un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto”, cuestionando la política actual imputándole “visión cortoplacista, no planificada a largo plazo”.

Sin hacerse cargo de las consecuencias de la gestión energética de los anteriores 20 años, el documento de los ex funcionarios advierte que las inversiones en el sector están retrasadas y que el funcionamiento del sistema es en la actualidad “técnicamente deficiente con perspectivas a agravarse”.

Agrega que “las reservas de petróleo y gas natural disminuyen y no se han descubierto nuevos yacimientos de tamaño significativo en los últimos quince años”. En la única alusión a los resultados de las políticas de gobiernos anteriores, el documento se queja de que “lamentablemente, la exploración de riesgo, el verdadero corazón de la actividad petrolera, muestra un notable retroceso en las últimas dos décadas, mostrándonos una performance decreciente que es muy urgente revertir”. Pero no llega en el análisis a señalar la responsabilidad de la política de desregulación del sector y desmantelamiento de la YPF estatal en estas consecuencias.

En otro párrafo del documento, leído por Lapeña, indica que “la producción gasífera doméstica está en decadencia desde 2004 y, con demanda interna en ascenso, se necesita recurrir a importaciones crecientes de gas natural para abastecer sus consumos futuros, sin que existan proyectos desarrollados para tal fin por falta de planificación energética”. Sugiere luego que “la Argentina se encamina hacia la pérdida del autoabastecimiento energético que exhibe desde hace casi dos décadas, hecho que de concretarse debilitará significativamente los saldos de la balanza comercial”.

Con respecto al sector eléctrico, señala “serias dificultades para ampliar la oferta en nueva generación: el sector privado no cuenta en la situación actual con las condiciones mínimas para invertir y el Estado, cuando lo hace, actúa en forma no planificada”. Vale recordar que, al menos, la gran mayoría de los ocho firmantes se desempeñan en la actividad privada como asesores de las principales empresas del sector, de cuyos intereses evidentemente no se cuidan de tomar distancia.

El documento fue presentado ayer en el Instituto Argentino de la Energía, un día después que la Facultad de Ingeniería (UBA) se negara a cederle un espacio en esa casa de estudios al considerar que la convocatoria tenía carácter político partidario. Lapeña consideró ayer que se trataba de “una interpretación errónea”, argumentando que “ninguno de nosotros es candidato a ningún cargo electivo”.

Julio De Vido, ministro de Planificación, opinó que quedaba claro que el informe “es un planteo tendenciosa y maliciosamente politizado, seguramente porque ellos, cuando estuvieron al frente de carteras en el área, tuvieron una gran suma de fracasos. Sus críticas de ninguna manera son pertinentes”. De Vido recordó aspectos de la gestión de cada uno de los firmantes, aludiendo a los “apagones en plena recesión” de la etapa que gestionó Lapeña, la corta actuación de Aráoz porque “Menem lo tuvo que sacar por haber rebajado las regalías a las provincias petroleras”; Guadagni, “tal vez uno de los peores, porque quitó a las provincias patagónicas el subsidio al consumo de gas”, y la pérdida con la que YPF fue trasladada del gobierno radical al menemismo en 1989.