Las autoridades reguladoras del mercado argentino presentaron formalmente su rechazo a la firma del memorando de entendimiento financiero entre los países del Mercosur. Tal como anticipó Página/12, se solicitaron cambios en la normativa vigente en Uruguay –que sigue privilegiando el “secreto bancario” mediante salvaguardas a la información– para aprobar el documento que permitiría excluir a ese país de su condición de paraíso fiscal. Los representantes de Brasil y Paraguay se sumaron al pedido argentino en la reunión de esta semana en Asunción, a fin de que el acuerdo contemple la libre disponibilidad de datos financieros entre los socios del bloque. Por su parte, el gobierno uruguayo intentó cortarse solo buscando acuerdos bilaterales, como el que tiene con Chile, pero la posición general fue de llegar a un memorando multilateral. La preocupación uruguaya es alcanzar algún tipo de acuerdo regional que evite que el país vuelva a la lista de refugios off-shore que difunde la OCDE.

Luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispusiera limitar la operatoria de compra y venta de valores negociables con los paraísos fiscales, el gobierno del país vecino puso el grito en el cielo por considerar no ser merecedor de ese estatus. Desde la administración de Tabaré Vázquez se manifestaron esperanzados en arribar a un acuerdo en la reunión del Mercosur en Asunción, que tuvo lugar el martes y miércoles de esta semana, que volvería a colocar a Uruguay en la condición de país cooperante. Para eso, prometieron que las sociedades que operan como verdaderos sellos de goma para la fuga de dinero serían desactivadas el año próximo. Sin embargo, el documento que fue enviado para su tratamiento a los socios del bloque fue considerado como insuficientemente riguroso.

La CNV, que conduce Eduardo Hecker, había adelantado que la propuesta sería rechazada. “Se estableció un memorando de entendimiento para que se brinde información entre los países miembro del Mercosur, tal como tiene la Argentina con Brasil y Paraguay. Sin embargo, en el caso de Uruguay la situación es diferente, porque insiste con el secreto bancario”, explicó a Página/12 el vicepresidente del organismo, Alejandro Vanoli. El funcionario advirtió que “se busca una cooperación efectiva en línea con elevar los estándares de regulación a nivel global, sin secretos ni paraísos al delito”.

Las objeciones fueron finalmente planteadas en la reunión de mercado de capitales, un subgrupo de trabajo dentro de la esfera del directorio técnico del Mercosur. Los reguladores argentinos justificaron su rechazo a firmar “algo que no implique conocer efectivamente y sin reservas al cliente final ante sospechas de delitos de lavado de dinero o narcotráfico, evasión impositiva o violación a leyes cambiarias”, relataron a este diario fuentes de la entidad. Pero la sorpresa apareció con las disertaciones de las autoridades de Brasil y Paraguay, quienes presentaron críticas similares y pidieron una reformulación de las condiciones por parte de Uruguay. Los uruguayos intentaron negociaciones bilaterales que no tuvieron éxito. La posición del bloque –obviamente, no de Uruguay– fue la de consensuar una “regulación fuerte común” y “multilateral”. Es por eso que se combinó un encuentro (aún sin fecha ni lugar establecidos) antes de la próxima reunión técnica del Mercosur, que será en seis meses, para presentar un nuevo “borrador” sobre el cual pueda trabajarse en el próximo cónclave.

De todos modos, la tarea será del gobierno uruguayo. Sucede que la carta que se elaboró a nivel regional contiene varias cláusulas para proteger bajo el secreto bancario la identidad de posibles infractores. A modo de ejemplo, el gobierno de Tabaré insiste en que levantaría el secreto bancario, que rige desde 1982, cuando exista un Tratado de Doble Tributación (DTA) bilateral con el país solicitante. Los DTA buscan evitar la doble imposición e impulsar la inversión extranjera. Al momento de pagar impuestos, estos acuerdos favorecen al país de origen, que es el que tiene el derecho de recaudarlos, y no al lugar donde efectivamente se realiza la actividad económica. De esta manera, es Uruguay el que elige con qué países acordar.