Toda derrota electoral de cualquier partido oficialista suele generar incertidumbre en materia económica, sobre todo cuando se produce promediando un mandato presidencial. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros momentos de la historia, las principales variables macroeconómicas se encuentran sólidas y ése será el principal activo que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para disipar los temores. Ahora bien, para gestionar será necesario ampliar consensos, de lo contrario el camino se volverá cuesta arriba. En el horizonte próximo aparece la convocatoria al Consejo Económico y Social, la regeneración de la confianza en torno del Indec y el intento de negociar con los organismos financieros internacionales, sin que eso implique condicionamientos a la política económica. El principal punto de tensión volverá a ser la negociación con las entidades rurales.

- Consejo Económico y Social. El Gobierno quiere crear un ente tripartito para trabajar junto a las cámaras empresarias y las centrales sindicales en la búsqueda de consensos básicos que permitan diseñar la política económica. Fue una propuesta de la campaña presidencial que no se pudo concretar en 2008 por el conflicto con el campo. A comienzos de este año se retomó la iniciativa, pero el adelantamiento de las elecciones hizo que se la mandara nuevamente al freezer. Antes de conocerse la derrota, la intención oficial era darle impulso de nuevo y ahora la necesidad es mayor aún. Para ello se deberán limar asperezas con los dirigentes de la UIA, lo cual seguramente implicará ceder en algunos de sus reclamos, y con los ruralistas que integran la Mesa de Enlace, esto último parece lo más difícil (ver aparte).

- Indec. Las estadísticas oficiales perdieron credibilidad de manera alarmante en los últimos dos años y medio. Los empleados desplazados del Indec, los partidos políticos de la oposición, las consultoras privadas e incluso algunos sectores afines al Gobierno denunciaron oportunamente una manipulación de las cifras y señalaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, como el responsable directo, pese a no tener ninguna vinculación formal con el organismo. En las últimas semanas, desde el Gobierno dejaron trascender que evalúan designar un comité de notables para que intervenga en el Indec y le devuelva la confianza perdida. No es la primera vez que lo prometen, pero la amenaza de una mayoría legislativa opositora en el Congreso que a partir de diciembre haga del tema una bandera los llevaría, esta vez sí, a avanzar con algún tipo de reforma.

- Relación con el FMI. En el Ministerio de Economía tiene consenso desde hace varios meses la idea de volver a pedirle dinero prestado al Fondo Monetario Internacional para sobrellevar con más holgura el impacto provocado por la crisis económica internacional, pero la presidenta Fernández de Kirchner dejó en claro que no retomará las relaciones con el Fondo si este organismo sigue poniendo como condición para el acceso al financiamiento la aplicación de recetas neoclásicas. Hasta ahora la “renovación” que introdujo Dominique Strauss-Kahn fue sólo discursiva porque, como bien detalló el economista Mark Weisbrot en este diario el pasado 7 de mayo, en nueve de los acuerdos que el Fondo negoció desde septiembre de 2008 –incluyendo varios con países de Europa oriental, El Salvador y Pakistán– figuran elementos de políticas económicas de contracción. Por ejemplo, El Salvador tuvo que comprometerse a que no va a apelar a una política fiscal expansionista –como lo está haciendo Estados Unidos– para contrarrestar la caída de su economía. Lula da Silva le adelantó a la Presidenta que los países del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) seguirán presionando en forma conjunta para que el FMI abandone esas exigencias, pero el resultado de la negociación es incierto. Si no se logra superar ese escollo, un regreso al Fondo sería visto como un retroceso, sobre todo después de haber cancelado la deuda con el organismo hace apenas tres años y medio para evitar esas exigencias.

- Dólar. En las últimas semanas, se instaló el rumor de que luego de las elecciones el Gobierno impulsaría una devaluación del peso para mejorar la competitividad de la economía, como vienen pidiendo los principales referentes de la Unión Industrial Argentina. Esa especulación pareciera partir del supuesto de que hasta ahora el dólar se mantuvo sin cambios, pero lo cierto es que en los últimos diez meses la cotización de la divisa estadounidense trepó de 3,05 a 3,81 pesos (25 por ciento). Es difícil creer que el Banco Central vaya a impulsar una devaluación más brusca y el mercado pareciera no estar en condiciones de torcerle el brazo. Los 46.200 millones de dólares de reservas aparecen como un respaldo sólido en la coyuntura actual y en los primeros cinco meses del año el superávit comercial, pese a los pronósticos apocalípticos que algunas consultoras lanzaron a fines del año pasado, no sólo no se redujo sino que aumentó, con respecto al mismo período de 2008, de 5120 a 8333 millones de dólares (62,7 por ciento). Ahora bien, si lo que sigue es una devaluación gradual, no sería otra cosa que lo que la autoridad monetaria estuvo haciendo desde que estalló la crisis económica internacional para preservar, por ejemplo, la competitividad en relación con Brasil.

- Campo. La Mesa de Enlace no perdió el tiempo y ayer por la tarde dejó en claro que volverá a presionar al Gobierno para imponer un cambio en la política agropecuaria. Reclama una baja de las retenciones a la soja y otros cultivos, apertura total de los mercados de exportación, aumentos en los precios del ganado, la leche y el trigo, y la flexibilización de las regulaciones que aplica la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. El Gobierno remarcó en varias oportunidades que no está dispuesto a que le fijen la agenda y menos si eso supone quitarles recursos a otros sectores más necesitados de la sociedad, como jubilados y maestros. Argumentan que ya dieron respuesta a reclamos del sector, pero que los ruralistas siempre “corren el arco” porque su objetivo es imponer una política de laissez faire que les permita quedarse con toda la renta que generan. La Mesa de Enlace sabe que será difícil torcerle el brazo al Ejecutivo, pero vendrá envalentonada por los resultados y, además, cuenta con una carta extra, consistente en presionar a través del Congreso. El 19 de marzo lograron que la oposición convocara a una sesión especial para tratar la baja de las retenciones y reunieron 106 de los 129 diputados necesarios para el quórum. Ahora volverán a insistir con el argumento de que la población respaldó sus reclamos en las urnas. Lo justifican diciendo que los partidos políticos que los respaldan obtuvieron en conjunto cerca del 70 por ciento de los votos.