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Una de las características salientes de estos tiempos es que se ha transparentado la disputa por el poder, con la inevitable centralidad que adquiere esa pelea en el terreno de la economía. En ese apasionante proceso, las formas han adquirido un lugar relevante para, con la complicidad de no pocos actores de la vida política, enmascarar las pujas de fondo. En esa tensión, la superficialidad, los estilos y los funcionarios-personajes colaboran para construir un escenario que deriva en un espacio de confusión del debate económico. Reglas claras y métodos ordenados son importantes para instrumentar políticas consistentes. Pero cuando esos atributos pasan a ser lo principal y casi excluyente de la discusión en la arena económica, en realidad se está apuntando a cuestiones que poco tienen que ver con el manual de los buenos modales. El tema de fondo, en realidad, se refiere a la articulación del poder económico, la apropiación de rentas y la distribución del excedente. La densidad de esos factores deriva en que no se expongan abiertamente y quedan cubiertos por el velo de la calidad institucional, de la convocatoria al diálogo y a la tolerancia y de la crítica al tono que ejercen funcionarios en el trato con empresarios. Resulta evidente que en ese escenario de confusión conceptual no está en disputa el desplazamiento de los factores más concentrados del capital, sino que simplemente se trata de una puja sobre cómo armonizar la organización capitalista de la sociedad. En sí, en el fondo, con el catalizador del cuestionamiento a las formas, se ha intensificado la tensión sobre el rumbo económico, que tuvo su disparador en la batalla contra la Resolución 125, que hace un año fue tumbada.

Este debate quedó enmarañado cuando aparece la polémica sobre “el modelo económico”. Sectores de izquierda y del progresismo testimonial clausuran rápidamente ese tema igualando el actual ciclo con el vigente en los noventa. Esa posición poco permite profundizar en aspectos interesantes como las diferentes alianzas sociales, las iniciativas transformadoras (estatizaciones de empresas y fin de AFJP) y la ostentosa resistencia que manifiestan los tradicionales factores de poder. En los hechos, esas corrientes críticas se hacen las distraídas en una cuestión central para crear las condiciones para avanzar en cambios sociales, que no es otra cosa que la disputa por el poder y la hegemonía política.

La administración kirchnerista, por su lado, no ha colaborado mucho para aclarar ese horizonte al insistir en que lo que estaba en juego en las últimas elecciones era “el modelo”. La exhortación reiterada acerca de esa categoría tan usual en el mundo de los economistas, que emerge del pensamiento neoclásico para ordenar las variables, puede resultar una herramienta de campaña para la puja electoral. Pero lo que está en juego ahora es qué tipo de desarrollo económico se impone en una fase donde recién estaba emergiendo uno de reconstrucción industrial. Recién en una etapa de maduración pueden luego definirse las características que asume el modelo de país. Ese fue el recorrido emprendido por los países desarrollados, que al precisar los rasgos distintivos de su estructura productiva aplicaron una estrategia de largo plazo para desarrollar las potencias de sus recursos humanos y materiales. El tránsito de la economía argentina todavía está lejos de ese sendero.

Aldo Ferrer explica que la cuestión del “modelo” ha dejado de ser, hace mucho tiempo, un tema de debate en las economías maduras y en las emergentes en proceso de transformación. El economista del Plan Fénix agrega que, “en todas ellas, sus sociedades y sistemas políticos operan con consensos básicos acerca de la estructura productiva necesaria, su vinculación con la división internacional del trabajo y la estrategia conveniente a los objetivos buscados”. En la Argentina, ese estadio de desarrollo no se ha podido alcanzar por una serie de factores políticos, económicos y sociales. En la presente etapa ese proceso está en dificultades porque se precipitó una intensa pelea por la forma de apropiación y distribución de la renta agraria. Al respecto, la minería y el petróleo no son las únicas áreas que forman parte de la necesaria defensa de los recursos naturales estratégicos, sino que también es relevante en esa categoría la tierra con el avance de la sojización. Ignorar o minimizar esta última, cuando es una fuente de renta en el país tanto o más importante que la minera y la petrolera, debilita y confunde la imprescindible tarea de llamar la atención sobre la necesidad de protección y redistribución social de las riquezas. Además, el destino de la renta agraria es el vehículo principal para definir el tipo de desarrollo del país, y por eso se ha convertido hoy en el eje central de disputa económica.

En ese sentido, Ricardo Aronskind destaca las cualidades y los límites del período 2002-2008 cuando se reabrió la discusión sobre el rumbo del país. En su libro Controversias y debates en el pensamiento económico argentino señala que “los supuestos económicos predominantes hasta ese momento (por la década del noventa) se ponen en duda” y apunta que “en ese tramo histórico relativamente breve”, se observa que:

- Reaparece en el debate la heterodoxia económica, incorporando nuevos temas y propuestas de solución.

- El discurso más duro de la ortodoxia sale de la escena, por el desgaste político producido por la crisis de 2001.

- Si bien el consenso pre-crisis aparece agrietado, y diversos protagonistas y difusores del mismo sostienen hoy posiciones antagónicas al nuevo esquema, no ha surgido un nuevo discurso claramente diferenciado que desplace plenamente al anterior.

- La opinión pública, que ha sido formada desde 1976 por los medios de comunicación masiva, y provista de explicaciones sencillas y “convincentes” por el neoliberalismo durante un cuarto de siglo, ha cambiado muy poco en cuanto a los conceptos y enfoques incorporados durante el auge de esa ideología.

- Los partidos políticos muestran una limitada disposición para tomar decisiones que se aparten significativamente de los criterios establecidos en el período previo.

Se requiere de un esfuerzo mayor que la estrategia política para ganar votos si el objetivo es comprender ese contexto local, en un complejo escenario internacional en crisis. De esa forma, es posible acercarse a un marco conceptual para consolidar una visión estratégica de país con inclusión social. Recién en esa instancia se podría avanzar en la declamación de la existencia de un modelo económico. Mientras, en estos momentos, cuando la tensión política ha crecido por el saldo de las últimas elecciones y marcando diferencias con las denominadas fuerzas progresistas y populares, la corriente conservadora no ingresa en el sendero de las interpretaciones ni en el de las caracterizaciones de un gobierno para saber qué tienen que defender. Aronskind los detecta con sagacidad al precisar la existencia de una “progresiva consolidación de un bloque de intereses hostiles a la presencia del Estado en la economía y partidarios de un conjunto de reformas tendientes a desmontar la economía populista”. Esos protagonistas tienen claro cuál es el modelo de país que pretenden porque son conscientes de que disputan la hegemonía política para preservar los privilegios del poder económico.

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