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Los sobreseimientos de los integrantes del Consejo de Administración del desaparecido Banco Mayo fueron revocados por la Sala Segunda de la Cámara Federal que ordenó al juez actuante profundizar la investigación en orden a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita. El tribunal consideró que no se habían ponderado debidamente las pruebas colectadas durante la instrucción –que estuvo a cargo de quien ahora conforma la otra sala de la Cámara, Gabriel Cavallo–, por lo que resolvió “profundizar la investigación” a partir de la concreción de medidas pendientes “que resultan imprescindibles para definir la situación procesal de los imputados”.
En la causa se investigan maniobras presuntamente fraudulentas mediante la actividad de dos mesas de dinero que operaban en el Banco Mayo, una de ellas de tipo “off shore” en las Bahamas, que según los querellantes era en realidad una sucursal en el exterior del Mayo. Las mesas se conocían como Mayflowers e International Bank. Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun reclamaron el trámite urgente de esas diligencias ya que el resto del expediente, en el que fueron procesados los ex directivos del Mayo por el delito de “administración infiel” se encuentra previo a la instancia oral.
La medida recayó sobre los ex miembros del Consejo de Administración del banco Horacio Leonardo Alegre, Rafael Charur, Salomón Carlos Cheb Terrab, Isaac Raimundo Duek, Abraham Fleisman, Felipe Kompel, Sergio Norberto Kompel, Alberto Elías Laham, León Laniado, David Malik, José Naftali y Alberto Tawil, quienes habían sido sobreseídos en primera instancia.
El sobreseimiento de los nombrados había sido apelado por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, así como también por los representantes letrados del Banco Central y de la querella a cargo de los cientos de ahorristas perjudicados por las maniobras de vaciamiento de la entidad. Los fiscales consideraron prematura la medida dictada por Cavallo, mientras que abogados de los ahorristas señalaron que el Consejo de Administración “contaba con el poder de control sobre el patrimonio del ex Banco Mayo y, valiéndose de él, lo vaciaron, transfiriendo los beneficios de su actividad a otras sociedades en las que ellos tenían interés, frustrando con tal proceder el crédito de sus representados”.
También se investiga el manejo de 298,6 millones de dólares que el Banco Central le prestó al Mayo en concepto de asistencia por iliquidez transitoria mediante redescuentos. Según estiman los acusadores todas las maniobras “de ningún modo” pudieron llevarse a cabo “sin la participación de todos sus consejeros de administración”, por lo que la Cámara entendió que “se carece de una adecuada valoración de la prueba recurrida a lo largo de la instrucción.