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En el contexto de la discusión sobre los ajustes tarifarios, los distribuidores eléctricos acusaron a las autoridades de haber cometido “desaciertos” en las medidas de política energética adoptadas este año, con riesgos para “la calidad y la seguridad del servicio”. El ataque coincide con el desacuerdo que ayer planteó la Cámara de Industriales del Petróleo con el proyecto oficial que impulsa el reemplazo de la tasa fija del Impuesto a la Transferencia sobre naftas, gasoil, gas licuado y GNC, por un porcentaje del precio neto. Esa medida, sostienen, “tendrá un impacto negativo sobre las ventas”, preocupación que ignoran cuando ajustan los precios en surtidor al compás del precio internacional del crudo.
La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina destacó que sus asociadas “padecieron los desaciertos de medidas de política energética que cambiaron sustancialmente las reglas de juego de un modelo eléctrico que demostró ser exitoso para los consumidores y la sociedad en su conjunto”. Reclamó además por la situación de las distribuidoras provinciales, obligadas a recibir el 100 por ciento del valor de las facturas en bonos pero sin posibilidad de abonar la energía que adquieren en el mercado mayorista con la misma moneda. Los distribuidores rechazaron el mecanismo de ajuste por vía de audiencias públicas convocadas por el ente regulador y, por lo tanto, no están considerados en la adecuación de tarifas prevista para este mes.
Los industriales petroleros coincidieron ayer en salir a disparar munición pesada sobre las autoridades. Juan José Aranguren, presidente de la Cámara de Industriales Petroleros, criticó el nivel de presión impositiva sobre los combustibles y se quejó de que el proyecto que el Gobierno giró al Congreso “acentúe la distorsión vigente entre combustibles sustitutos”. El proyecto aludido establece una alícuota del 64 por ciento en las naftas, 22 en el gasoil y gas licuado y de 16 para el GNC sobre el precio neto. La iniciativa, tal cual fue elevada al Parlamento, faculta al Ministerio de Economía a aumentar en hasta un 25 por ciento o disminuir hasta en un 10 por ciento tales alícuotas del ITC. Aranguren exhibió datos sobre la caída en la demanda de naftas, gasoil y lubricantes en el mercado local que se acentuaron a partir de 1999, “por el efecto combinado de la recesión económica, del aumento del precio internacional del crudo, pero sobre todo influenciado por la mayor presión impositiva”, sostuvo.