El ministro de Planificación, Julio De Vido, acomodó el micrófono, miró a las cámaras y, sabiendo que del otro lado lo escuchaban millones de usuarios del servicio que prestan Edenor, Edesur y Edelap, dijo con voz serena, refiriéndose a la facturación de esas empresas: “Existe un exceso de errores y queremos chequearlo. No quiero ser mal pensado”. El baldazo para las distribuidoras de Capital, Gran Buenos Aires y Gran La Plata llegó después de que se detectaran irregularidades y un plus de reclamos en el último bimestre, por valores que excedían lo que era lógico esperar del aumento autorizado a partir de octubre del año pasado. Ante la evidencia de casos de sobrefacturación en la luz, De Vido convocó a conferencia de prensa, en Casa de Gobierno, para informar que las empresas podrían ser sancionadas si se demuestra que aplicaron aumentos no autorizados. Anunció también que, por “expresas instrucciones” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las distribuidoras deberán reintegrar el dinero que se verifique indebidamente cobrado a los clientes. Para ello se iniciará esta semana un monitoreo.

Las empresas consultadas por este diario admiten errores en algunas facturas, pero insisten en que no se aplicaron más aumentos que el que se autorizó en octubre último. De todos modos, reconocen que las boletas que llegaron a los hogares evidencian ajustes de hasta un 300 por ciento con relación a igual período invernal de 2008. Nadie esperaba un discurso de ese tipo y, menos aun, apuntado contra las distribuidoras. “Sabíamos que iba a dar un discurso, pero no teníamos idea del tema... y terminó yendo directamente hacia nosotros. La verdad, no sé qué decir... Entiendo el contenido, pero no el motivo”, dijo a Página/12 un directivo del sector, todavía algo turbado ni bien concluyó la conferencia.

En los últimos días se habían acumulado en las oficinas del ENRE un gran número de reclamos. Según fuentes del organismo el incremento en las quejas fue de un 30 por ciento sobre el promedio habitual. En algunos casos, las denuncias respondían a distinta facturación para igual consumo, y en otras a volúmenes imposibles de alcanzar por una familia. De Vido fue categórico: “no hay autorización alguna para incorporar un valor mayor a la factura, salvo que se registrara un mayor consumo”.

El ministro adelantó que el ENRE lanzará una resolución para controlar a las distribuidoras e instrumentar reembolsos en caso de que se “haya liquidado con aumentos”. De Vido amenazó a las tres distribuidoras que operan en el área metropolitana con “sanciones”, aunque evitó hacer evaluaciones acerca de los motivos por los que se produjeron las bruscas variaciones tarifarias detectadas. “Existe un exceso de errores y queremos chequearlo. No quiero ser mal pensado”, agregó. Además, se dispondrá a partir de este fin de semana un “monitoreo” para que “lunes o martes” esté la información necesaria.

“Esperaremos la resolución del ENRE”, dijo un empresario del sector. Las distribuidoras rechazan haber realizado aumentos de tarifas después de octubre. Por tratarse de un servicio regulado, las compañías no están en condiciones de hacer ajustes sin autorización del gobierno nacional. De hecho, está todavía pendiente la “revisión tarifaria integral” que estaba prevista para febrero de este año. “No rechazamos que nos auditen, habitualmente lo hace el ENRE; nunca hemos tenido un problema estructural en el sistema de facturación”, afirmó a Página/12 un directivo de Edenor, descartando la hipótesis de errores no deseados.

Mientras la Secretaría de Energía verifica si los valores facturados corresponden o no, se suspenderán los reclamos de pago por parte de las tres distribuidoras. Desde el lado empresario se aduce que “algunas quejas no tienen sustento, son por valores irrisorios; por ejemplo, cuando se habla de un aumento de 38 a 120 pesos por bimestre. Hay gente que no entiende, son dos mangos por día”, intentó justificar un directivo. Lo cierto es que este razonamiento encubre un incremento del 300 por ciento, que para boletas de mayor valor se torna difícil de afrontar.

“También existe un factor estacional en el aumento de reclamos”, añadió otra fuente del sector. Estos recargos también se hicieron presentes en el verano, pero en el sector afirman que afectó a los hogares de mayores recursos, ante el uso de los aire acondicionados, por lo que no hubo tantas quejas. En cambio, en el invierno el incremento complica a los sectores más pobres, porque la energía eléctrica se transforma en la única opción para calefaccionar sus casas, ante la ausencia del servicio de gas.

Desde Edenor remarcaron que para estos casos existe excepciones. “El aumento de octubre alcanzó a 160 mil usuarios sobre un universo de 2,5 millones para la empresa, lo que implica menos del 7 por ciento. De 210 mil con consumo por encima del umbral de 1000 kilovatios, unos 50 mil quedaron exceptuados”, explicó la fuente.

De Vido aclaró que analizará los casos a través de los “reclamos o de la propia auditoría” que haga Planificación. Explicó que estos ajustes “no tienen nada que ver con el PURE, que está vigente”. El Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) se instituyó como un sistema de castigos al mayor consumo de energía respecto de las mediciones de 2003. Recordó que el aumento autorizado en octubre de 2008 es producto de la quita del subsidio a los consumos superiores a los mil kilowats/hora por mes, tras lo cual afirmó que también se revisará si ese recargo fue mal calculado por las distribuidoras.