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Una palabra tiene el significado de un concepto, de una idea. A la vez, tiene un significante en el contenido dado a esa expresión, y en esta instancia es donde empiezan a verificarse tensiones de diferente orden. Desde hace un par de años, la palabra diálogo pasó a ocupar un lugar relevante en el debate político, con particular intensidad en el mundo económico. Diálogo es el intercambio de múltiples pareceres sobre variados temas entre personas o también el espacio donde se manifiestan en ámbitos institucionales propuestas entre sectores con intereses diferentes. El significado de esa palabra no tiene más elementos que esa complejidad. La dificultad que se ha presentado en el actual período político es en el significante de lo que denomina diálogo el pensamiento dominante. O sea, en la representación de esa instancia necesaria para la convivencia. Una idea muy arraigada en el sentido común refiere a la ausencia de diálogo entre los actores importantes de la economía (Estado, empresarios y trabajadores), carencia que permitiría explicar los problemas que enfrenta la sociedad en la actual fase recesiva. En base a la experiencia reciente y pasada, la ansiedad por el diálogo que muestran ciertos grupos reconoce su origen en el deseo de imponer sus condiciones más que en entablar un clima de discusión acerca de cuestiones relevantes de la economía. En la década del noventa, cuando negocios de corporaciones poderosas no eran cuestionados, con los trabajadores relegados a padecer la flexibilización y el desempleo, no existía esa presión por abrir canales de diálogo. Más bien, se hablaba de comprensión y de modernidad mientras se destruía el aparato productivo, aumentaba la pobreza y la exclusión social. Hoy, la representación más ostensible del significante de la palabra diálogo que expresa la corriente dominante la ofrece una tropa de productores agropecuarios que se hace presente en las comisiones de trabajo en el Congreso. Ante exposiciones que no son de su agrado, reprueban a los gritos, insultan y hostigan a legisladores que exponen sus ideas, condicionando a la vez al resto. Ese espíritu de sospechosa vocación democrática no despierta críticas y ha sido naturalizado por analistas y legisladores. El antecedente más cercano de semejante presión autoritaria sobre diputados y senadores fue la ejercida por el falso ingeniero Blumberg, con las nefastas consecuencias en el ordenamiento jurídico del Código Penal. Así, el diálogo, como está planteado por los factores de poder, significa subordinación de la sociedad a sus intereses. En caso contrario, el argumento es que no existe un clima de tolerancia y razonabilidad para atender los problemas del país.

A partir de apropiarse de la palabra diálogo, logrando que sea aceptada la alteración de su contenido por parte de una cándida mayoría, van definiendo un escenario que poco tiene que ver con la realidad. De esa forma van acumulando poder y consiguiendo satisfacer sus aspiraciones económicas. La administración kirchnerista no ha colaborado para desmontar ese escenario, sino que con frases encendidas, intervenciones públicas descoordinadas y difusos marcos institucionales para resolver la crisis con el campo privilegiado ha contribuido a alimentar ese perturbador significante del diálogo. Porque si algo hubo a lo largo de un conflicto que se extiende desde hace más de un año fue diálogo entre el Gobierno y los representantes de la Mesa de Enlace. Ningún sector económico ha tenido tantas reuniones, públicas y privadas, con tantos funcionarios desde el máximo nivel hasta instancias técnicas, como las registradas con esos dirigentes. Y en cada una de esos encuentros para “dialogar”, el Gobierno ha cedido una y otra vez beneficios a través de diversas medidas. Es cierto que no ha concedido todo lo que se le reclamaba, pero eso no es diálogo sino subordinación, que es el significante de esa palabra que instala ese bloque de poder. En realidad, lo único que les interesa es reducir las retenciones, y en especial las que se aplican a la soja. En caso contrario, se presenta un escenario donde el diálogo está ausente.

De esa manera se va desarrollando un ciclo donde los principales protagonistas del campo, con un amplio arco político que los acompaña, van planteando un estado de situación alejado de lo que efectivamente ocurre en la actividad. Por caso, entre tantas afirmaciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el sector, el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, expresó en la inauguración oficial de la Exposición de Palermo que Argentina tendrá que importar leche y carne el año próximo. Cuando al día siguiente, en entrevistas radiales, se lo apuró un poco con cifras de esas actividades productivas, elaboradas por instituciones privadas además de estatales, empezó a relativizar esos pronósticos. Pero ya ha quedado instalado como algo probable cuando en la primera mitad de este año han aumentado la producción y exportación tanto de leche como de carne.

Lo mismo sucede con la próxima campaña agrícola y su rentabilidad esperada. Por ejemplo, con la del maíz Monsanto, que no puede ser señalada como una empresa anticampo, aseguró que será un excelente negocio para el productor. En un artículo publicado el sábado pasado en el suplemento Rural de Clarín, el gerente de negocio de Semillas y Biotecnología de esa multinacional, Pablo Ogallar, señaló que está convencido de que el margen bruto del maíz será muy rentable por una serie de factores, que detalló: el precio de los fertilizantes disminuyó 50 por ciento respecto de la campaña 2008/09; los alquileres bajaron 25 por ciento promedio; y el rinde de indiferencia pasó de entre 80 y 90 quintales por hectárea en la campaña pasada a entre 40 y 70 en campo propio o alquilado, respectivamente, en la actual. Además, Ogallar destacó el alza de la cotización del maíz en el mercado internacional, a lo que debería sumarle el lento pero persistente ajuste del tipo de cambio. La favorable perspectiva del negocio del maíz explica la impaciencia para forzar una rebaja de sus retenciones, lo que permitiría a los productores contabilizar ganancias extraordinarias, como pronostica la multinacional Monsanto para la próxima campaña.

Otro de los argumentos para sostener la ausencia de diálogo se refiere a que los Derechos de Exportación son confiscatorios, en particular el aplicado a la soja, porque alcanza una tasa del 35 por ciento, excediendo el 33 por ciento considerado como un máximo. Sin embargo, la alícuota actual del Impuesto a las Ganancias para las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada es del 35 por ciento, al igual que la alícuota marginal sobre las personas físicas, y a nadie se le ocurrió objetarla por confiscatoria. En un fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, en la causa Fidagro Fideicomiso Agropecuario-Pampas del Mundo SA contra el Ministerio de Economía por el tema de las retenciones, el magistrado sostuvo que “respecto del principio de no confiscatoriedad alegado por la actora, corresponde aclarar que no existe ni en la Constitución nacional ni en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un porcentaje fijo, una ‘cifra exacta’ que sea indicatoria del límite que no deba sobrepasar la alícuota de los tributos”. Para agregar que “diversos constitucionalistas y tributaristas prestigiosos reconocen que el invocado 33 por ciento resulta tan sólo una regla general sin un patrón común, sobre todo en materia tributaria”. El fallo explica que el carácter confiscatorio de un impuesto surge de las circunstancias de hecho de cada caso y por ello no puede ser establecido de manera uniforme, e incluso destaca un fallo referido a impuestos sucesorios de un extranjero donde la Corte aceptó un 50 por ciento.

El diálogo es la forma para superar diferencias de criterios e incluso para acortar distancias entre intereses enfrentados. La recuperación y apropiación de esa herramienta por parte de los sectores que aspiran a un desarrollo con equidad e inclusión social resulta indispensable para evitar que sea un instrumento vaciado por el poder dominante. Para ello se requiere significarlo con contenidos claros y marcos institucionales democráticos.

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