La CTA volvió a movilizarse al Ministerio de Trabajo en reclamo de políticas de distribución de la riqueza y libertad sindical. Tras marchar por el centro porteño, desde un palco montado frente al edificio de Trabajo los dirigentes de la Central reiteraron el pedido de una asignación universal de 300 pesos por hijo. “No puede haber hambre en un país que es el primer exportador de alimentos del mundo. No basta con los discursos, hay que demostrar que se puede distribuir la riqueza, sacándole al que más tiene para darle al que menos”, sostuvo su titular, Hugo Yasky.

Además hubo protestas en las principales ciudades del interior del país. La jornada fue parte de un plan de lucha que arrancó el 22 de abril con un día de huelgas y movilizaciones, y continuó en mayo con un paro nacional.

Los gremios de estatales y docentes junto a delegaciones de movimientos sociales del conurbano fueron los protagonistas de la manifestación que salió de la esquina de Corrientes y Reconquista para ir por el Bajo hasta el ministerio.

“Esta mañana los periodistas nos preguntaban por qué marchaba la CTA, le dijimos que porque somos coherentes. Desde la fundación de la Central hicimos el compromiso de clase de luchar contra la pobreza. En el 2001 formamos parte de una consulta popular en la que más de tres millones de personas votaron por la creación de un seguro de empleo y formación que terminara con la pobreza y el desempleo”, recordó el secretario adjunto de la CTA, Pablo Micelli. “Hoy tenemos que poner a todos los dirigentes y compañeros en la calle y pelear para que no haya un pibe con hambre. No vamos a esperar que el Gobierno y los empresarios resuelvan distribuir mejor, eso es algo que hay que arrancarles.” Micelli cuestionó además a la Casa Rosada por sostener “que no hay plata para universalizar la asignación por hijo mientras pagan más de dos mil millones de dólares en intereses de la deuda externa”. “Aumentaron las reservas a 50 mil millones para darles subsidios a los empresarios, pero dicen que no tienen para resolver el problema de los pibes y de los jubilados, que son los dos sectores más vulnerables de la población.”

Junto a los tradicionales sindicatos de estatales y docentes de la CTA, se movilizaron también algunos nuevos gremios como el de trabajadores del subte y los motoqueros de Simeca, que están reclamando por su reconocimiento. En el caso del subte, el Ministerio de Trabajo dejó vencer los plazos sin firmarles los papeles de sindicato libremente inscripto (iniciaron los trámites el año pasado y se supone que la inscripción lleva no más de seis meses), y en el de Simeca los motoqueros denunciaron que el Gobierno otorgó la personería gremial a una agrupación vinculada con Gerónimo “Momo” Venegas, dirigente de los trabajadores rurales a quien en el acto se calificó de “la quinta pata de la Mesa de Enlace”.

El reclamo por la personería gremial de la CTA también tuvo un lugar en los discursos. Sobre el tema, Hugo Yasky planteó que “no se trata de una disputa de aparatos, no nos interesa la personería gremial para que crezca la caja del sindicato, sino que creemos que la organización de la clase obrera es la herramienta que nos permitirá enfrentarnos a los que gobiernan a espalda de los trabajadores y al avance de la derecha, al pensamiento conservador que es el que nos sumió en el hambre”.

Exigieron medidas que frenen los despidos y los contratos que precarizan la relación de trabajo. Yasky contó en ese sentido que en Brasil, la CUT y otras cinco centrales sindicales están trabajando por la sanción de una ley “que elimine las contrataciones, declarándolas inconstitucionales” y para que se reconozcan derechos como la estabilidad laboral. “Hay que legislar para prohibir el despido sin causa”, planteó.

Yasky cuestionó al Ministerio de Trabajo por tener cientos de empleados con contratos temporales. “No creemos en una legalidad tramposa. Es muy probable que las tercerizaciones sean legales, pero es inmoral lo que está haciendo el ministerio, que en la propia casa del Estado precariza a la gente”, dijo. A la movilización concurrieron los empleados del Correo que, más temprano, habían ocupado la sede central de la compañía del Estado, para repudiar 70 despidos en la sucursal de Monte Grande. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado, los despidos fueron una represalia porque el grupo se afilió a ATE y realizó asambleas.. “Sigue vigente la vieja política de perseguir a quienes deciden organizarse en entidades sindicales ajenas a los intereses de las empresas, de funcionarios y de los gobiernos de turno”, aseguraron.