La presidenta de la Nación anticipó ayer, durante la celebración del Día de la Industria convocada por CAME, que a través del régimen de exteriorización de capitales (popularmente llamado “blanqueo”) se declararon 17 mil millones de pesos, que podrían ser “destinados a la inversión y a la producción”. Cristina Fernández también apuntó que por la moratoria impositiva y previsional se declararon deudas por 15 mil millones de pesos. “Hemos llegado entre moratoria y blanqueo o repatriación, como se lo quiera llamar, casi a 32 mil millones de pesos, una cifra mucho más alta de la que se esperaba recaudar y donde la repatriación o blanqueo ha sido más importante que la moratoria.” Las cifras definitivas serán informadas hoy por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Cristina anticipó que, en materia de accidentes de trabajo, “si no hay posibilidad de acordar con las empresas que se dedican a asegurar, vamos a tomar intervención desde el Estado” para resolver la cuestión en acuerdo con sindicatos y empresarios y quizá sin la participación de las ART.

El régimen de exteriorización de capitales o blanqueo buscaba alentar la aplicación a la economía en blanco o registrada de aquellos capitales que circulaban o estaban depositados en circuitos en negro. Ya sea en el exterior y no declaradas por sus propietarios residentes en el país, o en el país pero tampoco declaradas (“bajo el colchón” o en una caja de seguridad, en efectivo o valores no registrables, como metales preciosos). También, dentro de este amplio abanico, entran los fondos que pudieran estar en circuitos ilegales o provenientes de actividades irregulares, no declaradas por ese origen antes que por evitar la carga tributaria. Este último fue, justamente, el aspecto más controvertido y criticado de la ley.

La apuesta oficial fue sumar fondos a la inversión en un año de crisis. Más que a la repatriación de capitales, la atracción mayor se ofreció a los capitales ocultos o no declarados en el país. En vez de una tasa de impuesto a las ganancias del 35 por ciento, el régimen proponía el blanqueo pagando un impuesto del 1 al 8 por ciento, dependiendo del destino que se les diera a los fondos. La tasa mayor corresponderá (el plazo para la declaración venció ayer al mediodía, pero se extiende hasta fin de año para hacer la opción) a los capitales que se declaren sin ingresarlos al país; el 6 por ciento a los capitales que se declaren en el país pero sin destino específico, el 3 a los destinados a la compra de títulos públicos y el uno por ciento a los que se destinen a construcción de inmuebles o compra de vivienda.

Cristina Fernández destacó que la moratoria y el blanqueo forman parte del conjunto de medidas que, frente a la crisis económica global, se adoptaron en defensa del trabajo y la industria nacional. “No es proteccionismo, como algunos lo llaman despectivamente, es la obligación que tiene el Estado nacional de defender a sus trabajadores, a sus empresas y fundamentalmente a sus ciudadanos”, subrayó.

Recordó que “también se tomaron medidas para apoyar a aquellas empresas que tenían problemas con los salarios de sus trabajadores, a partir del programa Repro del Ministerio de Trabajo, lo cual representa un sinfín de pequeñas y medianas empresas que pueden seguir sosteniendo la actividad”. En cuanto al régimen de accidentes de trabajo y las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, está trabado hace años en medio de una dura controversia entre aquéllas, empresarios y sindicatos. “Los accidentes de trabajo son un tema clave en la competitividad de la economía en su conjunto. Y es mucho más clave para las pequeñas y medianas empresas, porque una empresa grande no se funde porque tenga un accidente de trabajo, pero una pequeña o mediana tiene dos accidentes y puede quedar fundida, por lo que yo coincido en lo que se denomina la industria del juicio, y soy abogada.”

“Esto no significa desconocer los derechos de los trabajadores, pero significa sentarnos a una mesa empresarios, sindicatos y ART para definir claramente que el seguro no puede constituir ni una apropiación de los derechos que tiene el trabajador a cobrar una indemnización, pero tampoco puede ser un negocio donde únicamente ganen los que aseguran y finalmente terminan perdiendo empresarios y trabajadores”, advirtió la Presidenta.

También reclamó que el Poder Judicial participe para fijar criterio, “que contemple los derechos de los trabajadores y las posibilidades de subsistencia de la empresa”. E informó que, junto al ministro de Economía y sectores como la construcción, uno de los más problemáticos en materia de accidentes de trabajo, “estamos explorando y trabajando la necesidad de ver que, si no hay posibilidad de acordar con las empresas que se dedican a asegurar, vamos a tomar intervención desde el Estado para que en acuerdo entre trabajadores y empresarios podamos hacer mutuas asociaciones que permitan contemplar los intereses de los empresarios y los trabajadores”.