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Dos conflictos simultáneos, uno en el ámbito rural y otro en el frente industrial, marcaron esta semana el grado de desarrollo –o atraso, según cómo se vea– de la discusión o definición sobre el modelo de crecimiento en el que está dispuesto a embarcarse el país. Anoche culminaron ocho jornadas de cese de comercialización de granos y carnes convocado por las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. Cuarenta y ocho horas antes, el miércoles, naufragaba en el Senado la posibilidad de votar una ley de protección a la industria electrónica de Tierra del Fuego. Dos hechos que en apariencia no estarían relacionados. Y sin embargo reflejan, ambos, el estado de confusión reinante respecto de un modelo de país que, peligrosamente, no termina de definirse. Veamos.

La disputa de la Mesa de Enlace con el gobierno nacional lleva un año y medio en su etapa más virulenta, contados a partir de la Resolución 125 y la medida de fuerza que le respondió, en marzo de 2008. Pero reconoce antecedentes en los lockouts agrarios con similares demandas que se remontan por lo menos al año anterior. Los reclamos son más o menos conocidos, las respuestas del Gobierno también. Seguramente será más arduo encontrar elementos de un debate en torno del rol que juega y debe jugar el Estado y la estructura productiva agroexportadora en el desarrollo del país.

La teoría de que “cuanto más ganen, más van a producir” (intentando explicar que cualquier cosa que signifique recortarle ganancias es sinónimo de querer producir menos) es no sólo ingenua, sino además perversa. Suena mucho a teoría del derrame del cuarto de siglo infame 1976/2001 –con perdón de Alfonsín, que quiso pero no pudo revertir ese proceso funesto–, aquella que proclamaba que “mientras ganan los de arriba, los de abajo que esperen que algo va a caer”. Bajo ese paradigma, estaba claro cuál era el papel del Estado: cuanto menos hiciera, mejor, y si existía era al solo efecto de asegurar que la regla se siguiera cumpliendo.

Ese es el modelo que enarbola el sector ideológicamente dominante de la Mesa de Enlace, más allá de que utilice como “felpudo” –un calificativo puesto en boga por los propios ruralistas– a representantes de propietarios medianos de tierras que son justamente candidatos a ser víctimas del modelo que hoy defienden.

¿Por qué el gobierno nacional no acierta en mostrar que tiene un modelo opuesto a ese paradigma neoliberal y excluyente? Lo que mostró hasta acá, al menos en el fragor del conflicto, es que ha repartido cientos de millones de pesos en compensaciones, otros tantos en planes parciales de apoyo sectorial y distintas formas de transferencias, pero no ha logrado articular políticas que reviertan el proceso de concentración. El proceso de sojización más acelerado se dio después de 2003, no antes. La sojización vino de la mano de la expansión de los pooles de siembra, a costa del desplazamiento de pequeños agricultores de sus campos, también principalmente en los últimos años. La ganadería extensiva va siendo reemplazada por establecimientos de feedlot, de menor extensión y mucho capital, con tendencia creciente a la participación de capitales extranjeros. Más recientemente, el sector lechero está sufriendo una transformación en la que los tamberos más chicos se transforman en sojeros o arriendan sus campos a terceros –los pooles, preferentemente–, mientras los tamberos más grandes los reemplazan absorbiendo su capacidad de producción de leche. Conclusión: se produce igual o más leche que antes, con menos productores. Los capitalistas del agro provocan el fenómeno y se benefician de él, pero culpan al Gobierno de fomentarlo y lo obligan a pagar compensaciones a la leche. Y con ese dinero del Estado vuelven a beneficiarse. Y vuelven a culparlo porque el problema no se resuelve.

El Gobierno alienta políticas para compensar a los más débiles, pero con eso no revierte el fenómeno. Pero como además no logra mostrar que su política beneficia a los débiles sometidos por los poderosos, el discurso oficial contra las entidades es interpretado como un “ataque al campo” como un todo. En tres años de conflicto ni siquiera logró identificarse, todavía, cuál es el sujeto agrario del campo de hoy en día.

La disputa que se dio en las últimas semanas en torno del proyecto para aumentar los impuestos internos y el IVA a los electrónicos importados demuestran que, en materia industrial, no nos va mucho mejor. La industria de Tierra del Fuego reclamó protección frente a la importación de electrónicos a muy bajo precio, que estaba provocando un tendal en la isla. En medio de una crisis mundial como la que se vive, no hay que indagar mucho para descubrir que aun los países que hicieron punta en el comercio internacional de la electrónica, se trate de asiáticos o europeos, hoy ofrecen a precios de liquidación sus productos con tal de no perder escala. Si hasta Sarkozy, presidente de Francia, dejó de lado su histórico discurso ultraliberal para convertirse por un tiempo al proteccionismo, está claro que imponer barreras a las superofertas extranjeras no puede ser un pecado en países periféricos como el nuestro.

Y sin embargo, la propuesta fue demonizada con los más descalificadores argumentos. Primero, se instaló la consigna de que “el impuestazo” iba a provocar una escalada de precios en los artículos para el hogar del 30, 40 o 50 por ciento, como para que más de uno dejara de lado la idea de casarse. A ello se le sumó la campaña publicitaria “mi celular no es un lujo”, tocando un sentimiento argentino actual todavía más profundo que el casamiento. Se estigmatizó así la vieja idea de que subir impuestos internos equivale a castigar el consumo de artículos de lujo, suntuarios o dañinos para la salud, como el yate, el whisky o los habanos.

“No queremos que el celular sea considerado un artículo de lujo, queremos que siga siendo un artículo masivo. Es más, queremos que nos dejen fabricarlos en Tierra del Fuego”, expresó con claridad Fabiana Ríos, la gobernadora fueguina. Su provincia tiene fábricas ya instaladas de teléfonos móviles, pero están paradas porque no pueden competir con los precios de los importados. Precio que, en el mercado, puede inclusive acercarse a cero, porque las compañías que venden las líneas móviles suelen subsidiar el aparato importado si con ello captan un nuevo cliente. Pero la gobernadora no logró tener la misma llegada que los importadores, duchos en campañas publicitarias y hábiles lobbistas en el Congreso.

Otras críticas que se lanzaron contra la industria fueguina es que no sea una producción integrada, sino “ensambladoras de partes que en un 80 por ciento son importadas”. También se recordó que el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, no vinculado con un proyecto de integración productiva a nivel nacional, “colaboró” con la desaparición de la industria electrónica en el resto del país.

Lo curioso, y dramático, es que la única alternativa venga por el lado de la importación. Hasta las cadenas de hipermercados, en la pulseada, se alinearon del lado de los importadores, denunciando las restricciones a la entrada de productos electrónicos y denunciando a “los oligopolios de la industria de línea blanca (heladeras, cocinas, lavarropas) fueguina que se quedaron sin competencia importada”.

El gobierno nacional se embanderó con la defensa de la industria fueguina. Pero puso mucho más afán –todo el afán, quizás– en tratar de conseguir los votos necesarios en el Congreso para modificar los impuestos a los electrónicos importados, que en explicar el sentido político de la medida, qué significa como pieza de un modelo productivo y en particular de una estructura industrial. Tampoco incorporó al resto de las provincias –no se conoce, al menos, que lo haya hecho– a un debate en torno de estas cuestiones, para analizar el papel que cada una podría tener en un futuro modelo económico estructurado en base a una industria integrada. ¿No es eso lo que se postula?

La importación de productos de consumo durable se escuda en la defensa del bolsillo de los consumidores, el “derecho a poder elegir” un producto tecnológico de origen externo como un símbolo de libertad. Otra vez, la letra es demasiado semejante al discurso único de la dictadura Videla–martinezdehocista, repetido en los ’90 durante la década Menem–cavallista, como para hacerse el distraído. Sabemos, o deberíamos haber aprendido, a dónde nos lleva.

La vigencia de conflictos como el que plantea la disputa rural por la apropiación plena de la renta agraria, o el de la industria versus la importación de electrónicos, debería ser un aviso de que hay cuestiones de fondo de la economía que no están resueltas. Es más, ni siquiera queda del todo claro que aún están en debate. No debería tratarse de un conflicto exclusivamente del Gobierno contra las corporaciones, pero ya sea por un planteo oficial desacertado o porque quienes deberían defender los mismos intereses no lo hacen, la historia termina reducida a aquel estrecho ring. Quizá porque lo que no se advierte es que la raíz de todo el conflicto es que el modelo neoliberal no ha muerto.