El examen del Consejo de la Magistratura para ocupar una vacante de juez en un tribunal oral federal de Paraná terminó ayer en un escándalo cuando uno de los concursantes, secretario en una fiscalía porteña, fue sorprendido con una copia del tema sorteado en ese momento, que había obtenido con anticipación. El consejero que estaba a cargo de la prueba, Luis Cabral, la suspendió de inmediato y terminó pidiendo la intervención del juez de turno, que secuestró los papeles que estaban en poder del aspirante e inició una investigación penal que amenaza con alcanzar al jurado. El presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, ordenó la apertura de un sumario.

Cuando parecía aquietarse la ola de críticas al Consejo, el organismo que elige y sanciona a los jueces, pasó lo que muchos temían pero hasta ahora nadie había podido confirmar. Esta vez, no hubo dudas: Hernán Tuppo, secretario de la fiscalía de Saavedra y ex juez de Santiago del Estero entre mayo de 2004 y marzo de 2005, tenía en su poder antes de que lo repartieran una copia del examen que estaban a punto de tomarle, según le confirmó el juez Cabral a Página/12. Antes de cada prueba escrita, el jurado designado prepara varios casos, de los cuales se sortea uno, para que los postulantes resuelvan. En eso consiste la evaluación de conocimientos, a la que luego se suma la de antecedentes.

Para el concurso del tribunal de Paraná se habían anotado 43 personas, de las cuales ayer se habían presentado 23. La convocatoria era en la escuela Urquiza de Paraná, en un aula con computadoras para cada participante. Después del sorteo del caso, Cabral mandó a sacar fotocopias y para ganar tiempo comenzó a leer en voz alta. De pronto, dos postulantes, una mujer y un hombre, se le acercaron.

–La persona que está adelante nuestro tiene el caso. Es un papel que dice exactamente lo mismo que usted estaba leyendo– le advirtieron casi a coro. Y lo señalaron.

–Doctor, ¿me podría dar los papeles?– le dijo Cabral.

–Son personales– contestó Tuppo.

–Tengo la denuncia de que son copia de los temas– insistió el consejero.

–Eso afecta mi honorabilidad. Si es necesario renuncio al concurso– contestó el funcionario, visiblemente incómodo. Cabral estaba anonadado. Ahí fue cuando evaluó que la situación estaba en un callejón sin salida, hizo la denuncia y llamó al juez de turno, Gustavo Zonis. El magistrado llegó al rato con una secretaria y ordenó requisar al concursante. Entre sus pertenencias no sólo encontraron copia del caso que se había sorteado sino de otros, relataron testigos. Al rato llegó el consejero académico Mariano Candiotti, que estaba de casualidad por la zona.

Cabral resolvió en ese momento suspender el examen e informar al presidente del Consejo, Bunge Campos, que indicó la apertura de un sumario administrativo y el Consejo tendrá que ver qué hace con el concurso. “Estoy realmente consternado e indignado”, le dijo Bunge a este diario. “Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Aún así, voy a seguir defendiendo las designaciones por concurso”, agregó.

Se supone, según confirmó Cabral ante la consulta de este diario, que nadie más que el jurado debería conocer los exámenes. En este caso, lo integran el juez de Santiago del Estero Alberto Pravia, el juez de tribunal oral y ex titular de la Oficina Anticorrupción Daniel Morín y los profesores Ignacio Tudesco y Gustavo Costa (ex juez de tribunal oral). Ahora serán inevitablemente investigados. “Son funcionarios públicos y acá puede haber un delito”, explicó el consejero. “Esto es un escándalo –protestó Cabral– y no es por culpa del sistema de selección, es un caso de corrupción, corrupción en las personas.”

Candiotti señaló que este episodio se da en medio de una discusión en el Consejo por la modificación del sistema de selección, cuestionado por las demoras y también, precisamente, por los manejos oscuros. La consejera kirchnerista Diana Conti viene insistiendo con la necesidad de dar el mayor grado de publicidad posible a los exámenes y esto incluye eliminar el anonimato en las pruebas porque “favorece la corruptela” y la connivencia con los jurados (que pueden reconocer la letra, o una marca en el papel). Los radicales dicen que conocer la identidad de los postulantes favorece la discrecionalidad. Como sea, ahora los consejeros tienen un caso de corrupción concreto que deberán explicar.