La designación de María del Carmen Alarcón, como secretaria de Integración Regional, para destrabar el conflicto agropecuario, obtuvo el primer resultado. Se anunció la eliminación de las retenciones al trigo y al maíz para pequeños y medianos productores mediante el mecanismo de devolución de ese importe. También se obtuvo una respuesta positiva de los grandes exportadores granarios a la convocatoria oficial a partir de la liberación de la exportación de esos dos granos. Pese a esas medidas que van en línea con una estrategia de acercamiento a actores del sector, los representantes de la Mesa de Enlace estuvieron ausentes en el anuncio. Los dirigentes más beligerantes del campo minimizaron la función de Alarcón y reiteraron que reconocen al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, como el único interlocutor válido del Gobierno. No obstante, la medida lanzada ayer fue leída por colaboradores de la flamante secretaria como un respaldo oficial a sus gestiones.

En la Casa Rosada sostienen que Alarcón logró acercar las posiciones entre un sector de la dirigencia empresaria del campo y el Ejecutivo. Su incorporación al Gobierno generó muchas críticas por parte de los productores más duros. Alarcón renunció el mes pasado al cargo que tenía en la gobernación santafesina de Hermes Binner para asumir al frente de la Secretaría de Integración Regional, que depende directamente del Ejecutivo nacional. El cargo fue ofrecido por el jefe de Gabinete, pero la idea de crear esa secretaría fue de ella. “La estamos trayendo por su conocimiento específico del campo”, dijo Fernández durante una entrevista.

La funcionaria esquivó las críticas que le hicieron por su vuelta con el Gobierno justificando que su “propósito es resolver el conflicto”. “Muchas de las cosas que se decían en los primeros días del nombramiento, la famosa borocotización, ahora tienen otra explicación”, señaló a Página/12 Mariano Pinedo, asesor del equipo de Alarcón. Luego de su paso como presidenta de la Comisión de Agricultura se acercó a los productores e intervino en varios cortes de ruta en defensa de las demandas del sector, hasta formar el grupo Pampa Sur. “El campo necesita soluciones de bajo perfil”, agregó Pinedo.

Los representantes de ese grupo de acción política campera no fueron seducidos, a pesar de que Alarcón tiene buena llegada al titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías. Para los dirigentes más beligerantes la única “voz autorizada” es la del ministro Fernández. Ayer tras el acto en Casa de Gobierno, reiteraron las críticas. “Panqueque”, apuntó el dirigente de Federación Agraria Pedro Peretti. En tanto, el titular de esa entidad, Eduardo Buzzi, la acusó de enriquecerse con la situación. “Está ayudando al bienestar de su familia más que al campo”, manifestó en declaraciones a la prensa (ver aparte). Más moderado, el secretario de CRA, Javier Jayo Ordoqui, afirmó a este diario que “es como tantos otros funcionarios que ya pasaron, y carecen de poder de decisión”. Ordoqui sostuvo que hubo otros interlocutores que parecían entender la problemática del sector, pero que “la capacidad de las decisiones pasaba por (el ex jefe de Gabinete) Alberto Fernández y ahora por Aníbal Fernández”. El ruralista insistió en que “se fueron creando organizaciones y ninguna con capacidad de diseñar una política agropecuaria”. “Coincidimos con que el interlocutor tiene que ser Aníbal Fernández, pero eso no quiere decir que no vayamos a ayudar llevando nuestra impresión sobre los temas y nuestra capacidad de intermediar entre la gente y las decisiones”, respondió Pinedo.

“No creo que ella, por sus acciones, pueda destrabar nada”, consideró el directivo de CRA. Sin embargo, en el grupo de colaboradores de Alarcón vivieron como un logro propio el anuncio de ayer. “Cuando hicimos la propuesta para articular soluciones, solicitamos a la Presidenta la eliminación de las retenciones al maíz, como prioridad”, opinó Pinedo. La premura por este pedido responde a que comienza por estos días la siembra de maíz y, tras varias conversaciones con productores agropecuarios, se requería de una señal para incentivar la cosecha de ese grano. “Por eso insistimos”, agregó el asesor del equipo de la secretaría, tras lo cual adelantó que el próximo paso será en ganadería.

La eliminación ya se encontraba en estudio del Ejecutivo, afirman técnicos encargados de monitorear la situación agropecuaria en un intento de desvincular los anuncios de ayer de la intervención de Alarcón. Sin embargo, sí reconocen la capacidad de Alarcón, una mujer de estrechos lazos empresarios, para convencer a las exportadoras de participar de esa propuesta oficial. Ayer adhirieron una docena de grandes exportadores a la liberación de las ventas externas de trigo y maíz con el compromiso de garantizar el abastecimiento interno (ver aparte). “Lo sentimos como un fuerte respaldo oficial a las gestiones llevadas adelante con actores del sector agrario”, celebraba el equipo de Alarcón.