Mientras observa de reojo los movimientos del vicepresidente Julio Cobos por su condición de titular del cuerpo, el bloque oficialista en el Senado empieza a prepararse para tratar el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La atención que los senadores del Frente para la Victoria están dedicando al debate en torno del proyecto que podría derogar la ley de Radiodifusión de la dictadura refleja una primera coincidencia: todos descuentan que la Cámara de Diputados, tras las modificaciones que sean necesarias, dará media sanción al texto presentado por el oficialismo y apoyado un amplio arco de organizaciones de la sociedad civil. Entonces llegará el momento del Senado. Y la expectativa crecerá, al igual que el suspenso y el nerviosismo: por tratarse de una cámara que representa a veces crudamente los intereses de las provincias, y como lo prueba el antecedente de la Resolución 125, el Senado suele votar de manera más conservadora que Diputados.

El bloque del oficialismo sabe que el Senado será el último recurso de las empresas que se consideran afectadas por la ley de Servicios Audiovisuales. Esa situación hará que si el tránsito del proyecto por la Cámara de Senadores sea seguido con especial atención por toda la dirigencia política; lo mismo hará la prensa, como corresponde. La lupa estará puesta sobre las posiciones que vaya asumiendo cada senador, sobre las declaraciones que vayan realizando, sobre inesperados cambios de opinión. En el bloque oficialista saben que se vienen días de mucha presión. Según el pronóstico que realizaron a Página/12 desde la banca de una provincia del norte, el proyecto recién podrá votarse en el Senado a mediados de octubre o en los primeros días de noviembre. “Antes no podrá votarse la ley, porque vamos a hacer audiencias como hicimos con la resolución 125 y Aerolíneas”, contaron a este diario.

Las primeras rondas que realizó el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, para ir conociendo la posición de sus compañeros dejaron un resultado tranquilizador. Pero nada es definitivo, y menos en el Senado. Una máxima que circula entre quienes conocen los usos y costumbres de la Cámara alta sostiene que cuando un gobierno debe garantizarse la aprobación de un proyecto clave en el Senado tiene que acercarse a los gobernadores. Porque los gobernadores son, salvo casos de enfrentamientos intrapartidarios en el pago chico, los jefes políticos de los senadores. Aunque puede haber excepciones. Un ejemplo de esas excepciones se da en los casos en que el senador del oficialismo a nivel nacional representa a la minoría en la provincia. Allí no hay ningún gobernador con el que el Ejecutivo pueda dialogar.

Varios conocidos miembros del bloque oficial están en esa situación: el correntino Fabián Ríos, el puntano Daniel Pérsico y la santiagüeña Ana María Corradi de Beltrán. Los tres son oficialistas a nivel nacional y opositores de los respectivos gobiernos provinciales: un gobernador cobista en Corrientes, Alberto Rodríguez Saá en San Luis y el radical K Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Pero si hay un senador oficialista que está siendo nombrado en estos días es el jujeño Guillermo Jenefes. Además de titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Jenefes es propietario de medios en su provincia. Por lo que pudo averiguar Página/12, Jenefes habría pedido que se incorporen varias correcciones al proyecto que está siendo debatido en Diputados: una de sus preocupaciones tiene que ver con la reglamentación de la publicidad. En el bloque oficialista se muestran permeables a incorporar cambios al texto siempre que no alteren el espíritu original del proyecto. Para facilitar la inclusión de modificaciones o la reescritura de algunos artículos, en el bloque ya se acordó que el Senado organizará varias audiencias públicas en el Salón Azul: se empleará la misma metodología y el mismo escenario que se usó durante el debate por la resolución 125 y la reestatización de Aerolíneas. “Todas las adecuaciones lógicas que se puedan defender en voz alta y ante la sociedad se van a poder tratar”, subrayó el senador santacruceño Nicolás Fernández.

El cronograma de los senadores tendrá un descanso la próxima semana. Eso permitirá que una buena parte de los miembros de la Cámara alta permanezcan en sus provincias. Es probable que la decisión de convocar a audiencias públicas en el Senado realimente los recelos de las ONG que impulsan la ley sobre una supuesta intención de parte del sector empresario para dilatar y postergar la votación del proyecto. En el bloque oficialista sugieren que se manejarán con equilibrio.

–¿Cuánto van a durar las audiencias en el Senado? –preguntó Página/12 al senador Fernández.

–No más allá de lo lógico ni menos de lo prudente.