A partir de hoy recuperaron vigencia las tarifas con incrementos para los usuarios de electricidad de más de 1000 kilowattios hora por bimestre y el cargo para los que demandan por encima de los 1000 metros cúbicos anuales de gas en promedio. Con el reclamo de que se dé marcha atrás con los incrementos, las asociaciones de consumidores están organizando una serie de marchas hacia las sedes de las empresas distribuidoras y al Congreso. A instancia de la oposición, Diputados convocó a una sesión especial para el 7 de octubre con la intención de derogar las normas que disponen los ajustes. “No hay ninguna razón para sostener los subsidios”, sentenció ayer Julio De Vido. Los aludidos aumentos –que en ambos casos rozan una suba máxima de 300 por ciento– fueron suspendidos durante junio y julio y restituidos sólo parcialmente (en un 30 por ciento) durante agosto y septiembre. En ese lapso el Estado se hizo cargo de pagar a las productoras de gas y a las generadoras de electricidad el importe correspondiente del que quedaron eximidos los usuarios, lo que tuvo un costo fiscal próximo a los 500 millones de pesos.

Como en primavera la demanda de ambos combustibles es menor, es factible que la restitución del cargo y de los cuadros tarifarios eléctricos plenos no tenga un impacto demasiado importante en las boletas como sí lo tuvo en el invierno. Pero la reacción adversa podría repetirse en el verano, cuando la necesidad de refrigeración vuelva a activar los medidores eléctricos por la mayor demanda. Las asociaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo de la Nación ya hicieron presentaciones judiciales contrarias a las subas argumentando la inconstitucionalidad de las normas en las que se fundan los aumentos. Por ahora está vigente una medida cautelar que ordenó a las distribuidoras y al Estado que admitan a los usuarios pagar sin los incrementos, pero a cuenta de un eventual importe definitivo. Sólo cuando haya un fallo sobre la cuestión de fondo (si el decreto es o no inconstitucional) se podrá saber con certeza cuánto tiene que pagar cada cliente. “Hay que ver las excepciones y qué pasa con la gente a la que todavía no le ha llegado la factura”, advertía ayer Sandra González, de Adecua (Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina), mientras. Pedro Busetti, en nombre del Movimiento Nacional de Ciudadanos contra el Tarifazo, indicó que hoy y mañana habrá “protestas activas” frente a los prestadores y el próximo miércoles marchará hacia el Congreso para apoyar la sesión especial.

Mientras, la oposición intenta en el Congreso derogar los decretos y resoluciones que justifican los nuevos cuadros tarifarios. La UCR procurará en el Senado producir un dictamen contrario al cargo del gas y a la subas eléctricas, para poder llevar el tema a recinto, situación por ahora poco factible. Los diputados opositores (PRO, Coalición Cívica, UCR, el socialismo, el Frente Cívico y Social de Catamarca y Proyecto Sur) convocaron a una sesión especial con ese propósito. Allí tratarán dos dictámenes contrarios a la estrategia tarifaria oficial y, de reunir los dos tercios necesarios, podrían darles media sanción a algunos de esos proyectos, que también contemplan una tarifa social. En tanto, Edenor y Edelap reiteraron que el 90 por ciento del universo de usuarios quedará exceptuado de estas subas.