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En el entorno de la jueza María Romilda Servini de Cubría admitieron a este diario que la conversación con su secretaria electoral, la doctora Claudia Sayal, salió publicada en un diario de tirada nacional, ubicado claramente en la oposición al Gobierno. Además, la escribió un columnista que ya registra un contacto con la famosa causa de espionaje a políticos y artistas. Aquella perpetrada por el hackeo de las casillas de mails.

En ese expediente, los principales imputados fueron dos hombres que revistaban en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Iván Velázquez y Pablo Carpintero. La causa la instruye la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Velázquez está actualmente preso en Uruguay a raíz de que también allí se le imputó el delito de haber robado documentos secretos y hacerles espionaje a dirigentes del Frente Amplio. Para la Justicia, fue precisamente Velázquez el personaje central de la operación en la que espiaron los mails de los ministros Jorge Taiana, Nilda Garré y Julio De Vido, de secretarios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y hasta artistas como Susana Giménez y Pampita Ardohain. Los mails fueron robados –siempre según la investigación judicial– desde dos computadoras cuyo IP, o sea la identificación informática, correspondía a la que Velázquez tenía en su casa y a la que usó en su momento en la PSA. La investigación demostraría que las llamadas telefónicas realizadas después de cada robo de mails eran entre Velázquez y sus “clientes”.

De ese lado del mostrador, el de los clientes, hay tres personas en la mira y se dice que las llamadas a indagatorias son inminentes. Se trata del ex jefe de la SIDE y hombre vinculado con algunos medios Juan Bautista Yofre, el director de la página de Internet Seprin, Héctor Alderete, y el general retirado Daniel Raimundes. La versión indica que hay más elementos contra los dos primeros que contra el tercero. Lo curioso de lo ocurrido ahora es que en el entorno de Servini afirman que parte de lo conversado entre ella y la doctora Sayal fue reseñado después por un columnista que ya tuvo que declarar, como testigo, en la causa que instruye Arroyo Salgado. Entre Velázquez y el columnista hubo varios mails.

Sin embargo, la realidad es que Velázquez está preso y todo indica que está fuera de carrera en Uruguay. Carpintero está en libertad, pero en el expediente que tramita en San Isidro no habría tenido el protagonismo. De manera que, si fuera cierto que se trató de una operación de espionaje, lo habría hecho alguna otra agencia, muy probablemente privada y de bajísima calidad. Por supuesto que a la SIDE nunca se la puede sacar de la sospecha, pero todos los consultados por este diario coinciden en que el modus operandi y la tecnología son demasiado rudimentarios. Increíblemente rudimentarios. Los micrófonos de cualquier agencia gubernamental, por ejemplo, son muy difíciles de descubrir, son bastante más chicos que la cabeza de un alfiler (ver nota central). Y las escuchas telefónicas se hacen desde las centrales, no con “cocodrilos”.

La jueza ha dicho que tal vez no se trate de una operación de espionaje, sino una intimidación, un apriete. El martes lo relacionó con la causa relacionada con los fondos de campaña, pero ayer dijo que ella no instruye esa causa, la delegó en el fiscal Jorge Di Lello. Así, le bajó el tono a algo que había señalado 24 horas antes.

Como operación de intimidación, tampoco las cosas cierran. Una movida de esa naturaleza se hace de forma clara, nítida. Se necesita que la persona intimidada se dé cuenta enseguida de la intimidación, no que la encuentre al tiempo, después de hacer una revisión global del juzgado para ver si tiene los teléfonos intervenidos. Una intimidación consiste en revolver todo o en dejar una foto sobre la cama. El mensaje siempre consiste en dejarle claro a alguien que el intimidador puede entrar, salir, sacar fotos, con total impunidad. Y no es un mensaje a recibir dentro de 30 o 60 días, en el momento en que se haga –si es que se hace– una eventual revisión. Se supone que se intimida a una jueza por una causa judicial, lo que hace más imperioso que la magistrada se dé cuenta de forma inmediata de la amenaza, porque de lo contrario podría tomar medidas irreversibles.

Hoy por hoy, la historia de espionaje o intimidación, así como está contada, deja demasiados puntos oscuros.