A todo o nada, el bloque de PRO aprobó el comienzo del procedimiento de designación de Daniela Bruna Ugolini, a pesar de que existen tres medidas cautelares que ordenaron detener el trámite. Los legisladores macristas votaron para iniciar el proceso en una reunión de la Junta de Etica de la Legislatura, en la que se manifestaron en contra los opositores porteños. Hoy los macristas intentarán aprobar un recurso para saltearse las instancias de apelación y llevar la discusión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La oposición comparó la embestida con las de Carlos Menem o Silvio Berlusconi contra la Justicia.

Para designar a una jueza del equivalente porteño a la Corte Suprema, el procedimiento se inicia en el Ejecutivo con una terna (en este caso, Mauricio Macri propuso sólo una persona) que, tras un período de impugnaciones, es enviado a la Legislatura: allí debe ser admitido por la Junta de Etica y luego debe pasar por una audiencia pública. Para que se apruebe, Macri debe conseguir el voto de 40 de los 60 legisladores. El PRO tiene 26.

La sesión de la Junta de Etica, que había fracasado el martes, se hizo con una cantidad inusual de legisladores. No estuvieron los ex jefes de Gobierno Aníbal Ibarra y Enrique Olivera, a quienes Ugolini favoreció con sus dictámenes como fiscal. El PRO planteó que existe un “conflicto de poderes” por los tres fallos de Roberto Andrés Gallardo, Helena Liberatori y Guillermo Scheibler que detuvieron el procedimiento. Sus Señorías indicaron que faltó información sobre el patrimonio de Ugolini y que hubo fallas en los tiempos de la convocatoria.

“La Legislatura puede seguir adelante con el procedimiento, que es autónomo con respecto al del Ejecutivo. La suspensión a nosotros no nos alcanza”, consideró el macrista Martín Borrelli. “Vamos a plantear seguramente que existe un conflicto de poderes. Uno de los fallos no sólo pretendió suspender el procedimiento en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo”, advirtió. El PRO votó por seguir con el procedimiento y, en la sesión de hoy, el titular de la Junta de Etica, el radical PRO Oscar Zago, probablemente pida una cuestión de privilegio para plantear que hay un conflicto de poderes y solicite la intervención del TSJ.

“Hay que cumplir las sentencias judiciales. Está mal iniciar el procedimiento”, advirtió el legislador de Identidad Porteña (IP), Diego Kravetz. “Ugolini no es idónea y no tienen los 40 votos. Pero no estoy de acuerdo con que un juez nos diga que los 24 legisladores que se van no tienen derecho a votar el pliego”, argumentó. Kravetz planteó que sí existe un conflicto de poderes por el fallo del juez Scheibler y que eso lo debería resolver el TSJ. No es el caso de los fallos de Gallardo y Liberatori. En tanto, el jefe del bloque del PJ, Juan Manuel Olmos, afirmó que “el Poder Judicial no puede entrometerse y suspender la parte que nos toca a los legisladores”, pero “tampoco se pueden desconocer las tres cautelares”. Se abstuvo y planteó que el “conflicto de poderes” lo tiene que resolver el TSJ. “El macrismo sigue como si nada”, objetó.

Por su parte, el legislador de la CTA Martín Hourest consideró que “el planteo del PRO es que no le importa si el procedimiento estuvo mal hecho. Dicen que es una interna de los jueces contra los legisladores. Es el mismo argumento de Berlusconi en Italia contra el ‘gobierno de los jueces’. Es un argumento falaz, antiético por donde lo mires: el procedimiento es uno solo. No hay un procedimiento del Ejecutivo y otro del Legislativo”. “Quieren profundizar el conflicto de poderes. Saben que no tienen los votos para la designación de Ugolini”, advirtió el jefe del bloque de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn. En tanto, el legislador electo Rafael Gentili, que presentó uno de los pedidos de amparo, advirtió que “ratificar la ilegalidad del gobierno de Macri en el nombramiento de Ugolini tiene por propósito copar el máximo poder de la Justicia de la ciudad con jueces adictos, tal como lo hizo Carlos Menem”.