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El Presidente podría tomarse el fin de semana y quizás un par de días más, cuanto mucho. Pero se estima que antes del miércoles se darán a conocer los aumentos de las tarifas de la electricidad y el gas. Horas antes de partir a la Unión Europea, Roberto Lavagna informó en conferencia de prensa que se aprestaba a alcanzarle al presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, un “borrador de decreto” con los ajustes propuestos. Estos alcanzan en promedio, según señaló, al 9 por ciento en la electricidad y al 7,2 por ciento en el gas para los usuarios residenciales que consuman por encima de un determinado umbral. Los que estén por debajo no tendrán aumento. Los usuarios de otras categorías –comerciales, industriales y grandes usuarios– pagarán incrementos mayores, según el proyecto elaborado en Economía.
El Gobierno trata de empezar a cerrar uno de los capítulos más controvertidos de su corta gestión. Tras el congelamiento de tarifas dispuesto en la Ley de Emergencia Económica, en enero pasado, y cuando ya Lavagna había reemplazado a Jorge Remes Lenicov en Economía, la conducción del Palacio de Hacienda intentó avanzar en “un ajuste de emergencia” acordado con las empresas, que iba a poner en vigencia a partir de julio. Todavía la economía se veía impactada mensualmente por los aumentos internos de precios y un dólar que no terminaba de estabilizarse. El ajuste, por tanto, se suponía que no iba a ser el único del año.
Sin embargo, los sucesivos cuestionamientos de las entidades de consumidores y las defensorías porteña y nacional del pueblo trabaron la posibilidad de llevarlo a la práctica, hasta el presente. Con el FMI fuera de la mesa de negociación y sin el compromiso de compartir la decisión de parte de las empresas concesionarias, el Ejecutivo decidió ahora tomar la responsabilidad absoluta y definió un ajuste que instrumentará a través de un decreto de necesidad y urgencia. Hasta último momento –ayer y anteayer– se mantuvieron las controversias entre funcionarios del gobierno, con declaraciones contradictorias acerca de la decisión o no de firmar un decreto.
El criterio resuelto está lejos de conformar a las empresas, que pidieron ajustes de hasta el 40 por ciento en sus ingresos en el caso de las distribuidoras eléctricas y de hasta el 70 por ciento en el de las transportistas de gas. Tampoco está claro si pasará el filtro de los recursos de amparo que podrían presentar las organizaciones de consumidores. “La convocatoria a audiencias públicas a través de los entes tenía muchos menos flancos débiles, y sin embargo falló”, describió un funcionario muy cercano a Lavagna, reconociendo sus dudas con respecto a la suerte del procedimiento actual.
En definitiva, el cuadro tarifario que acompañaría el decreto apunta a una mejora neta en los ingresos de las distribuidoras eléctricas del 10 por ciento, cuya carga se repartirá en forma diferencial entre distintas categorías de clientes. Los usuarios con menos de 300 kilowatts bimestrales de consumo no tendrán aumento, que se compensará a la hora de hacer la caja en las empresas con ajustes del orden del 15 por ciento en el caso de los grandes usuarios industriales. Las transportistas eléctricas recibirían subas del 18 (las regionales) al 22 por ciento (Transener, red nacional interconectada) en sus remuneraciones.
En el caso del gas distribuido por red, la mejora en los ingresos para las distribuidoras y Transportadora Gas del Sur será del 10 por ciento, y del 7 por ciento para Transportadora Gas del Norte. El impacto sobre la tarifa que pagarán los usuarios difiere de acuerdo a la región y a la categoría de clientes (ver recuadro aparte), siendo más fuerte para los industriales. También en este servicio se excluirá del aumento a los usuarios de menor consumo.
Según describió Lavagna en conferencia de prensa, el proyecto que se aprestaba a elevar anoche al Presidente de la Nación exceptuaba del ajuste al 42 por ciento de los usuarios residenciales de electricidad y al 32 por ciento de los de gas. Considerando la factura con impuestos incluidos, los consumidores residenciales de electricidad alcanzados por el incremento pagarán, en promedio, un aumento de 2,68 pesos mensuales (5,36 pesos por factura bimestral), mientras que los de gas recibirán un impacto de 1,47 peso mensuales (2,94 pesos bimestrales).
Los cortocircuitos de los últimos días entre el Palacio de Hacienda y la Casa Rosada parecen vinculados a que, desde diferentes despachos, se buscaron distintos destinatarios del mensaje. Economía buscó dar señales en el mismo sentido de lo expresado por Lavagna durante el coloquio de IDEA, en Mar del Plata, donde dos semanas atrás aseguró que el ajuste de tarifas saldría por audiencias públicas o, si ese camino se bloqueaba, por decreto de necesidad y urgencia si fuera necesario. En las últimas horas, la necesidad de hacer gestos en favor de las privatizadas fue in crescendo en la medida en que el ministro iba a necesitar viajar a Europa para conseguir el apoyo de las potencias de ese continente en la pulseada que sostiene con la “línea Bush” del FMI. De allí que tanto el ministro como su secretario de Energía, Enrique Devoto, insistieran en aludir a un ajuste en elaboración.
Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, parecía hablar más en sintonía con la interna justicialista y en la necesidad de preservarse de los ataques de las organizaciones de consumidores. Por eso, casi como autista, se empeñó en negar una y otra vez la existencia de un aumento en estudio.
Finalmente, ayer el ministro de Economía decidió poner sobre la mesa el aumento que le propuso anoche mismo al Presidente. Aunque el decreto no se firme antes de su partida –no está descartado–, el anuncio le servirá como carta de negociación en el viejo continente, donde lo conocen bien por su gestión como embajador hasta abril. Los principales países en los que Lavagna pedirá apoyo son, además, naciones de origen de las privatizadas. En ellos espera encontrar el respaldo que en Argentina muy pocos le podrían ofrecer.