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Ricardo Cossio sabía que el trago amargo era inminente, pero igual la noticia lo afectó. La sala I de la Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos del ex titular de la DGI y del ex presidente de IBM Argentina Ricardo Martorana en la causa sobre el escándalo IBM-DGI, una contratación informática por el cual el Estado pagó el desproporcionado precio de 521 millones de pesos. La resolución de los jueces Horacio Vigliani y Martín Irurzun incluyó embargos de 2 millones y medio contra Cossio y en el caso de Martorana de 2 millones, además de procesamientos y embargos contra otros 16 ex funcionarios públicos y directivos empresarios. Los camaristas ordenaron que “se profundice la investigación respecto de conductas de quienes cumplieron funciones en representación del Estado, jerárquicamente superiores a las personas procesadas en esta oportunidad”. El “superior” de Cossio no era otro que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. E indicaron que se verifique si no existió una “organización criminal”, en alusión a la posible conformación de una asociación ilícita. Tanto Martorana como Cossio corren riesgo de terminar presos si la causa avanza en ese sentido o si se les acumulan dos condenas, como podría ocurrir con el ex presidente de IBM que en breve será juzgado en proceso oral por el contrato con el Banco Nación.
Era junio de 1998 cuando Cossio admitió que su alejamiento al frente de la secretaría de Ingresos Públicos bonaerense tuvo directa relación con la delicada situación en que se encontraba por la imputación en esta causa judicial. El gobernador era Eduardo Duhalde y señaló que el funcionario había renunciado por dos motivos: porque se sentía muy mal por su situación judicial y porque temía ser parte involuntaria de una supuesta pelea del gobierno nacional con el provincial. Suena conocido si se tiene en cuenta que el juez en ese momento era Liporaci, cercano al ex ministro del Interior Carlos Corach.
La causa se había iniciado el 29 de mayo de 1996 con una denuncia de los entonces diputados Carlos “Chacho” Alvarez, Horacio Viqueira y Alfredo Bravo, que recayó en el juzgado de Carlos Liporaci. En sus manos la investigación estuvo virtualmente paralizada, a pesar de los esfuerzos de los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial. De hecho, ellos fueron los primeros en sugerir que la reiteración del modus operandi indicaba la existencia de una asociación ilícita. Liporaci nunca resolvió la situación de los imputados, hasta que renunció y el juzgado federal tres quedó a cargo de Gabriel Cavallo. En agosto del año pasado, ese magistrado procesó a Cossio y Martorana por el delito de defraudación en perjuicio del Estado y dictó los fuertes embargos, ratificados ahora por el tribunal de alzada. Cavallo es ahora miembro de esa sala y se excusó de actuar por haber sido el instructor de la causa. En su resolución como juez había considerado probado que durante el gobierno de Carlos Menem el Estado pagó un precio desproporcionado de 521.263.481 pesos por dos contratos celebrados en 1994 y 1995 con la Unión Transitoria de Empresas IBM-Banelco para la administración del sistema de reparto de jubilaciones y la informatización del sistema de recaudación tributaria. Los peritos determinaron que la ganancia obtenida por esa UTE excedía toda razonabilidad: 700 por ciento. El precio inicial era de 33 millones.
En unas 60 carillas, Vigliani e Irurzun aludieron a la similitud de las maniobras investigadas en ese expediente con otras en las que intervino IBM en contratos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el más conocido con el Banco Nación. También hubo casos de características parecidas en Santa Fe, Avellaneda y Mendoza. Ese mismo modus operandi hizo que los camaristas ordenaran que se procure determinar “si existió una organización criminal tendiente a defraudar al Estado a través de la comisión de delitos mediante la suscripción de contratos de informatización”. Según la resolución los funcionarios de la DGI “contrajeron obligaciones abusivas utilizando fondos públicos en perjuicio del Estado”, y para llevar a cabo las maniobras “se contó con la imprescindible participación de IBM Argentina, que resultó adjudicataria de los sistemas informáticos”. En la causa consta que el 12 de abril de 1994 Cossio adjudicó mediante el sistema de contratación directa el proyecto SIJyP por un monto de 425.088.000 pesos y al año siguiente, el 7 de julio, el correspondiente a Sitrib por 88.547.000 pesos. “Los encargados de administrar los fondos públicos ejercieron funciones de manera irregular, violando los deberes que tenían a su cargo, ejecutando actos carentes de transparencia y de difícil justificación”, sostuvieron los camaristas. En ese sentido, los jueces atribuyeron las responsabilidades a Cossio, su asesor Daniel Hurrell, y a dos funcionarios de la subsecretaria de Sistemas de Información de la Secretaría de la Función Pública, Francisco Figueira y María Eugenia Dallorso, sobrina del ex ministro Cavallo, entre otros. Por la empresa multinacional de informática se confirmaron los procesamientos de Martorana, Gustavo Soriani, Alberto Minazzoli, Eduardo D’Alessandro, Carlos Krieger, Antonio Altieri, Eduardo Novillo Astrada, Horacio Pasman, Carlos Juni y Félix de Barrio. Y por las empresas proveedoras Segurex y Consad fueron ratificados para Liliana Almosni y Juan Carlos Cattáneo, ex subsecretario general de la Presidencia en épocas menemistas.
“Si hay alguna persona indecente que le caiga el sayo y le rompan la cabeza”, recomendó Cossio en un reportaje televisivo el día que se declaró inocente ante el juez Liporaci, en junio de 1998.