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Cuarenta trabajadores cordobeses presentan denuncias de enfermedades idénticas. Con dolencias distintas a las de la provincia serrana, setenta asalariados en Mendoza muestran diagnósticos calcados. Casos similares se repiten en Buenos Aires, San Juan y la ciudad de Buenos Aires. No se trata de epidemias regionales de dolores de rodilla o espalda, dos síntomas frecuentes en esas presentaciones. Son estudios de abogados, aseguradoras (ART), sindicatos municipales, médicos y hasta juzgados actuando en conjunto para cobrar indemnizaciones millonarias defraudando al Estado mediante la construcción de denuncias de accidentes ficticias. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) ya inició una causa penal por fraude procesal en Mendoza y está analizando otros casos para decidir si inicia nuevas acciones judiciales.

Las denuncias se refieren a enfermedades que están fuera del reducido listado contemplado por el sistema de seguros de riesgos del trabajo. Con esta metodología el pago no sale de las arcas de las ART, proviene del “Fondo para fines específicos”. Esa polémica caja, que hoy posee entre 250 y 300 millones de pesos, se financia con recursos de los trabajadores a través de una contribución patronal. La creó un decreto menemista en 1997 para “cubrir el pasivo oculto de enfermedades”, principalmente hipoacusias que no forman parte del listado oficial de la ley. Los 60 centavos por trabajador que conforman el Fondo para subsidiar a las ART estaban destinados al seguro de vida colectivo de los trabajadores.

El mecanismo para crear casos ficticios se popularizó, despertó sospechas en la Justicia mendocina y ésta terminó advirtiéndole a la SRT que las denuncias de accidentes firmadas por los empleados son idénticas. Cambia el nombre del obrero y el monto indemnizatorio que reclama pero todas tienen las mismas dolencias certificadas por médicos: dolores de rodillas, de espalda, en la columna y artrosis. En el expediente cordobés las reparaciones promedian los 80 mil pesos, pero en algunos casos superan los 150 mil. Sin hacer preguntas –ya que ellas no son quienes pagan– ni solicitar pericias o una simple radiografía, las ART homologan los casos por vía judicial para que sean cubiertos por el Fondo. Están involucradas algunas de las aseguradoras más conocidas.

Según pudo corroborar el titular de la SRT y ex vice gobernador mendocino, Juan González Gaviola, “las indemnizaciones no las cobran los trabajadores, a ellos les hacen firmar un poder para litigar en su nombre a cambio de una suma de dinero. En algunos casos los empleados niegan siquiera haber firmado esos permisos y en otros reconocen presiones”.

No todas las denuncias prosperan en la Justicia ya que allí depende del criterio de cada juzgado. Sin embargo, el “visto bueno” para reparar al trabajador cuando se trata de enfermedades no listadas no es por la vía judicial. El trámite se realiza dentro de la óptica de la SRT. A partir de las investigaciones realizadas para comprobar la existencia del delito de fraude procesal, la instrucción de Gaviola es que el pago de indemnizaciones con dinero del Fondo no se autorice si no existe por lo menos una pericia oficial.

El mecanismo para homologar denuncias “truchas” no sólo resalta por la magnitud de las indemnizaciones –los casos en Mendoza y Córdoba superan los tres millones de pesos cada uno–, sino porque el Ministerio de Trabajo pretende financiar con ese Fondo la incorporación de várices, lumbalgias y hernias al listado de enfermedades. Esa medida es el segundo paso de las modificaciones al sistema con las que el Ejecutivo pretende reducir la cantidad de juicios. El primer cambio elevó los desactualizados montos de las indemnizaciones estableciendo mínimos y eliminando techos. La CGT se opone a que se financie la incorporación con los recursos del Fondo. Propone que se destine ese dinero para subsidiar la política de prevención de pymes.