No existen en Argentina estudios sistemáticos ni políticas concretas para perseguir el lavado de dinero. La afirmación proviene de un documento oficial de la reciente Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que sugiere reforzar el sistema de intercambio de información entre la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que depende del Ministerio de Justicia. Según los expertos, el lavado de dinero excede al narcotráfico, ya que también se valen de este mecanismo quienes se dedican “a la venta de armas, la trata de personas, los fraudes y estafas, la fuga de divisas o al circuito legal de la evasión impositiva o la corrupción”. Según fuentes de la Comisión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunciará en estos días los cambios legislativos que impulsará el Gobierno en materia de lavado y decomiso de bienes provenientes del narcotráfico.

En el documento de la Comisión a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, entre cuyos integrantes se encuentra la jueza Patricia Llerena, especialista en lavado de dinero, hay una nota al pie en la que se reconoce que en Argentina “existe un gran número de actividades laborales y económicas que se desarrollan de modo informal, lo que genera una mayor dificultad al momento de llevar adelante un efectivo control del lavado de activos”. Sin embargo, esta actividad constituye “un auténtico delito contra la administración de justicia” y cuando involucra negocios criminales de gran lucro, como el narcotráfico, resulta central para que “la punta del ovillo” no sea el consumidor de drogas, sino el contador del capo narco. Según la doctrina jurídica, el lavado es una forma de encubrimiento por el que dota de una apariencia “legítima” al dinero conseguido ilegalmente para poder gastarlo sin levantar sospechas sobre su origen. Para ello, existen varias artimañas. Se arman negocios legales usados como “fachadas” para sobrefacturar, se buscan testaferros para adquirir propiedades e incluso se invierte en construcciones faraónicas (hoteles o casinos, por ejemplo) para justificar ciertos gastos e inventar otros tantos.

“Desde el año 1989 a la actualidad la política criminal en nuestro país ha sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficientes, con superposición de competencias, con falta de utilización de organismos y bases (de datos) estatales de buena calidad”, dice el documento. Tampoco hay estudios acerca de las fortalezas o debilidades del sistema de control de estos delitos, señalan los expertos, quienes advierten sobre “la imperiosa necesidad de fijar, coordinar, modificar y reforzar una política criminal, ajustada a la ley y a las necesidades del Estado”.

Una de las propuestas de la Comisión es realizar desde el Ministerio de Justicia un digesto, es decir, “una recopilación y análisis normativo que armonice y coordine la legislación administrativa y evite superposiciones de organismos y de normas” en torno del lavado. Luego habrá que fijar parámetros para registrar y sistematizar datos sobre los bienes, las ganancias o sobre las personas, “un insumo fundamental en el control estatal como en la averiguación de este tipo de ilícitos”. Estos datos deben estar al alcance de jueces y fiscales, por lo que habrá que introducir, advierten los expertos, “reformas legislativas en materia de las restricciones legales de confidencialidad”.

La base de datos, detalla el informe, debe nutrirse de varios organismos públicos: registros de comercio provinciales, inspección de personas jurídicas, registro y control de fideicomisos, registros de propiedad automotor, registro de propiedad inmueble, aduana, Anses, base de datos Syntis, AFIP, Banco Central, entre otros. Mejorar la Unidad de Información Financiera (UIF) es central en la propuesta de la Comisión. Su funcionamiento es definido por los expertos como “lento” en comparación a la velocidad de las operaciones financieras.

“Corresponde no sólo dotar a la UIF de recursos humanos y técnicos para que desarrolle con más eficiencia su función, sino que se impone reanalizar su conformación, el procedimiento, aumentar sus facultades a fin de que, como organismo filtro, brinde la información necesaria y mínima para realizar una investigación patrimonial”, dice el documento. También se sugiere “analizar la viabilidad” de que los funcionarios de la UIF puedan ser convocados, como técnicos, por cualquier magistrado que investigue el tema de lavado, corrupción o grandes fraudes.

Por otra parte, la Comisión plantea el cambio de autoridad de aplicación en lo que respecta a los instrumentos de cooperación penal internacional en la materia. Esto implicaría sacar del medio a la Sedronar, la secretaría a cargo de la prevención y lucha contra el narcotráfico, y poner estos mecanismos en manos de jueces y fiscales y la Interpol. En este sentido, la apuesta es reforzar los vínculos con la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. Este un organismo que reúne a 23 países, la mayoría de la región, e impulsa el intercambio de información entre ministerios de Justicia y miembros del Poder Judicial de las naciones afiliadas.

Entre las sugerencias de la Comisión se incluye un sistema de recuperación del dinero lavado proveniente del delito y un registro de bienes incautados. Para que nadie se quede con el vuelto, los expertos proponen crear un ente de administración que custodie, administre y entregue los bienes decomisados, que surjan de las causas judiciales.