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La Cámara de Diputados que se despide el 10 de diciembre deja como deuda no haber logrado aprobar una nueva ley de educación superior que, entre otras cosas, daría un nuevo marco para crear las nuevas universidades que se están aprobando en estos días. En su discurso de asunción, la Presidenta ratificó su decisión de impulsar una ley de educación superior que derogara la vigente, la única legislación educativa vigente del paquete de normas neoliberales de los ’90. Desde entonces, las comisiones de Educación de Diputados y del Senado analizaron en forma no coordinada el texto de la nueva ley, quedando en evidencia que el oficialismo legislativo no logró articular sus propias propuestas.

Sin embargo, avanzaron igual con la creación de nuevas universidades y lo hicieron sin cumplir los requisitos mínimos establecidos por la actual ley. Diputados aprobó la creación de nuevas universidades nacionales, entre ellas Villa Mercedes (San Luis), Avellaneda, Del Oeste (Moreno), Merlo, Florencio Varela, sin incluir en ninguna la previsión presupuestaria para su funcionamiento ni contar con estudios de factibilidad serios y sin tener en cuenta recomendaciones y planteos surgidos de los acuerdos plenarios del Consejo Interuniversitario Nacional, ni del Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, ambos no vinculantes pero necesarios.

Otra situación es la de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya creación sí acompañamos, debido a que cuenta con los informes de los organismos pertinentes aconsejando su creación y, además, tiene explícitamente establecido su financiamiento. No existe duda sobre la necesidad imperiosa de una universidad nacional en el territorio de Tierra del Fuego.

Entendiendo a la universidad y al sistema de educación en su conjunto como un derecho y un bien social, es imprescindible buscar formas y consensos para impulsar una política universitaria planificada, que dé respuestas a las necesidades nacionales, regionales y locales, con una mirada puesta en la calidad educativa. No puede soslayarse la necesidad de un análisis profundo del mapa educativo nacional, porque en algunos lugares seguramente es necesario multiplicar universidades, pero puede que nos encontremos también con urgencias de otra índole, como la necesidad de fortalecimiento de las unidades académicas existentes o con carencias de articulación con los institutos de educación superior de formación docente y técnico-profesionales o con el incumplimiento de la obligatoriedad del secundario.

Nuestro país necesita de una planificación y articulación del conjunto del sistema educativo, teniendo como prioridad la mayor inclusión educativa. El avance en la aprobación de estas nuevas universidades, salvo una, no responde a ningún criterio de planificación ni cumple con los requisitos mínimos. Las políticas educativas son la base de las políticas de integración nacional, en estos casos no queda claro qué otros intereses distintos a los de una integración nacional están primando. Una universidad no es una fábrica de profesionales, o un listado de títulos, es más que un centro de investigación o de extensión; es parte de un sistema educativo que debe desarrollarse en base a consensos y a políticas de Estado que deben ser el resultado de una planificación estratégica que enmarque el presente y el futuro de nuestro país.

* Diputada nacional (SI), legisladora porteña electa (Proyecto Sur).