Invocando la necesidad de preservar la prestación de un servicio público, el Ministerio de Planificación intervino ayer Autopistas del Sol, el consorcio liderado por la constructora española Abertis y en la que Sideco Americana, del grupo Macri, es socia minoritaria. Lo hizo el mismo día en que se formalizó el default de la empresa, que no pagó un vencimiento de intereses por 9 millones de dólares de la última serie de obligaciones negociables, argumentando que la tarifa vigente no le permite ingresos suficientes como para afrontar sus abultados compromisos financieros, que están íntegramente dolarizados. Pero la decisión oficial conlleva en esta ocasión un carácter menos tensionante que el que tuvo lugar a fines de diciembre, cuando se adoptó una medida similar contra Transportadora de Gas del Norte. Héctor Molina, flamante interventor de Ausol por los próximos cuatro meses, fue instruido por Julio De Vido para realizar una “auditoría económica integral con carácter preventivo” pero sin la misión de coadministrar, a diferencia de lo que ocurrió con la transportadora gasífera de Techint. Se trata de un gesto oficial con limitadas consecuencias prácticas pero de claro sentido político: después de su embestida contra TGN, el Gobierno está casi forzado a tomar alguna medida por cada privatizada que entre en cesación de pagos.

Ni el default de la concesionaria de la Panamericana y responsable de las obras de mejoramiento de la General Paz ni la acción que el Gobierno formalizó a través de una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad, resultaron una sorpresa. La empresa, que tiene un tercio de su capital en la Bolsa, ya había comunicado su decisión de no pagar ayer aquellos intereses con el fin de incluirlos en una propuesta integral de renegociación de todos sus pasivos que, según el balance cerrado al 30 de junio, son de 1148 millones de pesos.

Pero aunque estén expresados en moneda local, el gran problema de Ausol es que el grueso de sus deudas están dolarizadas y con una tasa de alrededor del 13 por ciento, excesivamente alta para compromisos en moneda dura, quizá porque resultan de la renegociación de 2004. Algo que tienen muy en cuenta en los despachos oficiales donde se gestó la medida de ayer. Después de la devaluación, Autopistas del Sol entró en cesación de pagos y logró refinanciar sus pasivos próximos a los 500 millones de dólares a través de un acuerdo preventivo extrajudicial (Ape), emitiendo en parte Obligaciones Negociables con vencimientos en el 2014 y 2017 en moneda norteamericana. La idea empresaria sería reeditar algo similar, que le permita alargar plazos con una eventual quita en el capital para salvar una situación técnico-contable crítica: la sociedad concesionaria tiene un patrimonio neto negativo de 11 millones de pesos, lo que la pone en situación de ser hasta disuelta.

Como muchas privatizadas, el contrato de concesión tiene un status singular. Entre otras modificaciones de facto que impuso la Emergencia Económica, sus tarifas fueron pesificadas y desde entonces sólo recibieron dos aumentos, que no se corresponden con el mandato contractual de ajustarlas según la inflación interna. A través del Occovi, Planificación autorizó dos ajustes en momentos adecuados según el criterio oficial. Un primer incremento del 15 por ciento sólo para vehículos livianos en 2005 y otro de entre el 50 y el 100 en enero de este año (según los horarios) también para el mismo segmento de usuarios. En este caso, para auxiliar al consorcio a costear las obras de ampliación de la General Paz, que tuvieron principio de ejecución y hoy están paralizadas.

Pero estos reajustes resultan insuficientes para el grupo empresario que, según pactó con el Gobierno, debía tener este año un contrato renegociado con un nuevo cuadro de precios. Expresada en moneda extranjera, la tarifa vigente al fin de la Convertibilidad para autos en hora pico equivalía a 1,80 dólar, valor que aún no alcanzó con las mencionadas recomposiciones.

Desde el Gobierno admiten que hubo demora en la tarea de reformular los contratos de concesión de accesos a la Capital por el sistema de peaje y que el grupo que también integra la italiana Impregilo brinda al ente regulador toda la información que corresponde en tiempo y forma. En atención a esto, la auditoría dispuesta ayer podría considerarse redundante. Pero a los hombres de De Vido les tranquiliza la idea de que la reestructuración de la deuda de Ausol se haga bajo la mirada atenta de un veedor oficial. Por eso, la intervención se extendería hasta que ese eventual proceso con los acreedores haya terminado.

Al menos en apariencia, esta segunda intervención en una privatizada que defaultea tuvo un tono menos belicoso que la que ubicó a Roberto Pons como interventor de TGN con atribuciones de coadministrador, luego recortadas por orden de la Justicia. Molina fue puesto ayer en funciones por el secretario de Obras Públicas, José López, en su oficina y ante Marcelo Benaglia, el presidente de la concesionaria, con la que parecen no haberse generado tantas tensiones como las que se habían acumulado con Techint.

La intervención a la transportadora vence mañana, pero es factible que Planificación la prorrogue hasta que ultime el acuerdo con sus acreedores. Asuntos Jurídicos de Planificación es una dependencia hiperactiva por estos días. También tiene en la mira a Metrogás que, según todo indica, el mes próximo mes podría entrar nuevamente en cesación de pagos, culpando al congelamiento de tarifas.