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Desde una óptica enfocada centralmente en el desarrollo industrial, Mercedes Marcó del Pont es uno de los funcionarios que con mayor sustento teórico defiende el proyecto de crecimiento con inclusión social del Gobierno. Pero también es de los pocos que pone el acento sobre los aspectos menos desarrollados de esa política y la necesidad de una más firme intervención estatal para lograrlo. Al Banco de la Nación, la institución que preside desde enero de 2008, lo considera sólo un instrumento, pero como tal insuficiente para una política global de transformación. Del rol de la banca y su alejamiento del sector productivo, de la reforma financiera pendiente, de la necesidad de limitar la rentabilidad de la economía primaria, del riesgo de una nueva burbuja especulativa a nivel mundial habló Marcó del Pont en esta entrevista exclusiva con Página/12.

–¿Se está pronunciando el alejamiento del sistema financiero del productivo?

–Sí, simplemente con mirar que el crédito representa sólo el 11 por ciento del PBI, que es una relación bajísima, no sólo en relación con los niveles históricos de nuestro país, sino también respecto de los países de la región, lo que se advierte es que hay una asignatura pendiente en materia de recrear un sistema financiero que realmente esté al servicio de los objetivos de desarrollo económico, equilibrado a nivel regional y a nivel de la distribución del excedente económico entre las personas y entre las regiones. Esta es una circunstancia que está vinculada con varias razones. Pero no puede ignorarse que lo que rige aún en términos de regulación en la Argentina no da las señales necesarias al mercado. O sea, rige una visión más mercantil y no en función de las prioridades de la política y estrategia económico-social. Justamente, lo que queda en evidencia a partir del rol que cumplió el Banco Nación en los últimos años, y particularmente durante la crisis financiera mundial, está mostrando la capacidad que existe de orientar recursos en función de las prioridades del crecimiento económico y la generación de empleo, compatibilizando además niveles de solvencia hacia el interior de las instituciones y de rentabilidad.

–Los bancos priorizan los negocios más rentables. Seguramente prestar a las empresas no es uno de ellos.

–Una de las cosas que más me interesa mostrar es que el Banco Nación ganó plata el año pasado y lo está haciendo con márgenes razonables. Es el banco que tiene el nivel de mora más bajo de todo el sistema financiero, prácticamente la mitad (del promedio del sistema). Y el Banco Nación desembolsó entre el año pasado y lo que va de éste cerca de 5000 millones de pesos de crédito, donde el sector privilegiado ha sido el de la producción, más particularmente el de la pequeña y mediana empresa. Esto demuestra que es falaz el discurso que dice que no es negocio el crédito a la inversión y a las pymes.

–La legislación que regula los sistemas financieros del resto de Latinoamérica, en general, no difieren de la argentina. ¿La solución puede pasar por un mayor involucramiento del crédito público hacia el sistema financiero?

–Ahí hay toda una discusión. Yo creo que a partir de la crisis mundial, donde se ponen en la mira todos los mecanismos de regulación de los mercados financieros, hay varias cosas que aparecen como revisables y cada país lo está haciendo a su manera. Hay que revisar lo que pasó para tomar decisiones. En la Argentina, pero también en los otros países, en la fase expansiva del ciclo o de auge, hay una enorme liquidez que retroalimenta el proceso de crecimiento y, en algunos casos, los procesos de creaciones de burbujas especulativas. En el momento de quiebre o inflexión, esa liquidez se retira, los bancos se sientan sobre la liquidez como medida precautoria y acentúan muchísimo la fase descendente del ciclo. Eso se vio en el mundo y particularmente en la Argentina. Por ejemplo, yo ayer analizaba el caso de un banco privado que aumentó cero por ciento sus préstamos en 2009 y su rentabilidad se duplicó con respecto al año pasado. Se advierte que lo que ha habido es un aumento de los spreads (diferencia entre tasas de préstamos y depósitos) y de las comisiones y los ingresos por servicios, que se maximizaron en esta última etapa. Entonces, creo que es un buen momento para plantear que en la Argentina se necesitan mecanismos de regulación que recuperen criterios como que el Estado deba tener un rol activo en la orientación del crédito y también protagonismo dentro del mismo sistema.

–¿Es una asignatura pendiente?

–La verdad es que esta administración ha hecho tanto a favor del aparato productivo que yo lo veo como parte de un camino que se está recorriendo. La política económica sostiene un tipo de cambio competitivo deliberadamente; asume medidas para-arancelarias o de protección de la industria nacional; la política económica plantea medidas de intervención muy fuertes desde la banca pública o desde decisiones extraordinarias, como fue la recuperación de los recursos de la seguridad social para retroalimentar el proceso económico y la creación de empleo. Pero en lo que hace al funcionamiento del sistema financiero, todavía predomina la visión de la ley creada en la dictadura militar.

–Más de la mitad de los créditos del Banco Nación para pymes los tomó el sector agropecuario, el de mayores ventajas comparativas. ¿Esto habla de falta de orientación del crédito público?

–En el Banco se entregó todo el crédito solicitado. Este corrimiento hacia el sector agropecuario se da en todo el sistema. Tiene que ver con el proceso de desaparición de la banca especializada y con formas de regulación completamente horizontales, que abordan el problema de la pyme, de la industria, de cooperativas y el hipotecario con el mismo criterio. Entonces hay una necesidad de empezar a evaluar si no se requieren quizá marcos distintos en función de los diferentes objetivos o terrenos sobre los que se quiere actuar. Ahora, cuando uno mira “una foto del crédito” en la Argentina, advierte que todavía está muy concentrado en la zona núcleo del país y menos del 10 por ciento se asigna al Norte Grande. Entonces, ¿cómo hace el Banco Nación, mediante un esfuerzo adicional, para que el crédito llegue más a aquellos lugares donde más se necesitan procesos de tecnificación productiva y desarrollo regional? Nosotros tomamos en ese sentido una primera decisión importante, que fue proponer la tasa diferencial para el Norte Grande, que anunciamos hace un par de meses con la Presidenta. Y justamente lo que dijimos es que la tasa de equilibrio del Banco Nación es del 12,5 por ciento y es lo que le vamos a cobrar a los productores y empresas del Norte Grande. Y asumimos esa decisión porque entendemos que tenemos que hacer mayores esfuerzos para promover el crédito en esas regiones.

–¿Alcanza con un diferencial de tasa para promover el desarrollo de otros sectores y otras regiones?

–No, bien sabemos que eso necesita complementarse con otras políticas, porque la oferta de crédito solamente no alcanza. Es una región del país que todavía tiene elevado grado de informalidad y se necesitan otro tipo de mecanismos para que nosotros podamos hacer sujetos de crédito a esos productores. Lo que todavía están mostrando las solicitudes de crédito en el Banco Nación es una concentración importante en la producción de recursos naturales. Y justamente el desafío de toda la estrategia del gobierno nacional es avanzar en una intervención, mediante políticas públicas, que promueva el proceso de industrialización de esos recursos naturales. Un dato fundamental es que el capital no es zonzo, se va a invertir en los segmentos de actividad donde encuentra mayores márgenes de ganancias. Entonces, parte de las políticas públicas requiere medidas de intervención para hacer que los porcentajes que se logren, en términos de márgenes de explotación de los recursos naturales, sean inferiores a los de una industria capital-intensiva o trabajo-intensiva en el proceso de valorización de esos mismos recursos naturales. De ahí que el financiamiento sea un instrumento, pero se necesita de otras políticas, como ser la aplicación de determinados gravámenes –como las retenciones– para captar rentas extraordinarias de los recursos naturales y reorientarlas hacia los procesos de mayor valor agregado y producción para el mercado interno. Eso también es parte de esa estrategia de desarrollo económico.

–¿El núcleo de esa política tiene que ser una transferencia de los sectores primarios hacia la industria?

–No hay nada nuevo bajo el sol: los países más concentrados en la explotación de los recursos naturales son también los países más desiguales del planeta. Entonces, el paso siguiente es decir: si lo que el mercado sin intervención del Estado plantea es que las fuerzas liberadas de mercado sigan reproduciendo ese patrón de especialización, tiene que aparecer el Estado interviniendo. Una forma de intervención es captar o disminuir esa asimetría en términos de rentabilidad intersectorial, por ejemplo a través de retenciones móviles; otra forma puede ser a través del financiamiento. Otra, a través de los subsidios explícitos, un conjunto de políticas orientadas a modificar el patrón de especialización productiva.

–¿El tema de las retenciones no es una batalla ideológica perdida en el país?

–Yo creo que todavía hay cierto grado, si no de autismo, al menos de insuficiencia en el debate sobre la pobreza y la distribución del ingreso en la Argentina. En muchos casos esta falta de profundización del debate tiene que ver con intereses concretos que tratan de condicionar la discusión. A mí me llama la atención este divorcio entre planteos que se han opuesto a la aplicación de retenciones móviles, por ejemplo para captar la renta extraordinaria de un sector e intentar frenar un proceso de monocultivo o concentración de la actividad agropecuaria y, por otro lado, rasgarse las vestiduras por la situación de desigualdad o de pobreza. Es por lo menos insuficiente plantear la resolución del problema de la pobreza a través de políticas asistenciales y no de políticas que ayuden a transformar la estructura económica argentina y las relaciones sociales.