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Producción: Tomás Lukin

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Valores solidarios

Por Daniel Plotinsky *

Las cooperativas que guían su accionar sobre la base de valores y principios solidarios, centrándose en la satisfacción de las necesidades de las personas, han resultado ser relativamente más resistentes a la actual crisis internacional que las empresas cuyo fin es el lucro. Tal como ocurre en nuestro país desde fines de la década del noventa, se reconoce además su contribución a la creación de empleos decentes, la movilización de recursos y la generación de inversiones, mitigando los efectos de las crisis.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) da cuenta de que casi dos tercios de las 14.679 cooperativas registradas hoy en la Argentina, están relacionadas con el trabajo. Le siguen las de vivienda y construcción (10 por ciento), consumo y provisión (8), agropecuarias (6,5), de servicios públicos (6) y de créditos y seguros (5). Casi 10.200 de aquel total se registraron en los últimos 6 años, de las cuales más de 8000 son cooperativas de trabajo. En conjunto, el sector genera aproximadamente el 9 por ciento del PIB.

Más allá de las cifras, el desarrollo de las cooperativas –en tanto empresas y movimientos sociales– está siempre ligado al contexto institucional y económico en el que deben desenvolverse. Al mismo tiempo, persiguen cumplir con una función correctiva o transformadora de la realidad, por lo que actúan modificando ese contexto. En tanto movimiento social, las relaciones de tipo horizontal que se dan entre sus asociados se potencian en las múltiples relaciones que cada uno de ellos establece con otros miembros de la comunidad, creando un terreno fértil para el desarrollo local de relaciones y prácticas participativas y democráticas.

Pocas veces el desarrollo de esa red social cuenta con el visto bueno estatal, y cuando el neoliberalismo instala sus valores en la cultura dominante, las transforma en un potencial enemigo. En tanto empresas sin fines de lucro, las cooperativas operan –compitiendo en el mercado– con las ventajas que les dan sus características distintivas: voluntariedad, autogestión, reciprocidad, territorialidad y sentido de pertenencia. Como contrapartida, suelen tener que enfrentarse a una normativa legal que no está orientada a que esas ventajas puedan desarrollarse y que en períodos de auge de políticas neoliberales entra directamente en contradicción con las mismas.

Es por eso que el cambio en la actitud del Estado hacia el cooperativismo, expresado en los últimos años, es auspicioso. Abre nuevas posibilidades y desafíos para el sector, al tiempo que lo impulsa a continuar y profundizar los reclamos y a ocupar espacios concretos de poder desde los cuales incidir en las políticas públicas, constituyéndose en una herramienta de transformación social. Para eso, el movimiento cooperativo debería sumar a su tradicional integración institucional federativa, la interacción económica, avanzando en emprendimientos empresariales conjuntos como la utilización recíproca de servicios y el desarrollo de proyectos comunes.

Entre los reclamos específicos, se destacan: creación de órganos locales en materia cooperativa en las provincias donde no los hay; elevar la jerarquía institucional del organismo nacional que regule y establezca estrategias para el sector; reconocimiento estatal de la peculiar situación jurídica, económica y social de las cooperativas de servicios públicos; ley nacional de expropiación y modificación de la ley de quiebras para las empresas recuperadas. A éstos se suma la necesidad de modificar la normativa que regula algunas áreas particularmente sensibles, como el sector financiero. Se solicita también la incorporación, en una futura reforma constitucional, del reconocimiento expreso de la función económica y social que cumplen las cooperativas. Tal como se dio en los últimos procesos de reforma constitucional latinoamericanos, desarrollados en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

En ese contexto, el cooperativismo de trabajo merece especial consideración. El reciente Plan Ingreso Social con Trabajo, en tanto apunta no sólo a resolver la desocupación e informalidad laboral, sino a que la gente se organice socialmente para combatir la pobreza, refleja un importante esfuerzo del gobierno nacional. Presenta, sin embargo, el riesgo de que las cooperativas actúen como pasivos instrumentos de contención social, desnaturalizando su carácter autónomo y transformador. Por eso el desafío para el movimiento cooperativo es acompañarlas en un camino que les permita despegarse gradualmente del Estado y promueva una participación real y efectiva de sus asociados, consolidando su carácter autogestivo a partir de la sustentabilidad económica.

* Coordinador del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

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Clave del desarrollo

Por Hugo Kantis *

El dinamismo de una sociedad depende cada vez más de su capacidad para emprender. Los emprendedores contribuyen al crecimiento económico, a la diversificación y rejuvenecimiento del tejido productivo y a la generación de puestos de trabajo. Usualmente se considera como emprendedor a quien crea una empresa, aunque el fenómeno trasciende las fronteras de los negocios y se derrama por las instituciones del tercer sector, los municipios, las escuelas, las cooperativas, entre otros ámbitos. En todas ellas existen personas que desarrollan proyectos innovadores, fundan nuevas instituciones o transforman las existentes.

Hoy se habla de “sociedades emprendedoras” y aumentan los países/regiones que se plantean como objetivo estratégico avanzar en esta dirección. En Estados Unidos, por ejemplo, actúan numerosas instituciones que apoyan al desarrollo emprendedor: las universidades y la Kauffman Foundation (fomentando la cultura y educación emprendedora); la Small Business Administration (facilitando el acceso a las oportunidades, la asistencia técnica y el financiamiento) o las SBIRs (orientando el gasto en Investigación y Desarrollo –I+D– y la financiación hacia los emprendimientos innovadores). A la vez, existen ecosistemas de apoyo a los emprendedores que incluyen espacios de capacitación, asistencia técnica y aportes de capital inteligente en distintos ámbitos regionales de los cuales el más conocido es el del Sillicon Valley.

En Europa, desde la década del ’90 se avanza hacia una “segunda generación” de iniciativas que promueven el desarrollo emprendedor con foco en el emprendimiento dinámico. Escocia implementó una estrategia que contempla el cambio de cultura, la educación y la formación de emprendedores, el apoyo a la detección de oportunidades, la promoción de las redes de apoyo y el desarrollo de instrumentos financieros apropiados. Hoy día es la misma sociedad civil la que da continuidad a buena parte de estos programas. Israel dio lugar a una de las experiencias más exitosas de fomento emprendedor sobre la base de la inversión en I+D, la asistencia a los emprendedores y la creación de una oferta de capitales de riesgo. Holanda ha desarrollado distintas iniciativas que buscan avanzar hacia una sociedad emprendedora y la misma Irlanda ha publicado una estrategia orientada en la misma dirección. Mucho más cerca geográficamente, Chile, viene desde fines de la década pasada apostando a los emprendimientos innovadores mediante distintos programas que brindan asistencia técnica y capital semilla para los emprendimientos con potencial, fomentan la constitución de redes de inversores, generan fondos de capital de riesgo y, lo último, estimulan a los emprendimientos generados por empleados de las grandes empresas (spin offs). En Colombia se avanza en la implementación de la Ley Nacional de Emprendimientos. Brasil conjuga un sistema de incubación con distintos fondos de capital emprendedor. Uruguay ha incluido el tema en la agenda de la Agencia Nacional de Desarrollo por crearse. Todo ello sin desconocer la multiplicidad de iniciativas que operan en la misma dirección desde ámbitos subnacionales en numerosos países, incluso en Argentina.

No hay dudas de que el desarrollo emprendedor es hoy un eje clave del desarrollo regional/local/productivo y de las políticas de ciencia y tecnología. En el país, desde 2003 los emprendedores han jugado un papel clave en la recuperación de la economía del país creándose alrededor de 50 mil nuevas empresas cada año. Esto significó un aporte muy relevante de las empresas nuevas y jóvenes al empleo y a la diversificación de la economía. Hoy, en un escenario en el cual lo peor de la crisis económica internacional ya pasó, promover el surgimiento de nuevas empresas con potencial de innovación y escalamiento es una vía promisoria para retomar la senda del crecimiento y ello no debería confundirse con los emprendimientos que buscan atacar la emergencia social.

Para eso es necesario tener una estrategia integral, que opere sobre los distintos factores clave que afectan al proceso emprendedor (cultura, educación, oportunidades de negocios, redes de apoyo, asistencia técnica, financiamiento con capital semilla y de riesgo, reforma tributaria) sin desconocer la importancia de recuperar las condiciones de confianza que la economía supo tener hasta no hace tanto tiempo atrás. Hoy existen ventanas de oportunidad para dar los primeros pasos en el fomento del desarrollo emprendedor a nivel nacional, dado que tanto la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cuentan con financiamiento de organismos internacionales para promover algunas de las acciones necesarias. Sería bueno poder aprovecharlas.

* Director de la Maestría en PyMES de la UNGS.