El plazo para pagar la primera cuota del monotributo y recategorizarse vencía mañana, pero la AFIP decidió extenderlo hasta el 22 de enero. El organismo recaudador prorrogó las fechas para evitar confusiones a partir de las recientes modificaciones. Los incrementos en los montos a pagar superan el 90 por ciento para la categoría más baja y el 16 por ciento para los que más facturan. Las modificaciones elevaron los componentes referidos a la seguridad social y la salud, dejando sin cambios la parte impositiva. Además, se unificaron las dos escalas más pequeñas (A y B), sin necesidad de que el contribuyente se recategorice. Así, el límite inferior de facturación pasó de 12 mil a 24 mil pesos por año. Las medidas, que impactan con más fuerza sobre los pequeños contribuyentes, buscan adecuar los desactualizados valores para fortalecer el financiamiento de la Anses y garantizar la aceptación de monotributistas en las obras sociales que recurren a distintas herramientas para evitar su incorporación.

Desde que comenzó el año se registraron 5086 adhesiones y se recategorizaron 22.047 contribuyentes. Además de la prolongación en el plazo para realizar los trámites en enero –a partir de febrero el impuesto volverá a vencer el día 7 de cada mes–, la reglamentación publicada ayer por la AFIP establece que se comenzará a exigir una declaración jurada informativa por cuatrimestre a los contribuyentes de las categorías más altas, con datos sobre facturación, consumos y la nomenclatura catastral del inmueble, entre otros. La nueva ley creó cuatro categorías (J, K, L, M) que elevan hasta 200 mil pesos el límite de ingresos brutos para las actividades de locación o prestación de servicios y hasta 300 mil pesos para el resto de las actividades.

Si bien el régimen apunta a simplificar, la declaración jurada busca mejorar el control del organismo sobre la subdeclaración y el enanismo fiscal: “La idea con la declaración jurada es tener un poco de control sobre los monotributistas más grandes. Nos encontramos con garajes o restaurantes en Puerto Madero que se disfrazan de monotributistas para pasar desapercibidos, hay que ampliar los controles”, explicaron desde el organismo que dirige Ricardo Echegaray. El mecanismo que buscará combatir la evasión en los escalones superiores todavía no está plenamente reglamentado. Por otro lado, los contribuyentes podrán recategorizarse cuatro veces al año. Además, los trabajadores domésticos no fueron alcanzados por los cambios.

La nueva ley faculta a la AFIP a modificar una vez al año los montos máximos de facturación y los importes mensuales. Esos cambios no podrán superar el índice de movilidad jubilatoria que se actualiza en marzo y septiembre. Echegaray aseguró ayer que “no está previsto un aumento del componente impositivo del monotributo en el corto plazo”. Ese nuevo atributo busca garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio –hoy un monotributista jubilado percibe el haber mínimo, de 827 pesos– y asegurar que las obras sociales de los sindicatos incorporen monotributistas. El titular de la AFIP argumentó que “se busca mantener los niveles de prestación jubilatorio y social. El aumento de las alícuotas prestacionales tuvo una finalidad de inclusión social importante, y no un objetivo fiscal”. El monto destinado a la seguridad social estaba congelado hacía 10 años en 35 pesos, cuando las jubilaciones mínimas eran de 200 pesos.

El paso del proyecto –presentado en noviembre– por el Congreso se hizo a toda velocidad para garantizar que los cambios estuvieran reglamentados desde enero. Las modificaciones que hicieron los legisladores profundizan la carga sobre los más pequeños. Se pasó de 114,75 pesos a 219 pesos por mes en la categoría más baja, y no a 213 pesos como pretendía el Ejecutivo. Así, la categoría “A” se convirtió automáticamente en la “B”. Con esos cambios –para que nadie pague en relación con una facturación menor al salario mínimo–, los únicos que tienen un aumento en el componente impositivo son los monotributistas más pequeños. La categoría “A” es la más populosa, con el 27 por ciento de los contribuyentes del régimen. Sobre ellos recae una suba “impositiva” del 18 por ciento. De todas formas, en la AFIP explican que el impacto para las cuentas públicas es “insignificante” en relación con el monto total que se pretende recaudar.